Pumpido acelera para aclarar las recusaciones contra un tercio del Constitucional

Consciente de la importancia que tiene que este asunto se resuelva cuanto antes -teniendo en cuenta que los dos plenos previstos para febrero y el primero de marzo abordarán cuestiones de una trascendencia política y social innegable (aborto, eutanasia y la ley de educación, la llamada 'ley Celáa')-, el presidente llevó ayer, en una adición al orden del día del primer pleno, el del próximo martes, las recusaciones que Vox ha presentado contra un tercio del tribunal, en concreto contra cuatro magistrados.

Como informó ABC el jueves, en un escrito que acompaña a su recurso contra la reforma penal del Gobierno que, entre otras cuestiones, suprime el delito de sedición, la formación de Abascal se dirige en concreto contra el propio Conde-Pumpido -por su condición de ex fiscal general nombrado por el gobierno socialista de Zapatero-; contra Juan Carlos Campo y Laura Díez -por haber formado parte del Ejecutivo de Sánchez, y el primero por ser pareja de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet- y contra María Luisa Segoviano, por unas declaraciones que hizo, como magistrada emérita del Supremo, sobre la autodeterminación en Cataluña.

Noticia Relacionada

La juez que verá en el TC el recurso contra la condena al diputado Alberto Rodríguez dio luz verde a la pérdida de su escaño

Nati Villanueva

Segoviano presidió la reunión de la Junta Electoral Central que expidió la credencial de la siguiente en la lista Unidas Podemos

Fuentes del Constitucional reconocen que, por «genéricas», es difícil que esas recusaciones prosperen, pero lo cierto es que han puesto en bandeja la posibilidad de abordar un debate en el que todo apunta a que la mayoría progresista rechazará el intento de apartar a un tercio del tribunal apelando, entre otros argumentos, al riesgo de que este se quede sin quórum, algo que el propio TC sostuvo hace un año con motivo de las recusaciones a las que instaron los líderes del 'procés'.

«Es imprescindible, para asegurar la propia funcionalidad del órgano constitucional, que la aplicación del régimen de recusación y de abstención no conduzca a resultados absurdos o gravemente perturbadores para las funciones que [el TC] tiene constitucionalmente asignadas» y ello «obliga a excluir» la aplicación de la norma que impide a los magistrados recusados decidir sobre su recusación, señaló entonces el órgano.

En aquella ocasión (diciembre de 2021), el Pleno rechazó por unanimidad apartar a los recién aterrizados Concepción Espejel y Enrique Arnaldo aludiendo a la «legitimación democrática» de todos los miembros del Tribunal y a la existencia de «perfiles ideológicos y jurídicamente heterogéneos». «La afinidad ideológica no constituye por sí sola causa de recusación», sostuvo aquel auto.

Lo cierto es que las «posiciones ideológicamente cercanas» al PP de esos dos magistrados, las «vinculaciones y afinidades con el cuerpo de la Guardia Civil» (que se atribuía a Espejel)», la pertenencia a la Asociación Profesional de la Magistratura, la «animadversión hacia los recusantes» o las publicaciones académicas de Arnaldo son cuestiones distintas al desempeño de funciones dentro del Ejecutivo y a la participación o conocimiento que se haya podido tener de leyes aprobadas o promovidas desde ese Gobierno. En esta situación se encuentran Juan Carlos Campo y Laura Díez, y, a la vista de sus primeros movimientos, ambos parecen ser conscientes de ello.

Con el fin de evitar sus recusaciones por causas menos «genéricas» que las que Vox ha puesto sobre la mesa, y que con toda seguridad se irán presentando asunto por asunto, los propios magistrados ya han pedido abstenerse en cinco procedimientos relativos a tres causas concretas. Esas cinco peticiones de abstención también han sido introducidas por Conde-Pumpido en esa adición al orden del día comunicada ayer. En ninguno de estos asuntos Campo o Díez son ponentes de los recursos (encargados de elaborar el borrador que luego se lleva a Pleno) pero entienden que puede haber un conflicto de intereses si participan en la deliberación y votación de los mismos por las responsabilidades que ambos han desempeñado antes.

En el caso del exministro, el propio Campo pide abstenerse en el recurso contra la ley del 'solo sí es sí', de la que Ministerio de Justicia, con él al frente todavía, fue coproponente y en el marco de la cual tuvo un encontronazo con su colega Irene Montero al no compartir, entre otras cuestiones, la técnica jurídica de la ley. Las otras tres abstenciones que solicita se refieren a tres procedimientos relacionados con las decisiones de su pareja, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en relación al voto telemático del diputado popular Alberto Casero. El no permitirle rectificar su error posibilitó la aprobación de la reforma laboral. Esa ley también salió el Ejecutivo del que él formaba parte.

Respecto a Laura Díez de momento la magistrada ha solicitado su abstención en una cuestión vinculada a la ley catalana que burló la obligatoriedad del 25 por ciento de castellano en las aulas. Se trata de un asunto meramente procesal la petición de Ómnium Cultural de personarse en un procedimiento que está en manos del magistrado Enrique Arnaldo e independiente del recurso presentado contra esta ley y cuya ponencia sí ha recaído en Laura Díez. Fuentes del TC señalan que, aprobada esa abstención por el Pleno, la misma se hará extensible al recurso que por reparto ha tocado a la mano derecha de Bolaños, que como vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña firmó varios dictámenes contra el 25 por ciento.