El Senado impulsa una ley para mejorar la jubilación de policías y guardias civiles

La última iniciativa, que será aprobada en el pleno del miércoles, es una proposición de ley para incluir a los miembros de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y a los funcionarios de Vigilancia Aduanera dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación debido a la peligrosidad de su trabajo.

Se trata de una reivindicación histórica de los agentes, que dicen sentirse agraviados por la regulación actual. Ya el pasado 16 de marzo, una marcha de policías y guardias civiles –convocada por la plataforma 'Por la equiparación salarial y la jubilación digna', que agrupa a la mayoría de sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos– ocupó el centro de Madrid. Al grito de «Marlaska dimisión», miles de agentes desfilaron por las principales calles de la capital hasta el Congreso de los Diputados reclamando, entre otras cosas, una mejora en sus condiciones de jubilación, que ahora el PP quiere blindar por ley.

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A día de hoy, la Ley General de Seguridad Social –modificada por decreto en 2015– establece regímenes especiales para ciertas profesiones consideradas de alto riesgo, que pueden acceder a la jubilación antes que el resto sin sufrir los recortes ni penalizaciones en la cuantía que perciben los que se jubilan de manera anticipada. Entre estos trabajadores están artistas, profesionales taurinos, bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, como también ertzainas, policías locales, mossos d'Escuadra y miembros de la Policía Foral de Navarra. Ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil, con responsabilidades muy parecidas a los últimos cuerpos citados, están en la lista.

Ante esto, el PP propone añadir una disposición adicional, a la que ha tenido acceso ABC, según la cual y entre otros detalles, la edad para acceder a la pensión de jubilación –67 años de edad o 65 cuando se acrediten 38 años y medio de cotización– se vería reducida al aplicar un coeficiente de minoración. En concreto, de un 0,20 por año trabajado como miembro de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera. Es decir, que en el caso de trabajar 38 años, la edad de jubilación podría reducirse en 7,6. Eso sí, nunca podrán acceder a esta con una edad inferior a los 59 años, acreditando 35 o más de actividad efectiva, o a los 60 sin hacerlo.

«Es de justicia que impulsemos esta reforma», defiende Alicia García, portavoz del PP en el Senado. Entienden que «arriesgan su vida» preservando los valores democráticos y garantizando la seguridad en las calles. Algo que, por otra parte y según denunciaron a ABC agentes de la Policía Nacional, pone en duda la ley de Amnistía, cuestionando la actuación policial en los disturbios de Barcelona de octubre de 2019, tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los impulsores del 'procés' catalán.

«Los agresores se sienten impunes», rezaba el comunicado conjunto de distintos sindicatos policiales la semana pasada, en el que advertían que «la violencia contra los policías y los guardias civiles está descontrolada». Piden ser reconocidos como profesión de riesgo al jugarse «su integridad física» día tras día. «¿Cuántas víctimas necesitamos para que se reconozcan los mismos derechos que las otras corporaciones policiales como las Policías autonómicas y locales?», se preguntaban.

Una circunstancia a la que tratará de poner remedio el Partido Popular, que el miércoles pasado ya consiguió sacar adelante, con el voto en contra del PSOE, una proposición no de ley en la Comisión de Interior del Congreso con la misma exigencia para el Gobierno. La iniciativa de este miércoles superará sin problemas la votación en el Senado, que después del 23J está controlado por el partido de Alberto Núñez Feijóo. Después migrará hacia la Cámara Baja, encargada de darle la luz verde definitiva. Algo para lo que, muy previsiblemente, contará con más dificultades para fructificar.

Los socios independentistas y soberanistas de Pedro Sánchez han mostrado en múltiples ocasiones su falta de respeto por las autoridades nacionales e incluso los propios socialistas han bloqueado en la Unión Europea iniciativas similares a la que llegará al Congreso de la mano del PP. Más cuestionable sería la negativa del propio PSOE a una proposición que busca equiparar a este colectivo con otros cuerpos policiales.