Robles rehúye el caso de los afganos evacuados con vínculos yihadistas

Y todo ello después de intentar evitar ayer la polémica pese a ser preguntada directamente por estas informaciones. «No sé a qué se refiere», dijo Robles en un coloquio en el Club Siglo XXI cuando se le pidieron explicaciones sobre las denominadas operaciones Irbis. La ministra evitó encarar el asunto de frente y dijo desconocer el objeto de la pregunta, limitándose a sostener que cualquier persona que llega a España está «absolutamente controlada» por los servicios de inteligencia, aludiendo al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS).

No es eso sin embargo lo que acredita la información contrastada por ABC, que revela que servicios de inteligencia extranjeros avisaron a España de que algunos de los afganos trasladados a nuestro país poseen vínculos con el yihadismo. Esto conlleva un claro riesgo no solo para los españoles, sino para todos los países vecinos porque una vez que están en suelo europeo no tienen límites para moverse libremente por todo el territorio Schengen. De hecho, hay datos que acreditan que alguno de ellos ha abandonado ya España y se encuentra radicado en otro país de la Unión Europea. Se trata de personas que llegaron a España a través de Pakistán en agosto de 2022 y que nunca habían trabajado para las tropas españolas, ni directa ni indirectamente. Todos ellos, según las fuentes consultadas, han pasado a formar parte de las 'personas de interés' para las Fuerzas de Seguridad, pese a que Robles insistiese ayer en sostener que no conocía la información.

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Sin embargo, el Partido Popular no está dispuesto a dejar pasar por alto este intento de huida hacia delante de la ministra de Defensa, a quien ha cercado con casi una veintena de preguntas parlamentarias para que dé cuentas públicas de la actuación de su Departamento. Por qué no se informó de las operaciones de evacuación, cómo se controló la identidad de las personas trasladadas a España, cuántas personas fueron incluidas en estas operaciones o qué alertas han dado los servicios de inteligencia de países aliados. Todas estas cuestiones fueron ayer registradas por el senador del PP y expresidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, para obligar a Robles a detallar todos los pasos dados por el Ministerio de Defensa y que han sido ocultados a la opinión pública.

Uno de los asuntos en los que hacen hincapié los populares es el de la identificación de los afganos traslados a España. «¿Cómo es posible que se haya traído a España a personas afganas que únicamente fueron identificadas por su nombre por personal de la embajada de España y algún otro personal español, nombre que fue remitido por el Mando de Operaciones sin ningún dato adicional más?», pregunta Monago incrédulo. El senador del PP se refiere a la imposibilidad de identificar con un suficiente grado de certeza a las personas que eran trasladadas a España, que en el mejor de los casos se presentaban con documentos identificativos imposibles de comprobar.

El PP también quiere que el Gobierno explique por qué no consta ningún vínculo con España a algunos de los trasladados. Desde el inicio de las extracciones de Afganistán tras la toma del país por los talibanes, en agosto de 2021, se aseguró que el objetivo era socorrer a todas aquellas personas y sus familiares que hubieran trabajado para las Fuerzas Armadas u otros organismos españoles y por tanto su vida corriera peligro. Sin embargo, parece que este no era el caso de uno de los grupos extraídos en el verano de 2022. «¿Qué criterios barajó el Gobierno de España para traer a personas afganas en las distintas fases de la operación Irbis?», insisten los populares.

En cualquier caso, el asunto que más alarma genera es la alerta realizada por servicios de inteligencia de la zona sobre vínculos con el terrorismo internacional de algunos de los afganos trasladados a España. «Las condiciones de seguridad no fueron las adecuadas», denuncia el PP en sus preguntas en el Senado, a las que Robles deberá responder por escrito dentro de los próximos treinta días. Si no lo hace, el senador interrogante –Monago en este caso– podrá solicitar que todas ellas se incluyan en el orden del día de la sesión siguiente de la comisión de Defensa, donde la propia ministra u otro responsable de Defensa deberá responder oralmente.