Los sindicatos ocultaron hasta el 90% de sus datos económicos

En el último trimestre del año pasado, el CTBG examinó la política de publicidad activa de 75 entidades que recibieron más de 500.000 euros en subvenciones y ayudas durante 2021, como sindicatos, asociaciones, empresas, fundaciones y ONG. Los resultados están en la página web de este organismo independiente adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y demuestran que los grandes sindicatos no son demasiado transparentes por propia voluntad y que sólo hacen algo por parecerlo cuando quedan retratados.

El Consejo de Transparencia analiza el grado de cumplimiento de la información que estas entidades están obligadas a publicar fijándose en dos tipos de datos: institucionales y económicos. Y mide no sólo si se publican, sino también si se hace de forma clara, actualizada y fácil de manejar para cualquiera, ya que de poco sirve colgar algo en una web para aparentar transparencia si en la práctica es difícil de encontrar o interpretar.

A partir de esas variables, el CTBG elabora un índice de 100 puntos para calcular el porcentaje de requisitos legales que cumple cada entidad respecto a su información institucional y económica, así como la media de ambas. En los dos últimos años, el Consejo de Transparencia ha examinado, entre otras entidades obligadas por esta ley y elegidas en un muestreo aleatorio, a la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CC.OO.), a la Federación de Servicios Públicos de UGT y a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

De ellas, las dos últimas son las que salen peor paradas de este examen por dos circunstancias objetivas: son las que menos puntos obtienen y además son reincidentes, porque arrastran esa situación desde 2021. Tampoco CC.OO. puede presumir de transparencia, ya que incumplió más de la mitad de sus obligaciones en el apartado económico tras someterse por primera vez a este examen el año pasado.

Índice de transparencia

(Sobre 100 puntos)

Información económica

Información institucional

Media

72,6

64,8

61,9

58,9

58,3

57,1

48,6

31,6

14,3

13,3

12,5

11,6

CEOE

CC.OO.

UGT

CSIF

Fuente: Elaboración propia / ABC

Índice de

transparencia

(Sobre 100 puntos)

Información económica

Información institucional

Media

58,9

72,6

CEOE

64,8

48,6

61,9

CC.OO.

57,1

11,6

58,3

UGT

31,6

12,5

14,3

CSIF

13,3

Fuente: Elaboración propia / ABC

Tanto la federación de UGT como CSIF apenas publican su información económica como marca la ley: la primera sólo cumple el 11,6% de sus obligaciones y la segunda el 12,5%. Lo mismo ocurre con sus índices totales, sumando la información económica e institucional: apenas un 31,6% para UGT y un 13,3% para CSIF.

Además, el Consejo de Transparencia afea a estos dos sindicatos que no hicieran nada por corregir esa situación durante el último año. Su informe señala que UGT atendió sólo una de las doce recomendaciones que le hizo en 2021, limitándose a actualizar las fechas de las subvenciones que recibe. Y que CSIF no aplicó ninguna de las trece que le propuso en el mismo periodo. Por eso los informes más recientes del Consejo valoran «muy negativamente» a UGT y a CSIF, entre otras cosas porque seguían sin publicar la mayor parte de sus datos económicos y los que sí facilitan son insuficientes o están mal reflejados.

El CTBG puntúa mejor a Comisiones Obreras, pero advierte que su Federación de Enseñanza sólo cumple la Ley de Transparencia a medias, con un índice del 57,1%, que en el apartado económico baja al 48,6%. Y ello a pesar de que se jacta en su web de que la transparencia «no puede ser una simple declaración de intenciones, ha de marcar la conducta de Comisiones Obreras».

La realidad es que el CTBG ha planteado a este sindicato hasta una decena de recomendaciones para corregir sus «carencias», entre ellas que no figuraba el presupuesto ni los ingresos de sus dirigentes ni las cuentas o la auditoría del último año cerrado (2021), ya que las únicas que aparecen son de 2020, como ha comprobado ABC durante los últimos días. Este periódico ha contactado con varios responsables del sindicato, que no han aportado ninguna explicación al respecto.

Otro dato revelador es que, pese a que el Consejo de Transparencia lleva desde 2021 advirtiendo a UGT y CSIF de que apenas cumplen sus obligaciones legales, estos dos sindicatos no han hecho ninguna objeción, alegación o aclaración a los últimos informes que les dejan en tan mal lugar.

