Varias comunidades del PP sopesan adelantar elecciones en 2026

La decisión no está tomada y operan distintos motivos en función del territorio. En Aragón, la parálisis provocada por no tener Presupuestos –Vox no apoyó los de este año y está por ver si respalda los del próximo ejercicio– está haciendo que Jorge Azcón valore un llamamiento a las urnas el próximo año. Hay muchas inversiones en juego después de que la comunidad haya logrado atraer millonarios proyectos extranjeros. En Andalucía, las elecciones están previstas para mayo o junio. En realidad, se trataría de un adelanto técnico hacia el primer trimestre del año, con el objetivo de que no hubiera interferencias en la convocatoria con la que Juanma Moreno pretende revalidar su mayoría absoluta. Y en Extremadura, otra de las comunidades que tiene esa posibilidad encima de la mesa, también influye la falta de unas cuentas públicas –están prorrogadas este año– y ahora la crisis desatada en el PSOE con su líder, Miguel Ángel Gallardo, procesado junto al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por la plaza que se habría creado a medida para él en la Diputación de Badajoz.

Todos los gobiernos del PP han reiterado en muchas ocasiones su voluntad de terminar la legislatura y garantizar la estabilidad de sus ejecutivos, que ya vivieron un momento de fuertes turbulencias cuando Vox rompió de un día para otro en julio de 2024. Las coaliciones duraron apenas un año. Pero la falta presupuestaria en algunos casos y la ventana que se puede abrir para afianzar la hegemonía del PP en ciertos territorios pesa.

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En otras comunidades ese escenario no está encima de la mesa, precisamente al haber logrado aprobar los Presupuestos. Un ejemplo claro es la Región de Murcia, igual que la Comunidad Valenciana, donde Carlos Mazón aguantará hasta 2027 porque el PP tampoco tiene números para hacer otra cosa. El caso de Baleares, en cambio, es particular: los Presupuestos permitieron a Marga Prohens un respiro, pero la crisis migratoria ha provocado un colapso que también empieza a adquirir, reconocen en el PP balear, tintes de «extraordinariedad».

En Extremadura, María Guardiola fue la primera presidenta autonómica que constató ya en el mes de enero que no tendría unas nuevas cuentas públicas después de negociar durante cinco meses. La sintonía del PP extremeño con el partido de Santiago Abascal es, además, muy escasa. Hay voces cercanas a la presidenta que insisten en que debe plantearse ese adelanto electoral, a pesar de que en 2027 tendría que volver a celebrar elecciones porque, igual que en comunidades como la de Madrid, el Estatuto prevé que «la nueva legislatura durará hasta el término natural de la legislatura originaria». Sería una operación similar a la que hizo Isabel Díaz Ayuso en 2021, cuando mejoró su resultado y en 2023 ya logró la mayoría absoluta. La situación de debilidad que atraviesa el PSOE extremeño juega ahora un papel clave porque el proceso electoral podría coincidir con el juicio del candidato.

En Aragón, Azcón lleva meditando sobre la posibilidad del adelanto muchas semanas. Durante el debate sobre política general celebrado en las Cortes hace solo unos días, el partido a la derecha del PP no garantizó que vaya a aprobar las cuentas de 2026. En este punto, el PP aragonés se plantea sus próximos movimientos, como por ejemplo, forzar una votación sobre la senda de estabilidad, pensando en que todas las fuerzas se retraten. Si la tumban el marco estaría hecho. Esta comunidad vive un momento dulce porque el año pasado logró captar más de 40.000 millones de euros en inversiones extranjeras de gigantes tecnológicos, energéticos y empresas de centros de datos. A esto se suma su cercanía a Cataluña, explican dirigentes populares, y el «agravio comparativo» que se vive a diario por el pacto de «financiación singular» pactado entre el Gobierno y la Generalitat. E igual que sucede en Andalucía, el hecho de que la candidata sea la portavoz del Ejecutivo de Sánchez, Pilar Alegría, también influye mucho. Los populares están convencidos de que las ministras tendrán muy complicado levantar cabeza en sus autonomías porque son rehenes de todos los acuerdos firmados en esta legislatura.

Si se produjera este adelanto electoral, unido al andaluz –que en todo caso irá a las urnas el próximo año– también se aceleraría la crisis de gobierno que Sánchez debe acometer. La salida de María Jesús Montero es, fuera de toda duda, la más relevante. Y una derrota de su número dos impactaría de lleno a Sánchez.

En Génova insisten en que la dirección nacional «no tiene nada que decir ni nada qué opinar» sobre las decisiones que tomen las comunidades. Y en el caso de Andalucía todos los consultados por ABC insisten en que Moreno tiene su propia hoja de ruta y no tendrá en cuenta nada que se salga de ese propósito. Sin embargo, hay elementos que se están teniendo en cuenta. La resaca que puedan dejar las elecciones de Castilla y León –donde con toda seguridad Alfonso Fernández Mañueco tendrá que volver a negociar con Vox– sí agobia a algunos sectores.

Las heridas que dejaron los pactos de 2023 y que impidieron, entre otras cosas, que Feijóo llegara a la Moncloa, siguen pesando mucho en el partido. Algunos dirigentes señalan que ese escenario podría repetirse después de las elecciones castellano y leonesas, y apuntan a que el Gobierno volverá a agitar el mismo fantasma de hace dos años y medio.

Si Andalucía adelantara sus elecciones, continúan reflexionando, tendría garantizado un marco propio y sin empañar. En la Junta aseguran que en este momento no tienen intención de adelantar de forma precipitada, pero dirigentes andaluces siguen pensando que a partir del mes de noviembre, cuando se celebrará el congreso regional donde Moreno volverá a ser entronizado como candidato, «empieza la precampaña». Y consideran que antes de Navidad la decisión se tomará. En todo caso, los cuadros del PP andaluz dan por hecho que desde otoño la movilización será máxima y sin retorno.