Todo lo que hay que saber de la querella contra el juez Peinado que deja en el aire su continuidad al frente de la causa

El juez Juan Carlos Peinado no tendrá que apartarse del caso de Begoña Gómez porque entonces bastaría con presentar una querella contra un juez para conseguir un cambio de instructor en una causa. No obstante, el movimiento sí abre la puerta a que la defensa de Gómez, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho, pueda pedir su recusación, un escenario en el que Peinado quedaría al margen del procedimiento mientras se resuelve la petición. Un juez sustituto asumiría mientras tanto la causa para que la investigación siga su curso.

Los jueces tienen una condición especial y están aforados, por lo que tienen derecho a ser investigados y juzgados por un tribunal distinto al del resto de ciudadanos si se les imputa un delito. En este caso, el juez Peinado al ser titular de un juzgado de Madrid, el de Instrucción número 41, tendría que responder ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), si finalmente la querella por prevaricación se admitiera a trámite.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene que decidir si admite a trámite la querella interpuesta por la abogada del Estado Zaida Fernández Toro, en representación de Sánchez como presidente del Gobierno. En caso afirmativo, habría que designar a un instructor y éste podría comenzar a practicar las diligencias solicitadas en el escrito, como recabar del juzgado la causa que se sigue contra Begoña Gómez por corrupción en los negocios y tráfico de influencias, o citar al juez sustituto que, tras recibir la carta del presidente del Gobierno, ratificó la decisión de Peinado de no permitir a Sánchez declarar por escrito. La abogada del Estado quiere que aclare si el contenido de la providencia en la que acordó la decisión lo hace «propio» o si fue «expresión del parecer exclusivo del querellado».

Lo habitual es que antes de admitir a trámite o no la querella, desde el TSJM se diera traslado al Ministerio Público para que estudiara la querella e informara a favor o en contra de su admisión en un escrito en el que exponga sus argumentos. La clave estará en si se aprecia indicios de prevaricación en la decisión de Peinado de tomar declaración a Sánchez de manera presencial, alegando que debía preguntarle como marido de Begoña Gómez y no como presidente del Gobierno. Cabe recordar que cuando la fuente de conocimiento de los hechos está vinculado al cargo, la ley contempla que los miembros del Ejecutivo puedan contestar a las preguntas del instructor por escrito.

La Abogacía del Estado atribuye al juez Peinado un delito de prevaricación por obligar a Sánchez a comparecer de manera presencial y en el Palacio de la Moncloa, una decisión que tacha «injusta» y por la que acusa al instructor de omitir «de manera consciente y deliberada las garantías procesales propias de la declaración testifical del presidente del Gobierno». El Código Penal establece que el juez o magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

El próximo jueves se reanudan los interrogatorios ante el juez Peinado en los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) después de que la declaración del empresario Barrabés, en calidad de investigado, se aplazara «por motivos médicos». Ese día también están citados el CEO del grupo, Luis Miguel Ciprés, y el 26 de agosto la exdirectora de Wakalua, filial de Globalia, Leticia Lauffer. Ambos como testigos.