El Gobierno se carga los estatutos de RTVE para blindar a la nueva presidenta

Sin contar con el consejo de administración del ente público, Moncloa ha aprobado un acuerdo que da poderes ejecutivos a la presidenta interina de RTVE, algo que la ley reservaba hasta ahora al Congreso y por mayoría cualificada

Elena Sánchez, presidenta interina de RTVE EFE

04/10/2022
Actualizado 05/10/2022 a las 10:30h.

El Gobierno aprobó este martes un acuerdo que, en la práctica, supone saltarse al Congreso para dar poderes ejecutivos a la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, a la que nombró la semana pasada para el cargo tras forzar la dimisión de José Manuel Pérez ... Tornero. En prinicipio se filtró que lo aprobado era un real decreto, pero finalmente la forma elegida ha sido de menor rango, no legal, la del acuerdo de Consejo de Ministros, lo que evitará tener que llevar el decreto al Congreso para su convalidación. Eso sí, el acuerdo no tiene rango legal, lo que hace todavía más controvertida la maniobra del Gobierno para copar el control del ente público: con un mero acuerdo de Consejo de Ministros, en la práctica, procede a una modificación de los estatutos de RTVE para otorgar a Elena Sánchez poderes ejecutivos que, según la ley del ente público, solo puede otorgárselos el Congreso por nombramiento por mayoría cualificada de dos tercios.

Las prisas del Gobierno para reforzar el control del ente público le llevó a elegir una presidencia interina que, en la práctica, mermaba el poder de la cúpula. La ley de 2006 de RTVE establece que es el Congreso quien elije la presidencia ejecutiva del ente público y, además, ha de hacerlo por mayoría cualificada de dos tercios. Sin embargo, a Elena Sánchez no la ha elegido el Congreso, sino el consejo de administración de RTVE. De ahí que no tenga poderes ejecutivos.

Sin capacidad de votarla en el Congreso por mayoría de dos tercios, el Gobierno ha optado por una maniobra que juristas expertos han advertido a ABC que puede ser inconstitucional: Moncloa tira de acuerdo para modificar una ley y, con ello, hurtar una competencia del Congreso.

La maniobra, además, se ha hecho a espaldas del consejo de administración de RTVE. Cuando menos, de parte de él. Miembros de este órgano consultados por ABC desconocían el acuerdo del Consejo de Ministros horas después de que se hubiera aprobado.

A golpe de decreto, el Gobierno toma un control reforzado en RTVE en plena carrera hacia las elecciones: municipales y autonómicas en mayo del próximo año, y generales seis meses después, en noviembre, si Pedro Sánchez no las adelanta.

Está por ver qué hace ahora la oposición. Horas antes de que el Consejo de Ministros aprobara este controvertido acuerdo, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ponía el grito en el cielo ante tal posibilidad. Confirmada, queda la duda de los pasos políticos y, en su caso, legales que den los populares. La clave es si se planteará o no recurso de inconstitucionalidad. Eso sí, los mismos expertos consultados reconocen que, dada la demora de años con la que llega a resolver el Tribunal Constitucional (TC), aún en el caso de que se declarara nulo este decreto del Consejo de Ministros, prácticamente no habrá consecuencias reales.

Expertos en Derecho Constitucional han indicado a ABC que el decreto aprobado este martes por el Gobierno podría ser recurrido por dos circunstancias. De una parte, ante las dudas de que esta reforma de los estatutos de RTVE puede justificarse objetivamente por motivos de «extraordinaria y urgente necesidad», requisito exigido para todo decreto-ley. Y, de otra parte, por el fondo del asunto, porque invade por la vía del decreto una competencia que hasta ahora residía por ley en el Congreso de los Diputados, la del nombramiento de la presidencia ejecutiva de RTVE, y además por mayoría cualificada de dos tercios.

Hay más consecuencias legales a la vista: ¿en qué posición queda ahora el consejo de administración de RTVE, mantiene intacta su capacidad de obrar? El viernes, sin ir más lejos, tiene convocada una reunión con decisiones de calado, que incluye acordar sobre una partida de 14 millones de euros.