Sánchez blanquea a Bildu y adelanta una generación su influencia política

Los beneficiados del sanchismo son muchos y diversos, pero a escala nacional destacan Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, y Mertxe Aizpurúa, su portavoz en el Congreso de los Diputados. El primero ya empezó a ser blanqueado cuando Zapatero lo calificó de hombre de paz y después cuando el independentismo catalán lo acogió como un referente con el que hacerse 'selfies'.

La segunda ha tenido un papel creciente en esta legislatura, siempre al calor de las necesidades aritméticas del Gobierno en la Cámara Baja y a pesar de su relato sobre lo que sucedió en el País Vasco y en el conjunto de España en los 50 años de terrorismo. Aizpurúa era la editora del periódico proetarra 'Egin' cuando el día de la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara tituló así a toda página: «Ortega vuelve a la cárcel». Pero a ella se le perdona todo y sólo hay que escuchar el tono bronco con el que Pedro Sánchez trata a los portavoces del Partido Popular, Vox o Ciudadanos y el tono conciliador con el que se dirige a la de Bildu. Ni siquiera es necesario entrar al contenido.

El pasado 27 de junio se produjo en el Congreso una imagen especialmente simbólica: el acto oficial en el día de las víctimas, con un hemiciclo semivacío y la portavoz de Bildu en la primera fila de la bancada, arropada por los representantes del PSOE y ERC. Y con la anuencia del presidente del Gobierno, que cerró su proceso de blanqueamiento incorporando a los proetarras a la redacción de la ley de memoria democrática, extendida por exigencia de éstos hasta 1983. Todo en la misma semana en la que a millones de españoles se les volvió a retorcer el estómago recordando lo que pasó en Ermua hace 25 años.

Echemos la vista atrás, a 2015. Hoy es viral la entrevista en la que Pedro Sánchez, entonces líder de la oposición, respondía fanfarrón a un periodista: «Se lo puedo decir cinco veces o veinte, con Bildu no vamos a pactar». O en 2019: «El PSN y el PSOE tenemos la misma posición, con Bildu no se acuerda nada». Al final, la coalición abertzale es para el PSOE un actor más y los socialistas gobiernan en Navarra gracias a su apoyo, aunque la principal beneficiada, María Chivite, cuenta con asesores, alguno converso, que se dedican a negar la evidencia.

El hecho es que Bildu campa a sus anchas un par de décadas antes de lo previsto y eso tiene efectos concretos e inesperados. ¿Está preparada para asumir la vida institucional en un Estado que quiere aniquilar o acabará implosionando desde dentro? ¿Cómo asumirá el PNV su nueva posición de príncipe destronado? Y el PSE, ¿está dispuesto a convertirse en un partido muleta de ambos?

No es democrático negarle a Bildu el derecho a sentarse en las instituciones si hay una parte del pueblo que los vota. Es legal y legítimo. El problema no es que se sienten, sino que sean considerados interlocutores válidos, que es lo que ha propiciado Sánchez por la sencilla razón de que los necesita para gobernar, dado que sólo tiene 120 escaños.

En el sanchismo, el proceso de blanqueamiento de Bildu empezó el 22 de diciembre de 2019, en las rondas de consultas posteriores a las segundas elecciones generales del 10 de noviembre. La entonces portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, y su adjunto, Rafael Simancas, otorgaron carta de interlocutor oficial a Bildu al reunirse con ellos en el Parlamento: sus rostros en la foto que testimonió aquel encuentro eran propios de un funeral –la mala conciencia–, pero Bildu ya había dado un paso importante. El siguiente tuvo lugar el 7 de enero de 2020, cuando el PSOE aceptó su abstención en la sesión de investidura de Pedro Sánchez: si hubiesen votado no, el candidato socialista habría fracasado.

El tercer avance en el proceso de blanqueamiento tuvo lugar cinco meses después, el 20 de mayo, cuando el PSOE y Bildu emitieron un comunicado conjunto en el que se comprometían a derogar «de manera íntegra» la reforma laboral; la escandalera fue tal que el PSOE tuvo que rectificar esa misma medianoche, pero Bildu ya había dado otro nuevo salto, el tercero.

A finales de ese año el PSOE negoció con Bildu su apoyo a los Presupuestos del Estado para 2021, al igual que sucedió después con las cuentas públicas de 2022 y con numerosas votaciones en el Congreso.

El quinto paso y definitivo ha sido la negociación con los bildutarras para reactivar la ley de memoria democrática: tras el batacazo electoral del 19-J en Andalucía, el presidente del Gobierno dio orden de impulsar esta norma, que llevaba meses metida en un cajón. Dado que la exigencia de ERC de derogar la Ley de Amnistía de 1979 es inasumible para el PSOE, los socialistas negociaron abiertamente con Bildu y aceptaron extender hasta 1983 el reconocimiento de víctimas de torturas, lo que supone incluir a los terroristas Lasa y Zabala, asesinados por los GAL.

Entre la foto-funeral de Lastra y Simancas y el pacto de la memoria democrática han transcurrido dos años y medio, treinta meses en los que Bildu ha dado un salto de gigante, siempre al calor de las necesidades de Pedro Sánchez.

