Sánchez se querella contra el juez Peinado por prevaricación tras no declarar en el caso de Begoña Gómez

En el escrito, adelantado por elDiario.es y al que tuvo acceso ABC, Sánchez atribuye al magistrado un presunto delito de prevaricación y pide que se recabe del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid la causa de Begoña Gómez. También que se tome declaración a Carlos Valle, el juez que, en sustitución de Peinado, contestó a la carta que el presidente del Gobierno envió solicitando declarar por escrito y ratificó la decisión de que la comparecencia fuera presencial.

Tras hacer un repaso de las decisiones adoptadas por el juez Peinado, concluye que «resulta obligado» ejercer acciones legales ante la «necesidad de defender la institución que representa, la Presidencia del Gobierno« y niega que esto constituya un ataque contra el poder judicial. »Al contrario, es expresión en la confianza en el poder judicial, al entender que es el adecuado para resolver un abuso, en este caso judicial y atribuible a uno de los más de 5000 jueces que ejercen su función en España. Es, además, el único medio de defensa que queda frente a un ataque absolutamente carente de justificación o motivación por parte de quien ejerce funciones jurisdiccionales«, se puede leer.

«Se trata de impedir que el ejercicio del poder judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales. No hay duda de ello y no la ha habido desde la aprobación de nuestra sobradamente centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal. A nadie se le escapa la relevancia pública, también la eventual relevancia electoral, que puedan tener las resoluciones judiciales que afectan a los cargos del poder ejecutivo, prosigue.

Además, afea al instructor la «inconcreción y generalidad» de la causa, en la que el propio juez «vincula y concreta la actividad profesional de Begoña Gómez »a la condición profesional, que no personal«, de Sánchez. Lo que, a su juicio, resulta determinante »a la hora de definir qué investiga«: se le investiga, dice, desde que es él es presidente del Gobierno, »no actos antes de alcanzar la Presidencia, aunque ya estuviesen casados«.

Por tanto, es en esa condición, la de jefe del Ejecutivo y no 'marido de', por la que se le tendría que haber citado y permitido testificar por escrito en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), defiende. «No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación»- insiste- «es la condición de presidente del gobierno del marido de la investigada».

Y considera que Peinado omitió «de manera consciente y deliberada las garantías procesales propias de la declaración testifical« del jefe del Ejecutivo. En la querella, Sánchez también cuestiona la decisión del instructor de grabar su comparecencia como testigo, algo »pensado para la sede judicial«, apunta, »donde hay elementos técnicos que permiten su desarrollo de tal forma«.

A las 11.00 horas de este martes Sánchez tenía su cita ante el juez Peinado para declarar como testigo por las actividades profesionales de su esposa. Hasta el Palacio de la Moncloa se desplazaron también el fiscal José Manuel San Baldomero, las defensas de los investigados y la abogada de Vox, Marta Castro, en representación de todas las acusaciones populares.

Todos los testigos están obligados a contestar y decir la verdad, salvo si se trata del cónyuge del investigado o un familiar directo, como es el caso. Así lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) en su artículo 416 y es a lo que se ha acogido el presidente del Gobierno. Según explican fuentes jurídicas a ABC, el juez Peinado ha advertido a Sánchez al inicio de la comparecencia que al ser marido de la investigada, no tenía obligación de declarar, tal y como contempla la legislación.

En declaraciones a los medios a la salida del palacio presidencial, Marta Castro, coordinadora jurídica de Vox, ha explicado que la comparecencia del jefe del Ejecutivo se ha producido en un despacho habilitado a tal efecto, donde las partes, finalmente, no han podido formular sus preguntas. A juicio de la letrada de Vox, Sánchez está «impávido» y «altanero».

Por su parte, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha asegurado que la declaración del presidente del Gobierno ha durado «exactamente dos minutos», en los que el juez le ha preguntado al inicio si tenía relación con alguno de los investigados y ha respondido que sí. «A partir de ahí, le ha comunicado que tenía derecho a no declarar, se ha firmado el acta y ha terminado», ha aclarado.

En opinión de la defensa, la declaración de Sánchez es «innecesaria», y «así lo hemos puesto de manifiesto a lo largo de los escritos y hemos recurrido». La posición del letrado es que se ha acordado en un régimen que no es el que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal: «Consideramos que la declaración debía haber sido hecha por escrito». Ha sostenido, además, que el procedimiento se ha quedado sin objeto cuando la Fiscalía Europea asumió los contratos de Red.es.

Preguntado por el rumbo que puede tomar la investigación del juez Peinado, Camacho ha tachado la instrucción de «imprevisible», puesto que, «en dos o tres días», los que hasta ahora han declarado como testigo «se convierten en investigados». «Eso es algo inusual en el procedimiento penal y, por lo tanto, no puedo hacer ningún tipo de pronóstico acerca de lo que puede ocurrir a partir de este momento».