Sánchez busca blanquear al secesionismo en la UE para justificar sus pactos

En el documento se destaca que los secesionistas contaron en ese proceso, del que ahora se cumplen seis años, con la colaboración del Gobierno de Vladimir Putin, muy interesado no tanto en debilitar a España –que también– sino en desestabilizar uno de los países más importantes de la UE.

En este contexto, el Gobierno en funciones decidió pedir a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) desvincular el independentismo catalán del terrorismo, una identificación que se hace en su informe sobre 'Situación y tendencias del terrorismo en la Unión Europea' (Tesat). Fuentes de la Seguridad Nacional consultadas por ABC explican que el Ejecutivo necesitaba hacer este movimiento para justificar ante sus socios europeos las negociaciones que iba a emprender con los promotores del 1-O.

En 2017 España pidió, y obtuvo, la solidaridad de los países de la UE para conjurar la amenaza independentista. Desde entonces han sido varias las ocasiones, incluso con Sánchez ya en el Gobierno, en las que se ha vuelto a apelar a esa ayuda. Por ejemplo, para traer a Carles Puigdemont de vuelta a nuestro país para ser juzgado –compromiso solemne del actual presidente en funciones cuando estaba en la oposición– o para neutralizar el discurso que el independentismo catalán ha intentado imponer en Europa.

Ahora, esos mismos países ven cómo el jefe del Ejecutivo intenta pactar con los mismos que pusieron en jaque la estabilidad de España y que no han dejado de maniobrar en Europa para minar la imagen de nuestro país como una democracia. Pedro Sánchez es consciente de que esa paradoja es difícil de explicar ante los socios europeos y, por eso, ha comenzado a hacer movimientos que justifiquen el cambio de posición.

El Ministerio del Interior y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) aseguran que ya en junio pasado –por tanto, antes de las elecciones generales del 23J– se había pedido de forma verbal a Europol que retirase de su informe la relación entre independentismo y terrorismo. Llama la atención, sin embargo, que se utilizara este método informal cuando lo que se quiere es retirar una afirmación de esa envergadura de un documento que reciben todos los países miembros de esa organización. «Lo habitual, si hay de verdad interés, es que se haga una comunicación oficial por escrito», explican las fuentes consultadas por ABC.

Es relevante también que el director de ese centro de coordinación, que depende del ministerio de Fernando Grande-Marlaska, enviase la carta justo el primer día del Debate de Investidura de Alberto Núñez Feijóo. Por la mañana había presentado en Benalmádena (Málaga) la Conferencia Internacional sobre Radicalización organizada por el Citco en el marco de la Presidencia de España de la UE, que se prolongaba hasta el día siguiente, pero el director ya no asistió a la sesión de la tarde a pesar de ser el anfitrión. Se desconoce si esa ausencia se debió a una llamada de Interior relacionada con la misiva que se envió a Europol u obedeció a otro motivo.

«¿Cómo podría explicar el Gobierno en Europa estos acuerdos con los que plantearon un pulso al Estado si antes no blanquean a sus nuevos socios? El problema que tiene el presidente en funciones es que en este caso no se trata solo de desvincular en Europol el independentismo de los movimientos terroristas, sino que además tiene sobre la mesa un documento redactado por el Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas, avalado por la Comisión Europea, en el que cita de forma expresa el caso de los secesionistas catalanes y el apoyo que recibieron de Rusia como una de ellas», añaden las mismas fuentes.

Este informe, además, en ningún caso puede ser ignorado por el Ejecutivo español, que lo hace suyo desde el momento en que está disponible en la página web de la Departamento de Seguridad Nacional. Este organismo está adscrito al gabinete de la Presidencia del Gobierno, al frente del cual está el general de brigada Miguel Ángel Ballesteros. A este documento se une otro en el mismo sentido que fue aprobado también este año por el Parlamento Europeo a instancias del Grupo Popular de esa Cámara.

«Que el Gobierno español elimine del Tesat la referencia a la identificación de los grupos independentistas catalanes violentos con el terrorismo tiene un valor simbólico pero muy relativo –explican las fuentes–, porque para redactarlo lo que hace Europol es sistematizar la información que aporta cada país; por tanto, si el interesado pide a ese organismo de cooperación policial que se quite alguna afirmación lo normal es que lo haga».

Pero fuentes de la máxima solvencia, además, destacan en el mismo sentido lo llamativo de que la instrucción judicial por el caso de los cuatro CDR detenidos en agosto por la Policía por intentar volcar aceite en la carretera al paso de la caravana ciclista de la Vuelta a España recayera en un juzgado de Solsona. Tan llamativo es, que el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha pedido a la Comisaría General de Información y a la Jefatura de Información de la Guardia Civil sendos informes sobre si alguno de los arrestados está implicado en la causa contra estos grupos violentos que se sigue en ese órgano judicial.

«Lo que tenían preparado (estos individuos) no era un simple acto de protesta; contaban con un sofisticado artefacto para perpetrar una acción que podría haber provocado daños personales irreversibles, muy probablemente diseñado por uno de ellos, ingeniero mecánico», dicen esas fuentes consultadas por ABC. Era «un hecho perfectamente planificado y organizado», añade por su parte el juez Gadea, que en su auto parece traslucir su perplejidad porque el caso no fuera judicializado desde el principio en la Audiencia Nacional.

Si en clave nacional la estrategia del Gobierno en funciones es desvincular el independentismo radical catalán de la violencia, a pesar de que los dirigentes políticos de este sector siempre han mostrado su apoyo a los CDR y sus algaradas callejeras con enfrentamientos graves con las Fuerzas de Seguridad, en el de la UE el plan es obviar las conexiones del secesionismo con Rusia, a pesar de los informes que las avalan.

«Hay preocupación en sectores europeos, porque nadie olvida que Europa está involucrada en una guerra, la de Ucrania, en la que el enemigo es, paradójicamente, aliado estratégico del independentismo catalán, según admite la Comisión en su informe», dicen las fuentes de la Seguridad Nacional consultadas por ABC. «Es decir; un líder político, en este caso español, quiere llegar a acuerdos con quienes participan en una de las principales amenazas híbridas identificadas por sus socios europeos».

Además, las mismas fuentes recuerdan que esta alianza de Rusia con sectores que pueden desestabilizar países miembro de una alianza enemiga, como es la Unión Europea, «se enmarca a la perfección en su concepto estratégico a la hora de enfrentarse a cualquier conflicto. Según su doctrina, el teatro de operaciones no se limita al frente de guerra y zonas directamente afectadas por ella, sino que se extiende a la retaguardia del enemigo, entendida como todos los estados implicados a los cuáles intenta desestabilizar».

«Rusia sabe que si consigue encender la mecha en una parte del territorio español apoyando a los independentistas violentos, muchos otros de la Unión Europea en los que también hay tensiones separatistas pueden ser los siguientes», concluyen las fuentes.