En medio de todo ello, en octubre de 2021, se cumplieron diez años del «cese definitivo de la actividad armada» de ETA. Arnaldo Otegi dedicó una frase a las víctimas que la izquierda oficial española acogió con gran entusiasmo: «Sentimos enormemente su sufrimiento. Eso nunca debió ocurrir». Es justo reconocer que es algo más de lo que venía diciendo el colectivo proetarra, pero ni pidió perdón, ni condenó a ETA ni hay un ápice de colaboración para resolver los atentados sin esclarecer.

Unos días después, 'El Correo' publicó en exclusiva la intervención en la que Otegi destapaba sus planes en política nacional: «Si para traer 200 presos hay que votar los Presupuestos, los votaremos». Lo cierto es que, desde que Bildu forma parte del plan de gobernabilidad de Sánchez, el Ministerio del Interior ha autorizado 135 traslados de presos etarras al País Vasco y Navarra, según datos de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

Los presos son el elemento que amalgama el espectro político de Bildu, como muestra la manifestación multitudinaria de primeros de enero, su auténtica demostración de apoyo social. Por eso son su prioridad y por eso Sánchez cede.

El pacto PSOE-Bildu para desatascar la ley de memoria trascendió hace ahora un mes, el 29 de junio. La portavoz abertzale, Mertxe Aizpurúa, dio una rueda de prensa en el Congreso, pero no se quedó ahí. Al día siguiente, atendió de nuevo a los medios en San Sebastián y lo hizo junto a los familiares de Lasa y Zabala. Se trataba de sacar pecho por haber arrancado al Gobierno la cesión del Palacio de La Cumbre de la capital guipuzcoana (donde ambos fueron torturados) para «recuperar la memoria» de Lasa y Zabala. Bildu vendiendo influencia en Madrid supone un cambio significativo, también en la política vasca.

De todos modos, el problema que tiene Bildu es su propia organización interna. Entre sus jóvenes existen distintas corrientes que en las últimas semanas han derivado en enfrentamientos violentos y eso preocupa en Bildu y en Sortu, pero también en el Ejecutivo vasco y en el Gobierno. En la izquierda abertzale se da por descontado que a largo plazo esas nuevas generaciones no se moverán en clave tan ideológica como puede hacerlo la actual dirección de Sortu –a la que se incorporó en enero el último responsable de ETA, David Pla–, pero la presencia de Otegi no contribuye en absoluto.

La incorporación de Bildu a la política nacional como uno más tiene repercusiones concretas sobre actores concretos. Y muy especialmente sobre dos: el PSE y el PNV. Los nacionalistas ya no tienen la exclusividad de negociar en Madrid para conseguir recursos para el País Vasco y eso les pone en una situación nueva en la que están francamente incómodos.

En esta legislatura se han dado situaciones en las que el PNV se ha enterado por la prensa de acuerdos del Gobierno con Bildu, como la famosa derogación «íntegra» de la reforma laboral. Este verano, el PNV cierra el curso político más distanciado que nunca de Sánchez: porque da alas a Bildu y porque no cumple los compromisos adquiridos, con Bildu ganando influencia en Madrid y apoyos en el País Vasco.

Eso sí, arrepentimiento por haber apoyado la moción de censura a Rajoy, ninguno. Ante la eventualidad de que Alberto Núñez Feijóo pudiera requerir su apoyo tras las siguientes elecciones generales, en el PNV sólo tienen una idea clara: si Vox está en la ecuación, bajo ningún concepto.

La creciente influencia que Sánchez ha regalado a Bildu no sólo supone un perjuicio al PNV, también a los socialistas vascos. Aquí la pregunta adecuada no es ya si el PSE está dispuesto a pactar gobiernos en esa comunidad con los bildutarras, la pregunta es cuándo. Porque otra clave está en que sociológicamente el País Vasco va hacia dos bloques: la derecha con el PNV al frente y la izquierda con Bildu mandando.

De confirmarse estas tendencias y a la velocidad que Sánchez está blanqueando a Bildu, ¿cuánto tardará el PSE en estar dispuesto a permitir en el País Vasco un Gobierno de los proetarras?

Un dirigente relevante del PNV ve «muy difícil» un acuerdo en el ciclo electoral entre las municipales del próximo mes de mayo y las autonómicas de 2024 (en junio a lo más tardar), pero a la velocidad que se suceden los acontecimientos, nada es descartable. ¿Está el PSE preparado para dar ese paso a la sombra de la política de Sánchez?

Fue Pablo Iglesias quien dijo que había que incorporar a Bildu a la dirección del Estado y la estrategia del presidente del Gobierno le están dando la razón. También a Alfredo Pérez Rubalcaba, que cuando bautizó un pacto del PSOE con Bildu, ERC y PNV como «Frankenstein», lo explicó así: el problema de pactar con los malos es que al principio piensas que los vas a traer a la moderación, pero lo probable es que sean ellos los que te lleven a la radicalidad.

Los hechos le dan la razón al último secretario general del PSOE antes de Sánchez, pero éste decidió resolver sus necesidades apoyándose en Bildu y apostando por un proceso veloz de incorporación a la toma de decisiones. Bildu está aprovechando la oportunidad manteniendo sus posiciones en relación con los 50 años de terrorismo, de desafío al Estado, de ataque a la Transición y al sistema en su conjunto y de desprecio a las víctimas: sin pedir perdón, sin condenar a ETA, sin colaborar en los atentados. Pero adquiriendo más y más cotas de influencia, la antesala del poder. Gracias a Pedro Sánchez.