El PSOE ya intentó sin éxito que el catalán o el euskera fueran oficiales en Europa hace 20 años

Cuando el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero llevó este asunto por primera vez a la mesa de negociaciones hace dos décadas, ya en 2004, la cuestión provocó un revuelo inédito para los usos comunitarios en un asunto extremadamente delicado, porque se encuentra entre el respeto a la diversidad lingüística, que es uno de los valores europeos, y el pragmatismo que impone la necesidad de hacer que la vida política en la UE sea lo más eficiente posible.

Para el español, que es junto al inglés la lengua del continente con mayor proyección mundial, esta polémica es siempre contraproducente. La chapuza administrativa de que un ministro —en funciones— del país que ejerce la presidencia europea haya enviado una carta a esa presidencia que él mismo ejerce para incluir de nuevo este tema en el orden del día no es más que el síntoma de la precipitación con la que se plantea este nuevo intento. La práctica tradicional del ejercicio de la presidencia semestral del Consejo de la UE supone que el Gobierno que la asume se abstiene de utilizarla para asuntos de política interior y mucho menos si, como es el caso, no se justifica por ninguna razón de urgencia.

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El esfuerzo de Zapatero en realidad no logró contentar a los nacionalistas como pretendía el entonces líder socialista y desencadenó un efecto inesperado al hacer que el Ejecutivo de Dublín activase una cláusula que estaba suspendida en el tratado de adhesión de Irlanda y que obligó a incluir el gaélico —que sí es oficial en todo el país, aunque los irlandeses hablan inglés a todos los efectos— en la lista de las lenguas oficiales, lo que hace que desde entonces haya que traducir toda la producción legislativa a ese idioma.

En la Comisión Europea la perplejidad no fue menor teniendo en cuenta que los funcionarios españoles debían explicar por qué razón no es posible usar el castellano siendo oficial en todo el país y teniendo en cuenta que todos los ciudadanos españoles lo hablan y entienden perfectamente. Se cuenta incluso que los funcionarios españoles que tramitaban esta petición tuvieron que explicar a los encargados de la estadística europea que no sería correcto restar el número de personas que hablan catalán o euskera de la cifra de hablantes del español, como sería el caso si esas comunidades fueran estrictamente monolingües.

En el Parlamento Europeo el caso tampoco fue bien entendido y la petición de España tuvo también como resultado que se pusiera fin a una práctica tradicional amistosa y cooperativa, según la cual los interpretes de lengua portuguesa asumían como propias las intervenciones en gallego y las traducían con normalidad. Una vez que se introdujo una petición que catalogaba al gallego como una lengua diferenciada, ese camino se volvió imposible.

En el Consejo el camino de esta petición no fue muy largo, incluso contando con la cooperación entusiasta de Javier Solana, que entonces era, además de alto representante, el secretario general de la institución. Solana logró como gesto simbólico que el Consejo tradujese el texto del Tratado Constitucional al euskera, gallego y catalán, en este caso y para mofa de los independentistas catalanes, en un volumen diferente al valenciano, puesto que el Estatuto de esta comunidad lo menciona como tal. Ese tratado fue rechazado en referéndum en Francia y Holanda y jamás entró en vigor.

En los hechos, se constató que era imposible cambiar el reglamento de uso de lenguas, que exigiría un acuerdo por unanimidad, y lo máximo que se pudo lograr para intentar simular que las gestiones habían tenido resultado fue un acuerdo entre el Gobierno de España y las instituciones europeas por el que nuestro país asumía los costes de traducir toda la documentación que los ciudadanos españoles quieran enviar en lenguas distintas al castellano. Si un ciudadano desea dirigir una carta a la Comisión Europea o al Consejo en catalán, lo puede hacer normalmente. Cuando esa carta llegue a Bruselas, la Comisión Europea se la reenviará al Gobierno español para que la traduzca al castellano y la remita de nuevo a Bruselas. Así, la respuesta la escribirá la Comisión en castellano y la enviará al Gobierno español para que la traduzca al catalán y se la remita al interesado a su domicilio.

En el Parlamento Europeo, el trámite es aún más farragoso. Según el acuerdo de la era Zapatero, se podría intervenir en euskera, pero hay que pedirlo con tres meses de antelación para dar tiempo a que llegue un intérprete que haga la traducción simultánea —que puede ser uno de los que habitualmente traduce el español si conoce la lengua vasca— y ese coste será también facturado al Ejecutivo español. La agilidad de los debates parlamentarios ha hecho imposible hasta ahora el uso de esta fórmula.

Si hace 20 años la cuestión lingüística ya era peliaguda, ahora aún lo es más. Con todo el rompecabezas de los Balcanes en la lista de espera del ingreso, por no hablar de Ucrania o del hecho de que, si se produjese la reunificación de la isla de Chipre, sería automáticamente obligatorio incluir el turco como idioma oficial, renovar la petición de añadir las lenguas cooficiales españolas tiene pocas probabilidades de prosperar en Europa.