Vuelven las recusaciones al Constitucional: los afectados por el 25% quieren evitar que la ex asesora del Govern estudie el recurso

Además, contra las dos normas autonómicas impugnadas pesa, también, una cuestión de inconstitucionalidad planteada por elTribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al considerar que tanto la ley como el decreto-ley pretenden, únicamente, impedir que se aplique un 25% de clases de español en todo el sistema, orden que tanto el TSJC como el Tribunal Supremo emitieron a la Generalitat y esta administración se niega a cumplir.

Sin embargo, Díez, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona solo desde 2020, ya se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad del decreto-ley y la ley cuando formó parte del Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano catalán que revisa la legalidad de las leyes autonómicas y cuyos pronunciamientos no son vinculantes.

De hecho, en su breve paso (de mayo a noviembre de 2022) por esta especie de tribunal de garantías catalán tan solo se pronunció sobre estas dos polémicas normas que, a su vez, tratan de revertir la jurisprudencia del propio Constitucional, que ya desde los años ochenta ordena que en las escuelas de Cataluña se aplique un sistema bilingüe o de conjunción lingüística.

La consideración legal plasmada por Díez de las dos normas abre la puerta a que o bien se abstenga voluntariamente de ser la ponente del escrito del Constitucional y su deliberación posterior, o bien alguna de las partes implicadas pida su recusación para que no participe en la votación -decisión que estaría en manos del pleno de la mayoría progresista-, en tanto que su opinión no parece que cumpliría con la neutralidad imprescindible en los magistrados a la hora de abordar los asuntos.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha presentado una petición de recusación de la magistrada. La asociación, que forma parte del proceso judicial que elevó el TSJC ante el Constitucional, alega que «según el art. 219. 13ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), son causas de abstención y, en su caso, de recusación, 'haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa relacionado con el mismo'». A juicio de la entidad, que preside, Ana Losada, «la magistrada incurre en la causa de abstención y recusación del art. 219. 13ª de la LOPJ, dado que ha tenido participación en el proceso de elaboración y aprobación de las normas objeto de la cuestión de inconstitucionalidad del Decreto Ley 6/2022 y la Ley 8/2022».

De no ser así, se abriría una segunda vía, posterior a la resolución final del tema en cuestión, y que es la posibilidad de que las partes en el litigio pudieran acudir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al considerar que la deliberación del Constitucional estuvo contaminada. Sea como fuere, la primera decisión está en manos de la propia magistrada.

Cuando el Gobierno la escogió -dentro de los dos miembros del TC que le correspondía renovar- ya se sabía que la catedrática de Derecho Constitucional tendría que posicionarse ante un tema que podría salpicarle. Y también que era la candidata más joven (nació en Barcelona en 1969). Ahora, el reparto de los asuntos pendientes de resolver por el Constitucional -distribuidos según el orden de antigüedad y mayor edad de los anteriores y los nuevos miembros- y que los magistrados salientes (Pedro González-Trevijano, Juan Antonio Xiol, Santiago Martínez Vares y el citado Narváez) tenían como encargo de sus ponencias ha hecho que Díez se convierta en el foco de todas las miradas ante posibles acusaciones de politización del Constitucional.

Las ponencias de González-Trevijano han recaído en el exministro Juan Carlos Campo (la más relevante es el recurso del Grupo Popular contra el decreto ley de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat); las de Xiol, en César Tolosa (la reforma de la ley que maniató al CGPJ, entre otras), y las que tenía Martínez-Vares serán asumidas por María Luisa Segoviano.

En este primer Pleno gubernativo del nuevo TC progresista celebrado ayer, el presidente, Cándido Conde-Pumpido, comunicó a sus compañeros su intención de resolver primero los recursos más antiguos y de más repercusión social. Así, llevará a los dos plenos de febrero (días 7 y 21) las impugnaciones del PP a la ley del aborto, pendiente desde hace 13 años, y la ley de eutanasia. En marzo se verá el recurso contra la ley de educación de la exministra Celáa.