Sánchez reclama a los tribunales sentar jurisprudencia con el 'sí es sí' y mantiene abierto el debate sobre malversación

Sobre el primero de los asuntos, el jefe del Ejecutivo ha evitado cerrar la puerta a la modificación de la malversación que ya pide ERC, la formación con la que se negoció la derogación de la sedición, remitiéndose a las enmiendas que puedan presentarse a la proposición de ley registrada la semana pasada por el PSOE y Unidas Podemos, que el jueves 24 se discutirá en el pleno del Congreso y superará, previsiblemente, su primera criba parlamentaria. En todo caso, y repitiendo en varias ocasiones el coloquial término «problemón», Sánchez ha vuelto a reiterar su mensaje de que la «convivencia» en Cataluña ha mejorado notablemente desde que él llegó en 2018 a La Moncloa y «heredó» esa circunstancia.

Acerca de la rebaja de penas a condenados por abuso sexual como consecuencia de la entrada en vigor de la ley del 'sí es sí', Sánchez ha respaldado de manera inequívoca la norma, que no ha dudado en calificar de «ley de vanguardia» y de «gran conquista del movimiento feminista». El presidente ha reclamado a los jueces y fiscales «unificar doctrina» para evitar las rebajas de condena que se están produciendo en cascada, como ocurrió este martes con algunas resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid, que el propio Gobierno, por boca de la delegada para la violencia de género, Victoria Rosell, atribuyó al «machismo» de los magistrados que las emiten.

Unas declaraciones que ya han encontrado respuesta en la parte socialista del Gabinete. En declaraciones a Telecinco, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que «ni acepto ni comparto descalificaciones generales a los jueces. Y yo no estoy siempre de acuerdo con sus pronunciamientos. Si una ley produce efectos contrarios a los que se buscaban, lo estudiaremos». Unas manifestaciones muy similares a las que el martes hizo la titular de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero. En la misma línea se ha manifestado también este miércoles la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, quien ha hablado claramente de que se puedan hacer "modificaciones a esa ley para responder claramente a su objetivo, que es un cuidado y una protección clara de la víctima".

Sánchez ha asegurado que «la voluntad del Ejecutivo y del Legislativo fue reforzar las seguridades de las mujeres y por tanto lo que se ha hecho es identificar cualquier tipo de abuso como una agresión, para que haya penas más agravadas». El jefe del Gobierno ha concluido que «confío en los tribunales, espero que tengan esa sensibilidad», para revertir las modificaciones de condenas que ya se están produciendo.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, en unas declaraciones posteriores a las del presidente del Gobierno, no se ha movido ni un milímetro de la defensa de la ley, que considera que no tiene ningún problema, y de su ataque a los jueces que han aplicado estas rebajas de condena, a los que no ha dudado en volver a acusar de "machistas" y de "no estar cumpliendo con la ley".

Aludiendo a resoluciones de Naciones Unidas, Montero ha dicho que el organismo internacional "ya nos alerta de que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la justicia y que esos mismos estereotipos puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley, o que la apliquen de forma defectuosa". Algo que la titular de Igualdad piensa combatir reforzando, en aplicación de la misma ley, "la formación obligatoria a todo el personal que opera en la Justicia".