García-Castellón demanda a Belarra por llamarle «corrupto» y le reclama 120.000 euros

La demanda, a la que tuvo acceso ABC, gira en torno a la publicación en el BOE el pasado 2 de septiembre de la jubilación del magistrado, cuando Belarra publicó en Twitter el mensaje sobre él: «Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza».

«Tal y como puede apreciarse en la publicación, ésta ha alcanzado las seiscientas sesenta y dos mil visitas. Además, cuenta con más de seis mil «me gusta», tres mil interacciones y mil comentarios de entre los que encontramos multitud de vejaciones, insultos y desprecios hacia D. Manuel García-Castellón», relata la demanda.

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Subraya que «el alcance mediático del comentario se debe a que la demandada, por su condición de diputada y secretaria de un partido político, tiene una capacidad de influencia infinitamente superior a la que cualquier otro civil pudiere tener». «Esto es, -añade el texto- su comentario, que ha tenido enorme repercusión, ocasiona que infinidad de personas lleguen a creer que el Sr. García-Castellón es un juez 'corrupto' y 'prevaricador', siendo esta aseveración absolutamente falsa».

La prensa, además, se hizo eco del contenido del mensaje de la diputada, que generó multitud de reacciones de usuarios, parte de los cuales vertían asimismo descalificaciones e insultos al juez. «La referida publicación vulnera flagrantemente el derecho al honor de mi representado, atentando gravemente contra su persona y contra su carrera profesional que, como es bien sabido, ha sido en todo momento intachable», dice la demanda.

Señala además que, «en contra de lo que la Sra. Belarra manifiesta, no existe ni una sola sentencia que condene al Sr. García-Castellón por un delito de corrupción ni por un delito de prevaricación, puesto que nunca ha sido juzgado por ello», de modo que el comentario de la diputada de Podemos resulta «completamente inaceptable» además de «incierto».

Para la representación de García Castellón, que se dirige al Supremo porque Belarra es aforada, el mensaje de la diputada «ha ocasionado una clara vulneración del derecho al honor del demandante, causándole graves perjuicios, alterando su tranquila y apacible retirada vida actual, así como menoscabando su salud toda vez que todas las acciones y decisiones de éste como miembro del poder judicial español han ido encaminadas a salvaguardar la imparcialidad que le es requerida para impartir la justicia».

Considera en este sentido que «no cabe duda de que las expresiones empleadas por la Sra. Belarra carecen de un interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas», por lo que no tienen amparo en la libertad de expresión, dado que la Constitución no recoge «el derecho al insulto». Reclama que sea condenada al pago de 120.000 euros y las costas.

García-Castellón ha sido objeto de ataques y críticas de políticos de distintas ideologías por lo sensible de las causas que ha instruido a lo largo de su trayectoria en la Audiencia Nacional. En noviembre de 2023 solicitó amparo al Consejo General del Poder Judicial cuando desde el Gobierno se apuntaba que prevaricaba por investigar a Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic y en ERC se le acusaba de ser partícipe de una guerra judicial por intereses espurios. Ahora, ya retirado, emprende directamente acciones legales en defensa de su honor ante el Tribunal Supremo.