El plan de Puigdemont: millones de euros rusos por alabar a Putin

El informe de la CGI sobre los contactos entre la trama secesionista liderada por Carles Puigdemont y el Gobierno de Vladímir Putin tiene entre sus objetivos demostrar que esas relaciones no sólo fueron un elemento clave del movimiento independentista catalán sino que, como consecuencia de ellos, «se produjo un grave perjuicio contra los intereses vitales del Estado y, singularmente, contra la seguridad nacional, el orden constitucional y la Unión Europea».

El documento, adelantado el martes por ABC, pone sobre la mesa que los investigados formaban parte de una estructura «dirigida por la propia administración pública catalana, controlada por la antigua Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC)» encaminada a conseguir la independencia. La estrategia estaba basada en dos ejes principales; el primero, la internacionalización, para lo que se buscó la colaboración de Rusia, muy interesada en desestabilizar la Unión Europea y en poner en marcha en Cataluña una legislación propia de bitcoins.

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Pero muy ligado a esa primera estrategia, había otra de comunicación con el objetivo, por un lado, de «crear un relato para la opinión pública nacional e internacional favorable al reconocimiento de Cataluña como un sujeto nacional con derecho a decidir su autodeterminación y, por otro, obtener el apoyo político y económico de otros países e instituciones mundiales a su proyecto de independencia».

En ese contexto, según explica el informe de la Comisaría General de Información, era de vital importancia las acciones de desinformación como las que Rusia ya había utilizado con éxito otras veces como parte de las estrategias de guerra híbrida emprendidas en otras zonas del mundo. Este fue uno de los temas tratados en la reunión del 26 de octubre de 2017 en la Casa dels Canonges, residencia del presidente de la Generalitat, sólo un día antes de la aprobación de la Declaración Unilateral de Independencia (DIU), a la que asistieron por parte de Cataluña Carles Puigdemont; la directora general de Coordinación Interdepartamental del Gobierno catalán, Elsa Artadi; el secretario de Relaciones Internacionales Víctor Terradellas y Jordi Sardà como traductor. La delegación rusa estaba formada por un exdiplomático, Nikolay Sadovnikov, y el exmilitar y empresario Sergey Motin.

En la cita, según el informe, uno de los temas tratados fue «la formación de un equipo conjunto de comunicación entre Rusia y miembros de una futura Cataluña independiente», que sería de «vital importancia» a la luz de «los logros que las campañas de desinformación han jugado en pasados procesos electorales a lo largo de todo el mundo». Su función principal había sido «influir en el resultado del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y en el posterior apoyo popular a la Declaración Unilateral de Independencia» (DUI), aprobada el 27 de octubre de 2017.

Según los analistas de la CGI, «en esta unión ambos actores saldrían beneficiados. Por un lado, la parte catalana conseguiría su pretendida independencia y, tras esto, estaría en disposición de establecer su propia legislación de criptomonedas», una normativa que era muy «ansiada y solicitada explícitamente por la esfera rusa», que quería hacer de Cataluña su 'Suiza' del sur.

Una de las primeras pruebas de la injerencia rusa en el proceso independentista catalán de 2017 fue el tuit que el propio Julian Assange publicó el 9 de septiembre de ese año, 48 horas antes de la Diada. «Se ha comprobado -dice el informe- que Julian Assange, además de contribuir en varias campañas de desinformación a favor de los intereses de Rusia, ha participado en campañas a favor del movimiento independentista catalán».

En ese tuit, Assange se mostraba absolutamente a favor de la autodeterminación: «España, esto no funcionará en Cataluña. El pueblo catalán tiene derecho a la autodeterminación. Los arrestos sólo los unifican y fortalecen», escribió el cerebro de Wikileaks, que además, con la publicación de una fotografía en el mismo mensaje, establecía una analogía entre la represión llevada a cabo por el gobierno chino en la plaza de Tiananmén en 1989 y las medidas que estaba tomando el Ejecutivo español en el marco de la Constitución.

