La juez que verá en el TC el recurso contra la condena al diputado Alberto Rodríguez dio luz verde a la pérdida de su escaño

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Nati Villanueva

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Es el caso de la progresista María Luisa Segoviano respecto a uno de los dos recursos presentado por el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, el relativo a la condena que le impuso el Tribunal Supremo por atentado contra la autoridad y que se tradujo en la pérdida de su escaño.

Segoviano, expresidenta de la Sala Social del Tribunal Supremo, que dejó hace solo unos meses con motivo de su jubilación, era vicepresidenta de la Junta Electoral Central (JEC) que, en cumplimiento del fallo que inhabilitaba a Rodríguez para el derecho de sufragio pasivo –por dar una patada a un policía en una manifestación en 2014–, expidió la credencial de diputada a Fátima González Bello, la siguiente en la lista. Fue en la reunión del 27 de octubre de 2021 y se dio la circunstancia, además, de que en esa sesión Segoviano tuvo que ejercer de presidenta al no poder desempeñar esta función el presidente de la JEC y magistrado de la Sala Segunda del Supremo, Miguel Colmenero, quien se apartó porque había formado parte del tribunal que condenó al entonces diputado de Unidas Podemos.

Fuentes jurídicas señalan que, aunque la Junta Electoral no discutió los efectos de la sentencia, sí dio por bueno el cese de quien fue número tres de Podemos. Se puede decir que María Luisa Segoviano tuvo contacto directo con la causa y con la ejecución de esa inhabilitación. Por este motivo, las citadas fuentes consideran que la magistrada, que ha heredado las ponencias de Santiago Martínez-Vares, debería abstenerse por haber contribuido como miembro de la JEC a la pérdida del escaño derivada de la sentencia del alto Tribunal.

La Sala Segunda del Supremo condenó a Rodríguez a la pena de un mes y 15 días de prisión y la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por atentado a agentes de la autoridad con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. La pena de prisión se sustituyó por la de multa con cuota diaria de 6 euros. El diputado no estuvo conforme con que, en ejecución de esa condena, y una vez transformada la prisión en multa, la presidenta del Congreso le arrebatara el escaño, por lo que su defensa recurrió también en amparo la decisión de Meritxell Batet.

Este segundo recurso está en manos de la magistrada María Luisa Balaguer y la Fiscalía ante el TC se ha mostrado a favor de amparar al diputado, aunque en la práctica se trataría de un amparo meramente declarativo porque la restitución del escaño no se iba a producir automáticamente (precisamente porque la Junta Electoral Central expidió la credencial de diputada a la siguiente en la lista y Rodríguez no impugnó el nombramiento). El exdirigente morado se ha alejado de Podemos y está embarcado ahora en otro proyecto político en Canarias para las autonómicas y municipales de mayo con una nueva marca: Proyecto Drago. Precisamente en el marco de este recurso, en el que se cuestiona el acuerdo de la presidenta del Congreso, la sombra de la recusación planea también sobre el magistrado Juan Carlos Campo, pareja de Batet.

Respecto al recurso contra la condena del Tribunal Supremo –el de Segoviano–, Rodríguez denuncia la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia, al considerar que estuvo apoyada únicamente en el testimonio del propio agente agredido; y la del derecho a un juez imparcial, porque en el fallo se calificó de «inapropiado» que en su última palabra Rodríguez amenazara con llegar al Tribunal de Estrasburgo si el Supremo le condenaba.