Feijóo presentará en octubre su gran plan sobre inmigración con medidas más restrictivas

El contexto político actual ha provocado también la aceleración del plan. Todos los estudios sociológicos confirman que se ha convertido en un fenómeno decisivo y que ya es un factor electoral clave. Aunque influye más en los votantes de la derecha, ya empieza a irrumpir con fuerza en la izquierda. Y en algunas comunidades, Cataluña es el gran ejemplo, puede convertirse en decisivo para un cambio de mapa político. Las encuestas más recientes confirman un crecimiento muy significativo de Aliança Catalana, que preocupa a PP y Vox, pero sobre todo a los independentistas de Junts, abocados a un cambio de estrategia para recuperar el terreno perdido.

En el PP son conscientes de que el auge de todas estas derechas alternativas –no solo Vox o el partido de Sílvia Orriols, sino también otros movimientos como fue el de Alvise Pérez o los que surgen en torno a figuras mediáticas que cuentan con muchos seguidores entre las capas más jóvenes– están relacionadas con la inmigración. La tendencia en Europa también influye mucho: la inmensa mayoría de países están tomando medidas con gobiernos de distinto signo y se abren paso debates impensables hasta hace poco tiempo como los centros de derivación fuera de la Unión Europa (Giorgia Meloni en Italia) o las deportaciones (Friedrich Merz en Alemania).

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Los populares quieren impedir fugas entre sus votantes y, al mismo tiempo, mostrar contundencia con las posiciones. El plan contendrá todas las apuestas políticas en esta materia y los compromisos que adquirirá Feijóo si llega a la Moncloa. En Génova creen que el Gobierno «no está leyendo bien la situación» y que se equivoca al «obviar» el fenómeno. El desbordamiento de Canarias y Baleares –que ya está en una situación igual de extrema– también ha influido a la hora de que el PP actúe con más prisa.

Feijóo encargó a la nueva ideóloga del partido, Alma Ezcurra, eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial, la cartera específica en Inmigración. Como publicó ABC, con ella también está el diputado en la Asamblea de Madrid, Rafa Núñez Huesca. Los dos trabajan en la estrategia del partido. Priorizar la «proximidad cultural» será una de las claves que también distingue la posición que tienen otros partidos.

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En el ideario del PP –actualizado este verano– ya se recogía condicionar la residencia de larga duración al conocimiento del idioma y la cultura españolas. Feijóo dio un paso más este jueves en una visita a Baleares cuando afirmó que «la inmigración debe ser preferentemente más cercana culturalmente». A continuación reivindicó «la hispanidad» como vía de «compartir vínculos sociales, idiomáticos y de comportamiento». Un discurso que prioriza con total claridad la inmigración iberoamericana y que conecta, al mismo tiempo, con la defensa de la Hispanidad que ha hecho Isabel Díaz Ayuso en los últimos años en la Comunidad. En el PP de Madrid había una cierta inquietud con el encaje que pudiera tener un endurecimiento en el discurso migratorio que no chocara con una de las grandes banderas de la presidenta. Sobre todo, ante el auge de los discursos que no tienen en cuenta esa proximidad cultural. Feijóo recalcó: «Quien provenga de otros lugares debe comprometerse a cumplir la ley y respetar nuestras costumbres».

En segundo lugar, el plan del PP incidirá en la restricción de las prestaciones públicas bajo la premisa, indican en el partido, de que las ayudas sociales no se conviertan en «un mecanismo para vivir». El documento político de los conservadores de julio ya contempla «eliminar la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes irregulares a las prestaciones económicas no contributivas», y «condicionar la residencia de larga duración a la contribución efectiva al sistema de Seguridad Social». El partido recalca que estar recibiendo prestaciones asistenciales no puede terminar generando el derecho a la residencia legal. En este sentido, desde el PP señalan al Ingreso Mínimo Vital (IMV), una iniciativa que nació para proteger a quienes lo necesitan de verdad, pero «no para convertirse en un efecto llamada y un agravio para las familias que cotizan» a la Seguridad Social, aseguró Miguel Tellado.

Y más allá del discurso de los subsidios –que tendrá mucho peso en la propuesta final de los conservadores– el PP también apostará por que el Gobierno tenga capacidad de escoger el tipo de inmigración en función de «las necesidades laborales» que tenga el país coyunturalmente. Es un modelo que ya funciona en otras latitudes como Canadá, donde existen programas específicos de selección y clasificación de candidatos para la residencia permanente.

Feijóo también aseguró hace unos días que en un momento de crisis del Estado del Bienestar el fenómeno migratorio debe servir, precisamente, para garantizar el propio Estado del Bienestar. «No podemos permitirnos tasas de paro ni tasas de precariedad en la inmigración, superiores a la población general», advirtió en otra declaración de intenciones que hasta ahora no había verbalizado con tanta contundencia.

El arraigo es otro concepto en el que el PP también piensa ahondar. Devolverlo, igual que la reagrupación familiar, a su carácter excepcional será otra prioridad. En Génova defienden que se ha ido convirtiendo en una vía opaca de regulación masiva y que el Estado está impidiendo su control. Esta semana la ministra de Migraciones, Elma Saiz, reivindicó en el Congreso de los Diputados que España ha regularizado a 620.000 migrantes desde 2022 a través de la figura del arraigo.