UGT no alegó nada ni en 2021 ni en 2022, a pesar de que en su web presume de que la transparencia «es parte del compromiso de nuestra organización». Preguntada por este periódico, su Federación de Servicios Públicos se limita a responder que «nos atenemos a la ley» y que «estamos en un proceso de remodelación de nuestra web para hacer más accesible la información».

El CTBG, sin embargo, le achaca que «persisten los déficits» que ya detectó en 2021, entre los que reitera que «siguen sin publicarse» los contratos y convenios con administraciones, el presupuesto, las cuentas anuales, las auditoría y las retribuciones de los máximos responsables de esta federación de UGT.

CSIF sí respondió tras la primera evaluación quejándose de que sus estándares de transparencia estaban «muy por encima» del 13,3% con que le puntúa este organismo. Y aseguraba ya en 2021 que «procederemos en breve a la reorganización de la página web» para lograr la «máxima transparencia posible». No obstante, el informe más reciente del CTBG considera que, un año después, este sindicato no había aplicado «ninguna de las recomendaciones» para cumplir ese compromiso.

CSIF asegura que ese informe es «malintencionado» y acusa al Consejo de «no cumplir con su labor» de comprobar las mejoras, a pesar de que el sindicato tampoco alegó ni informó de ellas tras la última evaluación. Preguntado por ABC, responde que lo va a hacer ahora: «Pediremos explicaciones al CTBG por esa puntuación tan mala y le informaremos de nuestros avances para que se dé por enterado», afirman fuentes del sindicato, que sostiene que sí cumple con lo que se le exigió hace un año.

Este periódico ha repasado la web de CSIF, donde ya consta que no tiene contratos ni convenios con administraciones públicas y que sus dirigentes no cobran del sindicato. También sus cuentas y auditoría del último ejercicio cerrado (2021), aunque el Consejo aclara a este periódico que nada de ello figuraba en esa web cuando cerró su evaluación, sino que se ha incorporado a posteriori. Además, el portal de CSIF no detalla las subvenciones que recibe, como exige la ley de Transparencia, sólo las cifras totales en cuadros genéricos.

Fuentes del Consejo confirman que examina de manera minuciosa y hasta por dos veces no sólo el portal de transparencia en la web de cada entidad, sino toda la página. Y recuerdan que los evaluados pueden alegar o aclarar cualquier posible error en sus informes, algo que no han hecho estos sindicatos, por lo que el CTBG muestra su extrañeza de que ahora nieguen unos incumplimientos que conocen desde hace meses y sobre los que no alegaron nada tras los últimos exámenes.

Esas mismas fuentes explican que este organismo va a realizar una tercera ronda de evaluaciones, lo que permitirá a los sindicatos elevar su puntuación con las mejoras que dicen haber incorporado o que van a incorporar tras encajar el reciente y segundo suspenso del CTBG.

CSIF ha remitido este mismo lunes una carta al Consejo similar a la que ya le envió en 2021. El documento, que firma la secretaria general del sindicato, Begoña Montero, incluye explicaciones idénticas a las que ya recoge esta información de ABC sobre sus contratos y convenios con administraciones y las retribuciones de sus máximos responsables. Así, CSIF exige al Consejo que «modifique con diligencia» y «corrija sin más demora» sus informes e insiste en que es «pionero» en la aplicación de la Ley de Transparencia «adelantándonos al resto de sindicatos».

También se ha examinado por primera vez a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), cuyos resultados son mejores que los de los tres sindicatos. La patronal obtiene una puntuación de casi 65 sobre 100 gracias a que cumple más de la mitad de los requisitos tanto en el apartado institucional (72,6) como en el económico (58,9). No obstante, también tiene aspectos a mejorar, como especificar el perfil y la trayectoria profesional de sus máximos responsables o informar de manera «individualizada» sobre sus retribuciones, ya que hasta ahora sólo venía publicando el monto total.

Por contra, una organización que forma parte de la CEOE, como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), obtiene unos resultados similares e incluso peores que los sindicatos: no llega al 18% en el cumplimiento total de la Ley de Transparencia, con un clamoroso cero en el apartado económico. Y tampoco ha hecho nada por subsanarlo desde 2021, según el último informe del CTBG.

Asaja reconoce con franqueza y sin excusas su mala puntuación y explica que corregirla es una de las prioridades de su nuevo gerente, que asumió esa responsabilidad tras la última evaluación, por lo que lleva desde entonces trabajando para mejorar en transparencia. Y sin cuestionar las conclusiones ni las recomendaciones del organismo oficial que se encarga de velar por ella entre las entidades que reciben más fondos públicos.