Podemos se enroca en culpar al «machismo» de los jueces y el PSOE duda de la 'ley del sí es sí'

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, confirmó en la tarde de ayer en el Senado que el Gobierno va a «estudiar la sentencia con detenimiento» y «estudiar el texto legal» porque «no era el objeto de la ley que se pudieran rebajar las penas, todo lo contrario».

«Después de algunas sentencias que se han dictado al amparo de la ley», apuntó, se requiere «estudiar esta cuestión». Insistió en que el Ejecutivo escudriñará las resoluciones judiciales de revisiones de condena para ver «cuáles son las cuestiones en que se ampara» pero también «el propio texto legal», que salió adelante sin incluir las modificaciones sobre este asunto concreto que planteó, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial. En privado, otros miembros del Ejecutivo comentaban a este diario que «si su aplicación conduce a esas puestas en libertad, habría que volver a verlo».

Desde el Ministerio de Justicia, ayer abundaban en la necesidad de «esperar a conocer los criterios de interpretación» de los tribunales» porque, conforme comentaban a ABC, «hasta que no se conozcan en detalle las motivaciones, no se puede hacer una valoración fundamentada».

La titular de Hacienda y número dos del PSOE se pronunciaba de este modo después de que el Ministerio de Igualdad, a través de la delegada del Gobierno contra Violencia de Género, Victoria Rosell, en una rueda de prensa convocada de urgencia junto a la secretaria de Estado Ángela Rodríguez-Pam, se enrocase en la defensa de la «magnífica» ley y culpase a los jueces de las revisiones de condenas que la misma norma ampara. En su opinión, concurre «un problema de interpretación voluntarista judicial en contra de los avances del feminismo» y «bastante voluntarismo en realizar una revisión penal que no está basada en la ley, sino en algún resquicio y en la voluntad».

Ese «resquicio», por el que un padrastro condenado a ocho años de prisión por abusar de una menor ahora está condenado a dos años menos, es el que se ha producido cuando al fundir los delitos de abuso sexual y agresión en el Código Penal, la horquilla de penas mínimas ha quedado por debajo del umbral que antes se contemplaba. Y la máxima, que recoge el mismo código, es que cualquier reforma en beneficio del preso se aplique con carácter retroactivo. También tenía el legislador a su alcance la posibilidad de introducir disposiciones transitorias en la reforma que acotasen qué sentencias se podían revisar y con qué alcance, como establecer un periodo transitorio antes de la entrada en vigor que diese tiempo al análisis práctico de los pormenores, pero no fue así, como recordaba ayer en redes sociales el letrado José María de Pablo.

Para Rosell, «el Gobierno hace su trabajo y lo hace muy bien». «El Poder Judicial tiene que hacer su trabajo también formándose y aplicando la ley como es, no de manera tan reaccionaria y sorprendente». Horas antes había hablado de «justicia machista» en su cuenta de Twitter.

La rueda de prensa incluyó un recado a los abogados que han apuntado desde el inicio que se rebajaban las penas: «Yo respeto a las penalistas a las que no nos va la vida en defender a los agresores pederastas», dijo Rosell.

Igualdad lleva meses negando que la reforma pudiese conllevar rebaja alguna de las penas, pese a que las solicitudes comenzaron a registrarse desde el mismo día en que entró en vigor la ley del «sí es sí». «Todavía no se conoce una sola reducción de penas, y no se va a conocer, es propaganda machista», dijo el pasado 2 de noviembre la ministra Irene Montero. Afirmó que había interés en «criminalizar los avances feministas» mediante el «terror sexual y señaló a los abogados: «Es el recurso que les queda a los defensores de los agresores sexuales cuando se avanza en la protección de los derechos de las víctimas».

Para ese día, la sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid había ya reducido en cinco años la condena al mencionado profesor de Inglés, una resolución que reveló ayer este diario. Cinco días después, se firmó la reducción de dos años para el también mencionado padrastro por abusar de la menor a su cargo. Rosell, que es juez, cuestionó en redes este caso particular aduciendo que el tribunal debió aplicar un agravante. El problema es que ese agravante ya fue analizado en el juicio y se descartó en la sentencia.

En todos esos días en los que desde Igualdad se negaba la posibilidad de revisar condenas, como cuando el abogado de la manada planteó que quizá los suyos, también se podrían beneficiar, había ya juzgados de oficio notificando a defensas y víctimas en causas por abusos sexuales de que con la reforma, podía concurrir una revisión. «Cómo no va a ser obvio que (el cambio) es beneficioso si desde el propio juzgado, el propio juez te dice de oficio que revises tu caso porque la nueva ley puede ser en beneficio del reo», comenta a ABC la letrada Cristina Herrero, de RV Asociados. Ella llevaba la representación de uno de los menores abusados por el profesor de Inglés. «No ha cumplido ni dos y ya está en la calle», lamenta.

Esta abogada, que representa habitualmente a víctimas de estos delitos comenta que «la reforma ha sido un varapalo». Tiene ya diez providencias sobre la mesa de otros tantos juzgados avisando de que la persona que fue condenada por abusos sexuales tiene derecho a una revisión ante una nueva legislación porque puede beneficiarle.

En total, son una veintena las revisiones de sentencias por abusos sexuales que se han acometido en las secciones de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid, todas a la baja, de acuerdo a las fuentes consultadas por este diario. Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia comunicó que tenía ya un caso: de ocho años y medio a seis y medio. Era agresión sexual.

Se espera que el alcance sea mayor a nivel nacional. Solo el año pasado fueron condenadas 3.881 personas por delitos contra la libertad sexual de las que 491 lo fueron por agresiones y 1.556 por abusos con el anterior Código Penal.

Desde la Fiscalía General se están estudiando las revisiones. «Si se estima necesario, se elaborará una circular», señalaban ayer a ABC.