Los obstáculos que complican la reforma exigida por los separatistas

La misma presidenta del Congreso reculaba al respecto este viernes en una entrevista en RTVE y fuentes parlamentarias confirmaban esa marcha atrás poco después. «Lo haremos lo más rápido posible, pero es un asunto que todavía hay que centrar y hablar con los trabajadores de la cámara». Se referían estas fuentes a las dificultades técnicas para que se lleve a cabo de manera inminente y a los obstáculos que complican que se haga realidad a corto o medio plazo.

Lo primero que habría que hacer es llevar a cabo una reforma del Reglamento o fijar un acuerdo de la Mesa para fijar en qué sesiones o en qué momentos se autoriza el uso de estas lenguas. En el Senado, por ejemplo, solo se pueden utilizar al presentar escritos o en la defensa de las mociones en el Pleno. Situaciones puntuales, que obligaron en su momento a convocar un proceso de selección de traductores e intérpretes que son contratados en función de las necesidades de la Cámara Alta. En total, este año el Senado ha desembolsado 280.000 euros en esta cuestión. Presupuesto que se multiplicaría en el caso del Congreso, donde los separatistas pretenden que el uso sea universal y donde hay 350 diputados, casi 90 más que el número de senadores. De hecho, una propuesta de Junts para aumentar el uso de estas lenguas en la Cámara Alta ya se cifró en casi un millón de euros, lo que establecería un punto de partida de gasto anual para el Congreso, donde ese monto sería mucho mayor.

Más allá del tema económico, están las dificultades técnicas. Una de ellas, la reforma física necesaria para dotar al hemiciclo de una traducción simultánea. Una obra que no sería barata y menos aún tratándose de un edificio histórico como el del Congreso, que necesita de permisos especiales para llevar a cabo cualquier reforma. La compra de 'pinganillos' para los diputados y el resto de personal de la cámara —incluidos los miembros de la prensa— haría necesario otro desembolso cuantioso, pero puntual.

En cuanto a la contratación del personal, tampoco sería sencillo. Harían falta traductores simultáneos en cada una de las lenguas cooficiales, que podrían llevar a cabo, como ocurre ahora mismo en el Senado, la traducción más fiel para el Diario de Sesiones. Otra opción sería la de contratar a taquígrafos con conocimiento en estas lenguas, pero la posibilidad de que un parlamentario, durante un mismo discurso pueda cambiar de idioma, haría casi imposible esta alternativa. Por último, quedaría la contratación de intérpretes de lengua de signos, que deberían saber catalán, euskera o gallego.