La amnistía y las urnas sumen a España en la parálisis legislativa

Ocho meses después de la constitución de las Cortes Generales, en la que la elección de la socialista Francina Armengol dio visos de viabilidad a la gobernabilidad, todo sigue igual. La agenda legislativa no avanza, el Gobierno no lleva al Congreso grandes proyectos y los partidos de la oposición ven cómo sus normas, por ahora, no pasan de la toma en consideración por parte de la Cámara Baja, en el mejor de los casos.

La amnistía a los encausados por el 'procés', que sin duda marcará un antes y un después en la política española, lo contamina todo. Y el calendario electoral, con las citas catalana y europea a la vista tras el paso por las urnas en Galicia y el País Vasco, no ayuda en absoluto. Es evidente que el Palacio de la Moncloa –y el Congreso por extensión– funciona a ralentí, consciente de lo complicado de sacar adelante cualquier ley con unos socios tan imprevisibles como incompatibles entre sí. El resultado del País Vasco no amenaza ya el mapa político en Madrid, como dejaron claro este martes tanto Aitor Esteban (PNV) en el Congreso como Arnaldo Otegi (Bildu) en Radio Euskadi, pero ERC y Junts, en plena competición por la hegemonía independentista y a su vez intentando frenar las expectativas de Salvador Illa (PSC), son otro cantar.

El adelanto electoral en Cataluña que anunció Pere Aragonès (ERC) llevó al Gobierno a tomar la excepcional decisión de interrumpir la negociación de los presupuestos generales del Estado del 2024, prorrogar los actuales y centrarse en las cuentas del año que viene, con la idea de que las aguas parlamentarias desciendan menos bravas. Esto es solo la punta del iceberg. Este martes el portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, acusó a Armengol de echar «el cerrojazo» al Congreso, en «una estrategia premeditada» para «proteger» a Sánchez. Las dos próximas semanas no habrá pleno y la de este miércoles será la última sesión de control antes de las elecciones catalanas. Ni siquiera Íñigo Errejón, de Sumar, socio de los socialistas en el Ejecutivo, respalda este escenario: «Somos críticos con la decisión del PSOE de congelar el ciclo legislativo hasta que pase el electoral».

Desde que el 17 de agosto se celebró la sesión constitutiva de las Cortes Generales, el Congreso solo ha aprobado dos proposiciones de ley, dos reales decretos leyes y un proyecto de ley –estos últimos proceden directamente del Gobierno y se les presupone mayor rigor por contar con informes preceptivos de los órganos consultivos del Estado–. La Cámara Baja, en todo este tiempo, apenas ha aprobado la reforma del artículo 49 de la Constitución, una tarea pendiente, tras más de una década de reivindicaciones, para sustituir el término 'disminuidos' por 'personas con discapacidad'; la ley de amnistía, clave de bóveda y llave de permanencia de Sánchez en La Moncloa; y la ley de enseñanzas artísticas, heredada de la anterior legislatura.

Al contrario que la reforma constitucional, que ya está en vigor tras el aval del Senado, la amnistía ahora continúa su avance en la Cámara Alta con la oposición del PP, con mayoría absoluta, que trata de zancadillear una norma que, antes de las elecciones, el propio PSOE decía que era «claramente inconstitucional». También está en el Senado el proyecto de ley de enseñanzas artísticas.

La legislatura pasada, incluso socios fiables del Gobierno como el PNV criticaron el abuso sistemático de los reales decretos leyes. Esta, en enero, Sánchez sometió los tres primeros a la convalidación del Congreso, pero solo salvó dos, y gracias a un pacto 'in extremis' con Junts del que se informó después de la votación. Podemos, en su particular guerra con Yolanda Díaz, tumbó uno del Ministerio de Trabajo.

Lo que antes era costumbre, ahora cae en el olvido. En toda la legislatura pasada, en 41 meses, el Congreso convalidó 96 decretos –más de dos al mes– y derogó uno. Ahora, en ocho meses, ha aprobado dos y ha rechazado otro.