Europol ya estudia la petición del Gobierno para desvincular al independentismo catalán del terrorismo

Fue el martes pasado cuando el Ministerio del Interior pidió a la Unión Europea desvincular el concepto de terrorismo del de independentismo catalán en el Tesat 2023. Una exigencia expresa de Carles Puigdemont para negociar su apoyo a un futuro Gobierno liderado por Pedro Sánchez.

«No se puede negociar con quien, en la directiva donde se fijan los objetivos de inteligencia para los cuerpos policiales, nos considera la segunda amenaza más importante después del terrorismo yihadista y que pide a Europol que nos trate de terroristas», afirmó Puigdemont en rueda de prensa el pasado 5 de septiembre.

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Sin embargo, el Ejecutivo se ha apresurado en negar la vinculación entre las negociaciones que mantiene con Junts per Catalunya y dicha petición a Europol que ahora ya estudia la organización. En ese sentido, fuentes de Interior explicaron a Ep que ya en marzo y diciembre del pasado año el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) —institución dependiente del ministerio y encargada de remitir la carta a Europol— alertó sobre lo que calificaron como «error técnico».

El Tesat es un informe que elabora Europol recabando la información que facilitan los propios Estados miembros de la Unión Europea. No cuenta, por lo tanto, con capacidades operativas. Su función es ofrecer a «funcionarios encargados de la aplicación de la ley y a responsables políticos» datos y cifras sobre el terrorismo en la UE, «al tiempo que identifica las tendencias en desarrollo en este ámbito delictivo».

De esta forma, si Europol accede a aplicar las modificaciones que reclama el Gobierno, el Tesat 2023 —al que ya no se puede acceder por estar «bajo revisión»— y posteriores informes ya no considerarían a organizaciones terroristas como los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), vinculadas al independentismo catalán, como tales, dado que es el propio Estado español el que entiende que no existe tal vínculo.

En este punto, conviene recordar que en octubre del año pasado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputó a 12 personas por pertenencia a organización terrorista en el marco de la actividad que llevaron a cabo los CDR en los meses posteriores a la Declaración Unilateral de Independencia en 2017. Además, imputó a nueve de ellos la tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.

Según la investigación, los objetivos de lo que se conoció como Equipo de Respuesta Táctica (ERT) eran dos, principalmente: asaltar el Parlamento catalán y llevar a cabo atentados contras puntos estratégicos que ya estaban delimitados y estudiados.

El movimiento del Gobierno, que coinciden con las reclamaciones del independentismo, ya ha tenido respuesta por los grupos de la oposición en las propias instituciones europeas. La eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundua, ha solicitado en un escrito dirigido a a la directora de Europol, Christine de Bolle, mantener el control sobre «la violencia política y el odio ideológico del independentismo catalán.

También ha seguido esa misma línea el Partido Popular. Dolors Montserrat la portavoz de la formación en el Parlamento Europeo, ha calificado la maniobra del PSOE de «nuevo uso partidista de las instituciones», puesto que el único motivo de elevar la petición a Europol sería el de «mantenerse en el poder».