La rebaja de la malversación divide al Gobierno y a los aliados de Sánchez

Desde Junts, por ejemplo, consideran a los diputados de ERC «cómplices» del PSOE, que apoyó el 155 en 2017, y desde el Govern catalán, para defender el acuerdo con Sánchez, se califica a España de Estado «represivo por naturaleza». Mientras tanto, en Podemos -a diferencia de los comunes catalanes- no ven claro un ajuste en el delito de malversación.

Enfriando las declaraciones de Jaume Asens, presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, que defendió la reforma de la malversación, ayer, Pablo Echenique, portavoz parlamentario del grupo, no dio por seguro el apoyo de Podemos y dijo que era una opinión de Asens. «Hay que estudiarlo con mucho cuidado, este tema tiene aristas, es muy delicado», explicó.

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Víctor Ruiz de Almirón

Los de Oriol Junqueras tienen también el interés de tocar este delito para salvar a todos los cargos intermedios que están encausados por este delito y que están pendientes de juicio

En Junts también defienden que estudiarán a fondo la propuesta que les llegue para evitar que «se agraven más algunas situaciones», como que se catalogue de malversación la actuación de un político que no tenga lucro propio. Evitar esto beneficiaría a Puigdemont, por ejemplo.

No obstante, otros socios del Gobierno, como Compromís, ven difícil esa diferenciación y advierten de que habrá que hilar fino porque podría haber políticos acusados de malversación que podrían aprovecharse. Es el caso de la Kitchen, donde no hay indicios de que los investigados se enriquecieran.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, reiteró ayer que su partido no apoyará la eliminación de la sedición del Código Penal, que se tramita por el procedimiento de urgencia, por ser una estratagema para «extraditar» y juzgar al fugado Carles Puigdemont en el Tribunal Supremo.

Nogueras reprochó a ERC convertirse en muleta de los socialistas. «No vamos a ser cómplices de blanquear al PSOE ni al Gobierno, ni mucho menos de que se llegue al objetivo máximo, que es poder extraditar al muy honorable 'president' Puigdemont», dijo.

De esta manera, Junts dirige sus críticas directamente contra ERC y, justamente, uno de los motivos que esgrime el PSOE para acelerar la reforma global del Código Penal, si bien todavía nadie del Ejecutivo o PSOE ha concretado por qué delito se podría entregar a Puigdemont, que ya podría haber sido extraditado por malversación; lo que rechazó el juez Pablo Llarena.

La polémica por la reforma del delito de malversación centrará el debate de los próximos días. ERC y los comunes e IU apuestan claramente por distinguir entre el cargo público que malversa para su lucro personal y el que lo hace para otros. De esta manera, podrían beneficiarse muchos cargos intermedios de la Generalitat que participaron en el 1-O, la llamada infantería del 'procés', sobre los que pesa la acusación de malversación y están pendientes de juicio.

Pero el temor a que la reforma afecte a casos de corrupción también aborda a los republicanos. De hecho, ayer Rufián habló de la necesidad de ser «quirúrgico» y que la rebaja de la malversación solo afecte a los condenados por sedición.

En esta línea crítica con la reforma se manifestó también el presidente de Junts en el Parlamento de Cataluña, Albert Batet, que exigió a Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, dar explicaciones sobre la negociación con el Gobierno en la cámara catalana. Aragonès lo hará en las próximas semanas para exponer «los matices» que hagan falta, según anunció la portavoz autonómica, Patrícia Plaja.

Pero fue Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, quien respondió a su homóloga de Junts, no sin cierta ironía: «Un día más en la oficina, no hablamos de Junts, Cataluña es mucho más que una discusión entre Junts y ERC. Cada vez que hablo de Junts se genera un ruido que ahuyenta a gente y no lo voy a hacer».

Por si estas fueran pocas dificultades para el Gobierno, que lidera la reforma global del Código Penal, ayer se sumó a la crítica de la modificación legislativa el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Y, para más inri, la portavoz del Govern catalán celebró el acuerdo descalificando a España: «El Govern celebra el paso (el pacto para eliminar el delito de sedición). Es una mejora respecto donde estábamos. El Estado español, inmovilista y represivo por naturaleza, ¿hubiera dado este paso? No. ¿Alguien cree que el Estado español, inmovilista y represivo por naturaleza, da pasos de forma voluntaria? No».