El Gobierno oculta a Transparencia el expediente del rescate de Pachá

En octubre, el CTBG estimó parcialmente una solicitud que pedía a Cofides, la empresa pública (dependiente del Ministerio de Industria) que gestionó el fondo de recapitalización de pequeñas y medianas empresas, una copia del expediente administrativo completo por el cual se concedió un préstamo de 18 millones al grupo Universo Pachá. La petición se produjo en enero, pero fue rechazada por Cofides, que esgrimió que estos datos tenían «carácter reservado».

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La empresa pública dictaminó además que este expediente contiene información sensible de la compañía «cuyo conocimiento por un tercero jamás habría sido posible en otras circunstancias». Transparencia considera, sin embargo, que esto no es suficiente para negar la información. Y establece en su resolución del caso que Cofides podría publicar información que justificase el rescate de Pachá sin que esta sea confidencial o «afecte a los intereses comerciales» de la empresa. Una información que permitiría determinar por qué el Estado le ha conferido 18 millones a esta compañía.

La respuesta de la empresa dependiente de Industria no se ha hecho esperar. A través de la Abogacía del Estado, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada por el Consejo de Transparencia. Además, ha solicitado al órgano judicial que acuerde la suspensión de la ejecución de la resolución hasta que no haya sentencia definitiva. En la práctica, este recurso, cuya posibilidad se contempla en la propia resolución de Transparencia, busca dilatar al máximo el proceso y que pasen años hasta que la decisión sobre esta medida sea definitiva. Desde Cofides aseguran a este periódico que no dispone de información sobre el plazo medio de duración de este tipo de procedimientos judiciales.

No es la primera vez que el Gobierno actúa de esta forma. Las empresas apoyadas han puesto desde el principio reticencias a hacer públicos estos documentos, alegando que eso significaría proporcionar información relevante acerca de su negocio a la competencia. Y el Gobierno les ha secundado en esta medida siempre que Transparencia le ha reclamado la documentación que ha abierto la puerta a los rescates.

En febrero, Transparencia pidió a Hacienda que publicara la resolución del consejo del fondo de apoyo a empresas estratégicas (dependiente de la SEPI) donde se aprobaba el rescate de 475 millones concedido a Air Europa, así como los detalles y condiciones de la ayuda concedida y el contrato en el que se determinan las decisiones estratégicas de la empresa. Pero el departamento de María Jesús Montero siguió el mismo camino que ahora Cofides para intentar ocultar los papeles.

Sucedió también con Plus Ultra. El Ministerio de Transportes, en ese momento con José Luis Ábalos a la cabeza, se negó a entregar a Transparencia los informes elaborados por Aesa y la Dirección General de Aviación Civil que sirvieron para dar luz verde a la llegada de los 53 millones a la aerolínea vinculada a empresarios venezolanos. La empresa entonces se acogía a la Ley de Secretos Oficiales. Una norma anterior a la democracia cuyo uso el organismo entendió como desproporcionado en relación a la documentación requerida.

Ahora, los rifirrafes llegan con Pachá, que protagonizó otro de los polémicos rescates firmados por el Gobierno en el marco de la pandemia. La ayuda de 18 millones al imperio de la noche llegó a finales del año pasado, en un momento donde el grifo de las ayudas a las empresas estaba prácticamente cerrado. Algunas de ellas llevaban más de un año esperando la financiación y sobrevivían con una tesorería muy apurada. Pero vieron cómo el dinero llegaba antes a la discotequera.

Y pocos meses después de la llegada del dinero, Pachá se puso en venta. El fondo estadounidense Trilantic, propietario del grupo de ocio, busca comprador tras un verano de récord en establecimientos clave como los de Ibiza y Mikonos. Una operación que, tal y como adelantó este periódico, Cofides ya barajaba cuando se le concedió el dinero, «al tratarse de un fondo de capital riesgo con un horizonte temporal de inversión limitado».

Lo cierto es que la opacidad del Gobierno respecto a la gestión de los fondos de ayudas a las empresas por el Covid-19 ha generado un gran revuelo político. Innumerables han sido las veces en las que la oposición ha pedido al Ejecutivo de Sánchez en el Congreso que sea más transparente con la gestión de los mecanismos de SEPI y Cofides, pero sobre todo con la del primero, que ha repartido algo más de 3.000 millones de euros a 30 empresas.

La judicialización del caso Plus Ultra causó un gran vendaval y puso en cuestión la manera en la que el fondo de rescate para empresas estratégicas estaba administrando las ayudas. Partidos como Ciudadanos movilizaron al Tribunal de Cuentas para que dictaminase si hubo malversación e incluso llevaron el caso a la Comisión Europea, aunque Bruselas no medió al tratarse de un rescate cuyo préstamo participativo era menor a 250 millones.

Estas acciones, de hecho, obligaron a revisar todos los rescates en marcha, lo que paralizó durante más de un año la actividad del fondo de la SEPI. En última instancia, los retrasos condicionaron las ayudas que finalmente otorgó el Ministerio de Hacienda a través del 'holding', ya que estos préstamos tenían un carácter excepcional y su aplicación caducó el pasado mes de junio.

Con todo, la actividad del fondo de la SEPI estará fiscalizada este año. El Tribunal de Cuentas incluyó a principios de año la supervisión «de la actuación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en el procedimiento de aprobación de operaciones de respaldo público temporal del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas» como parte de su programa de fiscalizaciones para 2022. El fondo de Cofides no ha tenido ningún tipo de vigilancia por parte del Tribunal de Cuentas.