Un tribunal decidirá sobre los correos del hermano de Pedro Sánchez

El recurso, al que tuvo acceso ABC, parte del que ya presentaron los servicios jurídicos de la Diputación de Badajoz contra la resolución de la juez en nombre del presidente de este organismo, Miguel Ángel Gallardo; y del jefe del Servicio Jurídico e Inspección, Alejandro Cardenal, ambos investigados.

Sostiene que la iniciativa de la instructora habría sido desproporcionada porque la UCO se descargó, además de la cuenta íntegra de David Sánchez, el contenido que registraron los buzones de email de otros ocho miembros de la Diputación entre los años 2016, cuando se modificó la relación de puestos de trabajo; y 2022, cuando se produce el cambio de denominación en el que ocupa el hermano del presidente. El propio músico había recurrido en reforma denunciando que la causa era prospectiva, pero tal y como informó este diario, la instructora rechazó su argumentario defendiendo que la diligencia era imprescindible para el buen fin de la investigación.

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Ahora, la Diputación escala la discrepancia y la eleva a la Audiencia Provincial con una batería de alegaciones, a las que tuvo acceso ABC, que giran en torno a la idea de que la juez se está apoyando exclusivamente en las sospechas de la UCO, cuando, dice, el informe aportado a la causa sobre la contratación del hermano de Sánchez no evidencia ninguna irregularidad.

«Se justifica la diligencia de incautación de comunicaciones que se autoriza con fundamento exclusivo en el oficio de la UCO de la Guardia Civil, que se limita a constatar que del examen y análisis de la amplia documentación remitida por la Diputación Provincial de Badajoz relativa al proceso de creación de un puesto de trabajo, desarrollo de un proceso selectivo y contratación del Sr. Sánchez Pérez-Castejón no se deduce ni indicio de conducta delictiva ni irregularidad alguna», argumentan.

La cuestión es que ese informe también advertía a la instructora de que «por parte de los responsables de la Diputación provincial, habrían tenido lugar una serie de actos preparatorios en una esfera previa a las resoluciones mencionadas, que no han quedado reflejados en la documentación entregada a petición del juzgado, donde existirían diferentes comunicaciones entre ellos para la consecución del fin perseguido, que no es otro que la creación y adjudicación de un puesto de trabajo, en un primer momento, y el cambio de denominación del mismo posteriormente». Ese es el ancla con el que la juez acordó la incautación de los correos y la UCO la puso negro sobre blanco siguiendo su propia experiencia policial y la lógica de los hechos que se investigan.

Para los servicios jurídicos de la Diputación, esta premisa no es aceptable porque la Guardia Civil apunta en condicional que esas conversaciones «estarían» en los emails pero, argumenta el recurso, «sin señalar por qué tendrían que existir, además de atribuir una finalidad a esas hipotéticas actuaciones que en modo alguno se desprende de la amplia documentación que integra los expedientes administrativos».

«Se refleja que ningún indicio de conducta ilícita se desprende del examen de dicha documentación y si ningún indicio se aprecia se resuelve probar otra línea de investigación a ver si se encuentra algo, no sabemos qué pero algo, que permita seguir investigando a alguien, razonamiento que seguimos considerando que es plenamente identificable con una investigación prospectiva no admitida por nuestro ordenamiento jurídico», dicen los servicios jurídicos de la Diputación.

Piden a la Audiencia Provincial que revoque la diligencia de los correos que la juez ha optado por mantener en sus términos al considerar imprescindible el análisis para saber si existió una maniobra para 'colocar' al hermano de Pedro Sánchez.