Puigdemont fracasa en su intento de acosar a Llarena ante Europa

Los jueces rechazaron el argumento de los demandantes sobre la «imposibilidad» o «excesivamente dificultad» de que en España prosperaran sus peticiones. «Nada revela -dijeron los jueces de primera instancia- que los procedimientos de aplicación del Derecho de la Unión Europea ante el juez español (y en particular, el derecho a la responsabilidad civil de los Estados miembros por violación de las disposiciones del Derecho de la Unión) sean menos favorables que los que permiten la aplicación del Derecho nacional, o que la existencia de limitaciones de procedimiento haga que esta aplicación sea 'exageradamente difícil'».

Ahora, y en la misma línea que aquella resolución, la Corte de Casación ratifica que los tribunales belgas carecen de jurisdicción para juzgar «actos de soberanía» de otro Estado, entre los que se encuentran los que se realizan en el ejercicio de la «función judicial». Este pronunciamiento es clave porque los prófugos reprochaban a Llarena haberles imputado públicamente, y «al margen de sus funciones jurisdiccionales», los delitos de rebelión y malversación, negando que se tratara de una persecución política. La entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, compró el argumento de los independentistas hasta el punto de que inicialmente se negó a que el magistrado fuera defendido por la Abogacía del Estado apuntando a que esas manifestaciones pertenecían a la esfera privada del juez.

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Fue la presión de jueces y fiscales, y finalmente la imposición de Pedro Sánchez a su ministra -luego fiscal general- la que motivó el cambio de criterio, pues desoyendo la recomendación de altos cargos de justicia e incluso de los servicios jurídicos del Estado, que alertaron de que lo que realmente estaba en juego era la independencia judicial, Delgado había optado por establecer esa línea divisoria entre el ataque a la soberanía jurisdiccional española y las responsabilidades que los independentistas exigían al juez a título particular.

Como informó entonces ABC, en una reunión informal en la finca toledana de Quintos de Mora, algunos ministros del recién estrenado gobierno socialista, incómodos con los matices que Delgado estaba haciendo con la defensa del Estado español, hicieron ver a Sánchez que la imagen de esos colectivos y del propio CGPJ enfrentado con el Gobierno y costeando la defensa en el extranjero de un representante del Estado de Derecho español era inasumible. La Abogacía del Estado terminó personándose así en una demanda que, además de contra Llarena, se dirigía contra el Reino de España.

Fuentes jurídicas celebraban este miércoles la decisión de la corte suprema belga lamentando, eso sí, que después de sucesivas reformas del Código Penal para contentar a los independentistas, de los indultos e incluso de la aprobación de una ley de amnistía a medida para los líderes del 1-O, el Gobierno no haya exigido a Junts durante todo este tiempo la retirada de esta demanda civil con la que se ha pretendido deslegitimar la actuación del juez español fuera de nuestras fronteras. El fallo de la justicia belga se conoce apenas unos días de que la Sala Penal avalara la decisión de Llarena de no aplicar la ley de amnistía a la malversación que mantiene procesado y en busca y captura a Puigdemont.