La juez rechaza el recurso del hermano de Sánchez: analizará sus correos electrónicos en la Diputación

Profundiza así en esta línea de investigación bajo sospecha de tráfico de influencias la instructora, que se ha tenido que volver a dirigir a la Diputación de Badajoz porque les solicitó información hace un mes y aún no han contestado. Les requiere, en concreto, «la fecha exacta» en que el hermano del presidente del Gobierno fue ubicado en un «nuevo despacho, sito en la Plaza de España» donde se desempeña en la actualidad, dato que ya le pidió hace un mes en una providencia a la que el organismo público no ha contestado. Deben contestar «a la mayor brevedad».

La juez investiga delitos de tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, prevaricación y otros en la causa que abrió tras admitir a trámite una querella impulsada por el abogado de Manos Limpias José María Bueno. Acusaban al hermano de Pedro Sánchez de enmascarar su residencia fiscal para eludir impuestos, haber accedido a un empleo público de la Diputación de Badajoz por influencias y estar cobrando su salario sin pisar su puesto de trabajo. Tanto David Sánchez como el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y un trabajador de este organismo están imputados.

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Pero la UCO, profundizando en la creación del puesto de trabajo para el hermano de Pedro Sánchez, señaló otros nombres que se verían afectados por el análisis de los correos. Uno de ellos es el de Antonio Garrote, que dirigió un escrito a la juez para advertirle de que desde marzo, es diputado de la Asamblea de Extremadura. Pedía que se retirasen de la causa todos los correos en los que él fuese emisor o destinatario dado que la juez «no ostenta la competencia objetiva» para investigar a un aforado.

La instructora le ha respondido que «si bien es cierto que para el conocimiento de los hechos delictivos que pudieran atribuirse a dicho aforado sería competente el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura», para ello haría falta «un nivel de indicios cualificado» al que la investigación todavía no ha llegado. Le emplaza a personarse en la causa si quiere tener conocimiento de las actuaciones y para «la defensa de los derechos que legalmente le corresponden».

Pero una de las mayores novedades en el sumario de esta causa es la incorporación del primer informe de la Agencia Tributaria sobre David Sánchez Pérez-Castejón. La instructora quería discernir cuál es la residencia fiscal del hermano del presidente, un análisis de su situación patrimonial y de los posibles ilícitos fiscales por los que fue denunciado. Los agentes analizan los datos de sus propias bases y arrojan conclusiones advirtiendo de que lo son exclusivamente en base a los mismos, a falta de más indagaciones. Con esta premisa, la conclusión es exculpatoria.

En cuanto a la residencia fiscal, los inspectores la sitúan en Portugal considerando, entre otros datos, que desde julio de 2020 no tiene «ningún» contrato de suministros en España, que constan los certificados de residencia en Tailandia desde septiembre de 2020 hasta un año después, facturas de hospedaje en Elvas, Portugal, entre mayo y diciembre de 2022 y la compra de un inmueble en el mismo municipio ya en febrero de 2023. Se había inscrito como residente en la Embajada de España en Portugal.

«En conclusión, a la vista exclusivamente de los antecedentes mencionados, y a los meros efectos de emisión de este informe, se puede considerar que don David Sánchez Pérez- Castejón es residente fiscal en Portugal», dice la Agencia Tributaria.

En cuanto a las tributaciones, el informe concluye a partir de las autoliquidaciones presentadas durante los últimos cinco años que no habría ilícito «incluso si el contribuyente hubiese sido residente en España, condición que con la información disponible no se cumple».

«Con los datos que obran en poder de la Agencia Tributaria a la fecha de emisión de este informe, teniendo en cuenta las contingencias que pudieran existir si se reordenaran sus rendimientos y retenciones de la forma indicada, y siempre teniendo en cuenta que no se han llevado a cabo actuaciones de comprobación cerca del obligado tributario, no puede deducirse la existencia de indicios de Delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal, sino un posible saldo neto a favor del contribuyente si las contingencias y hechos analizados se confirmasen«, reza el análisis.

Lectura similar en cuanto a su incremento patrimonial. Tras analizar los números, en los que sobresalen 99.000 euros en criptomonedas en 2023, y acciones en BBVA, Redeia Corporación, Telefónica, Enagas y Repsol; y una donación de su padre por importe de 240.000 euros por la que pagó impuesto de donaciones en la Comunidad de Madrid, Hacienda concluye que el crecimiento de 2023 «se justifica con los ingresos obtenidos en ese mismo ejercicio, que ascienden a 306.129 euros.

De nuevo, sirviéndose de la información que él ha declarado en las autoliquidaciones y de los datos obrantes en las bases de Hacienda, porque «no es posible, sin llevar a cabo actuaciones de comprobación, calificar la naturaleza de operaciones» como las realizadas en el año 2021, cuando realizó pagos por importe superior a 69.072 euros y retirada de efectivo con una tarjeta de crédito «en la que figura como autorizado y está vinculada a una cuenta corriente titularidad» de su padre.