El Supremo admite la demanda de García Castellón contra Belarra por derecho al honor

En dos autos notificados este viernes, la Sala admite tanto la primera demanda del magistrado de juicio ordinario por derecho al honor como la ampliación que presentó de la misma cuando, una vez ABC desveló su existencia, Belarra persistió en sus insultos en la red social X.

Según dispone la Sala, la diputada tiene 20 días naturales para comparecer en el procedimiento o será declarada en rebeldía. Da traslado asimismo a la Fiscalía, para que conteste a las alegaciones de García-Castellón.

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El auto, firmado por Francisco Marín Castán, Rafael Sarazá y José Luis Seoane, concluye que tanto la demanda como su ampliación cumplen los requisitos para ser tramitadas como asunto de responsabilidad civil por la tutela del derecho fundamental al honor, por lo que ahorra arranca una fase en que se recabará la posición de las partes, sustanciando así el proceso.

El magistrado, que jubiló el pasado mes de septiembre dejando su último destino, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, interpuso la demanda contra Belarra por entender que había superado con creces los límites de la libertad de expresión al situarle como un corrupto y un prevaricador, dos afirmaciones que no se compadecen con una carrera en la que no se ha registrado tacha alguna. «No existe el derecho al insulto», subrayaba.

En la primera demanda, reclamaba a la diputada 60.000 euros porque después de publicarse en el BOE su jubilación, el 2 de septiembre, publicó en Twitter el siguiente mensaje sobre él que fue ampliamente difundido: «Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza».

La segunda llegó el 17 de octubre, ante la persistencia en la difusión de expresiones «ultrajantes y ofensivas» en su contra después de que ABC desvelase que el magistrado había acudido al Tribunal Supremo en defensa de su derecho al honor. El fiscal ya había informado en ese momento de que la demanda podía ser admitida a trámite porque la Sala de lo Civil, siendo ella aforada, era competente para entender de los hechos.