«Este mensaje -afirma la Policía- claramente manipulador, más incluso si consideramos la proyección mediática de Assange, pretendía generar en el lector un contexto de violencia y represión estatal contra la población catalana, que sin duda tuvo éxito y logró muchos mensajes de apoyo a la independencia de Cataluña durante los últimos meses de 2017».

Días después de la reunión de la Casa dels Canonges, en concreto el 9 de noviembre, Oriol Soler, empresario de la comunicación vinculado al independentismo, viajó a Londres precisamente para entrevistarse con Assange, quien ya había comenzado por su parte la citada campaña de desinformación a favor de los secesionistas y también de los intereses rusos.

Ese encuentro está acreditado, según la CGI, por la foto que el propio responsable de Wikileaks compartió en sus redes. Además de Soler y Assange, en la cita estuvieron Arnau Grinyò, experto en campañas de comunicación y director de marketing de un supermercado online, y Stela Morris, la mujer del activista.

Se trataron aspectos jurídicos a integrar en la hoja de ruta del 'procés' tras el ingreso en prisión de sus principales dirigentes, destacándose la «importancia de apropiarse del relato que debía trasladarse a la opinión pública».

Como consecuencia de esa reunión, pocos días después, el 5 de diciembre, «desde la cuenta del propio Julian Assange se hizo referencia por primera vez a una noticia publicada en el diario Ara, del cual Soler es editor: 'El Supremo retira las euroórdenes de búsqueda y captura contra Puigdemont y los cuatro consejeros de Bélgica'», lo que no era cierto.

Los expertos de la Policía consideran que el proceso de desinformación aumentaría en intensidad y se prolongaría no sólo durante 2017, sino también en años posteriores. «Como consecuencia de esta estrategia la red social 'X' realizó una comunicación donde anunció que 130 de sus cuentas fueron suspendidas en España» relacionadas con el referéndum independentista.

En mayo de 2018, la unión ruso-catalana se intensificó para promover otras campañas de desinformación a favor de una nueva escalada del movimiento independentista. El 8 de mayo, David Madí, exsecretario de Comunicación de CDC, preguntó a Terradellas cuánto dinero sería necesario para el equipo de comunicación y le propone una reunión el día siguiente para tratar el asunto. Ese encuentro se produjo, con asistencia de dos personas más, una de ellas aún sin identificar, en la que además se abordó una posible visita a la sede del FSB en Rusia.

Sólo seis días después, Terradellas comentó a Xavier Vendrell, empresario y exmiembro de ERC, que era consciente de los «grandes logros en tema de comunicaciones» con Jaume Roures, magnate catalán de los medios, y que la parte rusa estaba muy interesada en participar también en esos proyectos. «Se puede establecer, por lo tanto, que además del primer contacto que habrían establecido Oriol Soler y Assange en noviembre de 2017, se habría creado un equipo conjunto de comunicación que estaría formado al menos por Vendrell, Madí y Roures», afirma el documento, que añade: «Por otra parte llama poderosamente la atención el interés que sigue despertando en los rusos el proyecto de comunicación conjunta ya que, según Terradellas, la parte suya está dispuesta a integrar gente y a aportar cientos de millones de euros o de dólares».

El informe también recoge que Josep Lluis Alay, jefe de la oficina de Puigdemomt, y el abogado Gonzalo Boye llevaron a cabo dos líneas de acción muy relacionadas: «El establecimiento de vínculos directos con miembros de los servicios de inteligencia y de la administración rusa, complementado con una campaña de desinformación, en la que medios de comunicación rusos y catalanes divulgaban y amplificaban las bondades del régimen de Putin al mismo tiempo que desacreditaban al Estado español, mediante un mensaje negativo de 'opresión' cultural, política y social».

Para ello se entró en contacto con periodistas rusos que divulgaron y amplificaron el relato independentista en sus medios, el periódico Komsomolskaya Pravda y la cadena Russia Today, ambos próximos a Putin y en el caso de la segunda bloqueada desde 2022 por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y países latinoamericanos por ser un arma de la guerra híbrida rusa. Puigdemont concedió una entrevista al rotativo ruso en la que además de calificar a España de «totalitaria» defendió la anexión a Rusia de Crimea y el Dombás.