El PSOE se aferra al 'lawfare' para no echar a Gallardo hasta la sentencia firme
Un cambio en los Estatutos permite al líder extremeño mantener sus cargos pese a sentarse en el banquillo
La Audiencia de Badajoz destaca la influencia de Pedro Sánchez en la Diputación cuando se creó el puesto de su hermano
Gallardo insiste en su ataque a la justicia: «Fue la juez la que me persiguió para no perder el caso»
La judicialización de la política ha tenido un efecto perverso sobre los partidos. En lugar de endurecer la exigencia de rendición de cuentas y asunción de responsabilidades, los estándares se han ido relajando hasta el sonrojo. La bandera de la regeneración democrática, que irrumpió ... con los nuevos partidos, ondea ya a media asta y las normas internas se han ido diluyendo para promover el apego al cargo. «Todo compañero, se apellide como se apellide, si comparece en un juicio oral será expulsado». Estas palabras de Pedro Sánchez en 2014 resuenan en la actualidad y lo hacen por caducas. El PSOE ha ido descafeinando su normativa interna y en la última reforma de sus estatutos blinda con una cláusula 'antilawfare' a quienes se vean abocados al banquillo por «finalidades políticas». Aplica un curioso régimen de compatibilidades: el del cargo público y orgánico con el de procesado. El secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, podrá esquivar ahora la dimisión acogiéndose a esta premisa.
Cabe ponerlo en contexto. El último Congreso Federal del PSOE, celebrado en diciembre de 2024 en Sevilla, se desarrolló en un ambiente de conspiración y victimismo, en el que se lamentaba y jaleaba, a partes iguales, la persecución político, mediático y judicial que sufría el presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, y su entorno. Con Begoña Gómez ejerciendo de estrella invitada en el cónclave y con un –hoy en prisión– secretario de Organización que clamó contra la «cacería humana» que sufre el líder desde la tribuna de oradores, el partido también dejó que este discurso permeara en sus normas internas. La impronta del 'lawfare' quedó plasmada en la disposición adicional sexta de los estatutos. Con una redacción deliberadamente ambigua, se establece que el Comité de Ética y Garantías conjugará los valores éticos del partido entre la militancia y los cargos con «la defensa de estos frente al uso de instrumentos jurídicos para conseguir finalidades políticas». A esto es a lo que se acogerá Gallardo, pero también a lo que se aferra la dirección del PSOE para no destituirle.
Fuentes de Ferraz consultadas por ABC confirman que se aplicará el citado precepto que permite «excepcionar la aplicación de las disposiciones generales ante supuestos como el que nos ocupa, en los que se valora imprescindible esperar a la resolución judicial definitiva». Esto es, en la dirección socialista no promoverán la salida de Gallardo hasta que haya una sentencia condenatoria firme. Para ello, el secretario general extremeño tendrá que dirigirse a la Comisión de Ética y Garantías con el objetivo de seguir en el cargo y será este órgano el que valorará «si es una denuncia con fines políticos o no». Las citadas fuentes apuntan a que al proceder de Manos Limpias, el sindicato calificado como «ultraderechista» por el partido, se confirmará la pretensión del líder socialista de seguir al frente de sus responsabilidades institucionales y orgánicas.
Carta de Gallardo a la militancia socialista tras saber que irá al banquillo: «Hay jueces que pretenden hacer política desde la judicatura»
El líder del PSOE de Extremadura defiende su inocencia y confirma que no dimitirá: «No me van a doblegar»
Sin embargo, la voluntad de mantenerse en el cargo de Gallardo complica las expectativas para el PSOE de Extremadura, que fue la lista más votada en las últimas elecciones. Las encuestas que se manejan en la región consolidan al PP como primera fuerza y a los socialistas en su peor resultado histórico. Un líder en el banquillo no hará que mejore el horizonte. Esto, sin obviar que el propio Gallardo fulminó a cinco compañeros que le precedían en las listas electorales para conseguir un asiento en el Parlamento regional y, por extensión, beneficiarse de un aforamiento del que había renegado con anterioridad. El movimiento, además de una pifia política, resultó un fracaso jurídico, pues los tribunales estimaron que se trataba de un «fraude de ley» para tratar de esquivar la instancia inferior que tenía que juzgarle.
En el partido y en el Gobierno están atrapados en su propio relato, ese que busca instalar que hay «algunos jueces que hacen política». Gallardo se aferró ayer a esta frase, un textual del propio Sánchez en RTVE, para defender su inocencia y rechazar la dimisión. En Moncloa declinan hacer ningún tipo de pronunciamiento sobre esta cuestión, pero fuentes socialistas volvieron a agitar la teoría del 'lawfare' recelando de la coincidencia de que la decisión judicial sobre el hermano del presidente del Gobierno se conociera después de la apertura de juicio oral a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este argumento no se sostiene, porque la fecha de esta concreta causa estaba ya fijada con anterioridad.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete