La pugna por el casino de Hidalgo en República Dominicana llega a la Audiencia Nacional

Todo se remonta a marzo de 2014, cuando Sánchez Arenas –según la querella presentada contra él– habría falsificado documentos para hacerse con el control del Hotel Hispaniola y «apropiarse» así, durante casi cinco años, de las rentas obtenidas con el alquiler de algunas instalaciones del complejo: un casino, una discoteca y un campo de fútbol. Por estos hechos, y tras el análisis de documentación adjunta, el magistrado de guardia abrió diligencias previas al entender que los mismos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Y siguiendo el criterio de la Fiscalía, se ha dirigido a las autoridades de República Dominicana para descartar que los mismos hechos estén siendo objeto de investigación penal allí, de acuerdo a la documentación del caso a la que tuvo acceso ABC.

Estas diligencias abiertas en la Justicia española se suman a otros litigios en el país caribeño, donde existe, desde hace más de una década, un cruce de demandas entre los socios del Hispaniola –entre ellos el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo–, por ver quién ostenta la propiedad del complejo. El enfrentamiento judicial ha venido retrasando los planes del Gobierno dominicano, que declaró hace casi dos años la utilidad pública de los terrenos del hotel y su expropiación (amistosa o no) para construir en sus 40.000 metros cuadrados un centro de convenciones similar al de Ifema, en Madrid. Hay millones de dólares en juego.

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Aurora Santos Olmo

Fue en el año 2004 cuando los constructores Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor, posteriormente salpicados y condenados a cuatro años y medio de cárcel por el caso Malaya, compraron junto a Juan José Hidalgo el hotel casino ubicado en Santo Domingo por 23 millones de dólares estadounidenses a Miguel Octavio Vargas Maldonado, exministro de Relaciones Exteriores del país caribeño y actual presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Entre Sánchez Hernández y Liétor se repartieron, junto a familiares y terceros, el 50 por ciento de las acciones de la sociedad Palmeras Comerciales S.A., dueña del complejo, mientras que Juan José Hidalgo se hizo con la otra mitad.

Hasta que en junio de 2006 los accionistas llegaron a un acuerdo: el presidente de Globalia vendería su participación en el hotel a cambio de 17 millones de dólares bajo la condición de que se le hiciera entrega además de una parcela en Punta Perla, un nuevo proyecto turístico en el que se habían embarcado sus socios y que se iba a construir también en República Dominicana, en la zona de Cabeza de Toro, Bávaro. Sólo un mes después, estallaba la segunda fase de la operación Malaya. Entre los detenidos se encontraban tanto Sánchez Hernández –considerado el maestro de Juan Antonio Roca en las artes inmobiliarias– como el empresario Andrés Liétor. Y por el camino, según las fuentes consultadas, otros inversores tomaron las riendas del proyecto de Punta Perla.

Quién es quién

Presidente de Globalia

Juan José Hidalgo

El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, compró en 2004 el 50% del Hotel Hispaniola, ubicado en el centro de Santo Domingo (República Dominicana). Dos años después vendió sus participaciones y las recuperó por la vía judicial en el año 2014.

Empresario

Carlos Sánchez

Condenado a cuatro años y medio de prisión por la operación Malaya, fue considerado el maestro en las artes inmobiliarias de Juan Antonio Roca, denominado el 'cerebro' de la trama. Una vez fallecido, su sobrino Ángel Sánchez Arenas se ha hecho cargo de sus negocios.

Empresario

Andrés Liétor

El empresario Andrés Liétor, igualmente condenado a cuatro años y medio de prisión por la operación Malaya, ha presentado la querella contra el sobrino del que fuera su exsocio por falsedad documental y una supuesta estafa de 5,8 millones de euros.

Hidalgo, según la sentencia consultada por este diario, no recibió su parcela y acabó demandando a sus exsocios para recuperar sus participaciones en el Hotel Hispaniola por el «incumplimiento» del acuerdo. En primera instancia un juez de lo civil dominicano no entró en el fondo del asunto al entender que eran los juzgados de lo mercantil madrileños los que tenían la competencia para resolver el conflicto. Pero el presidente de Globalia recurrió y le acabaron dando la razón. Los socios, disconformes con la sentencia, trabajan ya en un recurso para anularla. Alegan, entre otras razones, indefensión y violación del derecho a un juicio «con respeto del debido proceso y de la tutela judicial efectiva», dado que la demanda de Hidalgo no les fue notificada. Aseguran también que se le pagó por sus acciones 17 millones de dólares que no han sido devueltos. Este diario ha intentado recabar la versión del presidente de Globalia, sin éxito.

Con el empresario Carlos Sánchez Hernández ya fallecido, fue su sobrino, Ángel Sánchez Arenas, quien tomó las riendas de sus negocios. En la querella presentada contra él por Andrés Liétor en la Audiencia Nacional se le atribuyen delitos de falsedad documental y estafa. Según la misma, en fecha 28 de marzo de 2014, Sánchez Arenas, con la ayuda de un tercero y dos abogados dominicanos, habría redactado «falsas actas y certificados» de juntas de socios que nunca tuvieron lugar para nombrarse administrador único de las sociedades Palmeras Comerciales, Internacional de Valores e Inversiones CCF, «tomando así el control de ellas».

«Culminaron su plan de apropiación de las mercantiles y por ende del patrimonio de las mismas, al inscribir en el Registro Mercantil de la República Dominicana tales actas falsarias de las inexistentes e ilegales juntas generales de socios», prosigue el escrito, en el que aseguran que después, pese a las reclamaciones efectuadas, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (que tiene por ley atribuida la gestión, control y administración del Registro Mercantil de las sociedades con domicilio en la ciudad de Santo Domingo), en «complaciente actitud» con los dos abogados dominicanos «modificó los registros mercantiles de dichas sociedades, despojando fraudulentamente de su condición de socio al Sr. Liétor».

Este diario se ha puesto en contacto con Ángel Sánchez Arenas y ha declinado dar su versión. No obstante desde su entorno el asunto se enmarca dentro de la guerra jurídica que se arrastra desde hace muchos años y hablan de «distorsión». Con todo este embrollo judicial como telón de fondo y con la titularidad del complejo cuestionada en los tribunales, la expropiación del hotel por parte del Gobierno dominicano, anunciada por el Ejecutivo de Luis Abinader como su proyecto estrella hace ya dos años, de momento se mantiene en suspenso. No así el cruce de acusaciones entre los socios. Hace dos días en rueda de prensa Liétor también acusó a Hidalgo de querer estafar 60 millones dólares al Estado dominicano con una venta amistosa del Hispaniola dejando fuera a los «verdaderos dueños».