La trama rusa del 'procés' actuaba como la «delincuencia organizada»

Cuando describe el funcionamiento de la trama, el informe precisa que sus acciones «aunque aparentaban responder a diferentes causas y motivaciones, en realidad fueron activadas, dirigidas y coordinadas por una única dirección y unidad de acción caracterizada por una estructura de mando centralizada y jerarquizada en cuya cúspide se encontraba el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont».

«La red investigada -continúa el informe policial-, operaba a espaldas del Gobierno de la nación con el claro propósito de perjudicar la autoridad del Estado y comprometer los intereses vitales de España. Sus integrantes eran plenamente conscientes de la ilicitud de sus actividades, como demuestran las numerosas y exigentes medidas de seguridad que adoptaban en las comunicaciones, restringiéndolas únicamente a aquellas aplicaciones que consideraban seguras como Signal o Telegram, borrando mensajes comprometedores o emplazándose a conversar solo de forma personal si se trataba de temas sensibles».

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En este sentido, la Policía revela que Josep Lluis Alay, jefe de la oficina de Presidencia de Puigdemont, borró de su teléfono móvil todos los chats de Signal de 2020, lo que refuerza los indicios de que que estaba cometiendo acciones ilícitas y de que era plenamnete consciente de ello.

Pero el informe de la Comisaría General de Información va más allá al afirmar que «en las numerosas conversaciones analizadas se evidencia que los investigados adoptan estas dinámicas de seguridad con naturalidad, como si de una norma de conducta inherente a la organización se tratase y comparable a la utilizada por la delincuencia organizada», que es lo que la Policía sostiene que fue la trama independentista aunque en su caso sus fines fueran políticos.

«En el caso concreto de Carles Puigdemont -se lee en el documento- resulta muy indicativo el hecho de que no se manifestase por teléfono de los asuntos relacionados con la trama rusa cuando era consultado y se reservara a hablar sobre ellos únicamente mediante encuentros físicos. Este 'modus operandi' se observa durante todo el periodo que ha sido investigada la estructura, tanto en la fase primigenia por Víctor Terradellas como en la segunda comandada por Josep Lluis Alay y Gonzalo Boye».

Esa confidencialidad máxima también se desprende de la lectura de la sentencia del procès, en la que se incluye un email intervenido a Raúl Romeva fechado el 27 de septiembre de 2017 -entonces era consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de Cataluña-, que quería hacer llegar a Albert Royo, en ese momento presidente de Diplocat, en el que se puede leer: «A diferencia de otros ámbitos, el 90 por ciento de nuestro trabajo debe ser discreto y no se puede explicar (todavía)».

También se puede sacar la misma conclusión de la carta escrita por Víctor Terradellas a Carles Puigdemont intervenida en su domicilio y fechada el 3 de diciembre de 2017; es decir, dos días después del referéndum secesionista. Dice textualmente: «Os pido que me permitáis activar mi acción interncional, bajo vuestro mandato de forma discreta y confidencial, para trabajar en dos aspectos prioritarios: búsqueda de fondos y búsqueda de reconocimiento internacional».

El informe recoge además que el 27 de julio de ese mismo año Terradellas utilizó un chat para difundir una comunicación que quería hacer llegar al entonces presidente de la Generalitat para que el resto de los miembros de ese grupo la valorasen. «En esa esta comunicación se comentaba que la labor internacional al servicio de Carles Puigdemont era esencial y debía realizarse de forma confidencial (...) Además, se instaba a que desde la Generalitat se dotase a la Presidencia del Govern de una célula secreta que únicamente reportase directamente a Carles Puigdemont o a quien este indicase. Este equipo 'no oficial' de Exteriores, según este escrito, sería una práctica habitual de las democracias de nuestro entorno y trabajaría paralelamente con el Departamento de Exteriores».

En cuanto a la financiación de esa célula paralela, el documento señalaba que debía hacerse por vía interpuesta ya que no podría existir ningún documento ni proyecto escrito que comprometiese la actuación. Y finalizaba pidiendo a todos los integrantes del chat que eliminasen el mensaje con el fin de preservar su confidencialidad, como medida de seguridad.

Con todos estos elementos, la Policía concluye que «los miembros de la organización tuvieron pleno conocimiento de la ilicitud de sus actuaciones y el perjuicio que acarreaba para la integridad territorial y los intereses de España, como reflejan las numerosas y exigentes medidas de seguridad que adoptaban en las comunicaciones y desplazamientos».

Para los investigadores «ello no fue impedimento para que continuaran con su propósito secesionista, a espaldas del Estado español, involucrándose en un proyecto común con una potencia extranjera que se ha demostrado que sus fines son socavar el correcto funcionamiento de los procesos democráticos en Occidente, mediante el empleo de operaciones de influencia e injerencia extranjera, comunicación persuasiva, manipulación de la información, la financiación de determinados partidos políticos y la captación de elites y personalidades como medio para dividir a las sociedades democráticas occidentales en general y a la Unión Europea en particular».

«En definitiva -concluye la Comisaría General de Información- se aprecia la existencia de un grupo organizado, que de forma estable en el tiempo, con funciones definidas y repartidas entre sus miembros, operaba para mantener relaciones con una potencia extranjera (Rusia) fuera del marco legal vigente, con el objetivo último de lograr la segregación de una parte del territorio nacional con evidente perjuicio para la independencia de España y sus intereses vitales».

Lo que no hace el informe de la Policía, porque no es su finalidad, es en calificar estas conductas, aunque es evidente que sus conclusiones van en la línea de las acusaciones mantenidas por el juez Joaquín Aguirre en el sentido de que Puigdemont y el resto de investigados podrían haber cometido un delito de alta traición y malvesación de fondos, un extremo que deberá ser corroborado por el Tribunal Supremo, que el principal implicado, Puigdemont, es aforado.