Transparencia arremete contra Díaz y Marlaska por saltarse la ley para ocultar sus gastos

En ambos casos llueve sobre mojado. El Ejecutivo de Sánchez ha batido récords en incumplimientos de la ley de Transparencia. Con Yolanda Díaz, además, se da una circunstancia añadida: su persistente opacidad no solo la ha desplegado contra los ciudadanos que hacen uso de su derecho constitucional a conocer la gestión del Gobierno, sino también contra el propio Parlamento. Como informó ABC a finales de septiembre, Yolanda Díaz se ha enrocado insistentemente para no contestar las preguntas con las que la oposición quiere conocer datos tales como cuántos viajes ha hecho en el avión oficial Falcon, cuánto han costado esos desplazamientos o cuánto personal de servicio hay adscrito a la gran vivienda oficial que la vicepresidenta tiene a su disposición en Madrid, así como el coste de esos empleados domésticos.

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Roberto Pérez

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Yolanda Díaz lleva meses esquivando preguntas de ese tenor en el Congreso, lo que vulnera el derecho a la información y el ejercicio de control al Gobierno que le corresponde a la oposición. Y ahora es el Consejo de Transparencia el que le censura esa actitud, por otro dato que la vicepresidenta primera se ha negado a facilitar, en este caso a un ciudadano: cuánto se gastó en un almuerzo que ella y su séquito disfrutaron en Roma durante el viaje que hizo a la capital italiana para verse con el Papa, en diciembre del año pasado.

Díaz y su nutrido grupo de acompañantes viajaron en Falcon el 10 de diciembre y regresaron al día siguiente. La pregunta de cuánto costó el almuerzo la formuló un particular el 10 de febrero. Es decir, tres meses después. Pero el Ministerio de Trabajo optó por decir que no podía dar el dato porque el «expediente» todavía estaba en elaboración. La excusa no ha tenido pase. Esgrimir que se está tramitando un pago que se hizo tres meses antes no es de recibo, y así lo ha censurado ahora el Consejo de Transparencia.

En un intento por torcer la normativa, el equipo de Yolanda Díaz alegó para ocultar la información que «el expediente de gasto asociado al viaje de la vicepresidenta se encuentra en tramitación». Pero Transparencia le ha recordado que «no debe confundirse información en curso de elaboración con expediente en desarrollo o tramitación». En definitiva, le afea que, sabiendo perfectamente el coste que tuvo aquel almuerzo, aluda a un supuesto expediente para no facilitarlo. Eso, concluye Transparencia, «conduce a una limitación desproporcionada del derecho constitucional de acceso a la información». Gruesa reprimenda para la vicepresidenta cuyas filas, antes de llegar al Gobierno, pregonaban transparencia máxima como requisito imprescindible de democracia.

En el caso del ministro del Interior, el reproche de Transparencia se debe a su negativa a detallar los gastos en los que incurrió en 2021. Un ciudadano pidió que detallara el importe total de esos gastos y su desglose por conceptos: «locomoción, manutención, alojamiento, atenciones protocolarias y otros». La solicitud reclamaba lo mismo para los directores generales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. El Ministerio del Interior no atendió la petición y dio la callada por respuesta. Ni siquiera se molestó en esgrimir excusa alguna con la que intentar justificar ese silencio, que supone incumplir de plano la ley de Transparencia.

La solicitud de esos datos fue presentada hace casi diez meses, el 29 de enero de este año. Interior optó por dejar pasar el tiempo sin contestar, como ha constatado Transparencia: «No respondió al solicitante en el plazo legalmente establecido, sin que conste causa o razón alguna que lo justifique». Así que, transcurrido el plazo máximo que la ley fija para obtener respuesta, se entendió que la petición de ese ciudadano fue desestimada. El afectado pidió amparo al Consejo de Transparencia, que se dirigió al Ministerio de Grande-Marlaska, pero también fue ninguneado. Interior ni se molestó en contestar, lo que ha merecido la queja del Consejo: «Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta autoridad administrativa independiente al no comunicarle cuáles han sido los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información». Y remarca que el Ministerio debe facilitar los gastos en los que ha incurrido tanto Grande-Marlaska como sus directores generales.