El PSC apoya en el Parlament la creación de un 'cuerpo diplomático' de la Generalitat

El Govern catalán, a través de la consejera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serret, condenada a inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su participación en el 'procés' (decisión recurrida ante el Tribunal Supremo a la espera de sentencia firme), ha defendido la reforma para que la Generalitat disponga de «funcionarios especializados», puedan seguir con la política de internacionalización de «las políticas públicas» y permita «retener talento».

Serret ha recordado, durante el debate parlamentario, que «la acción exterior (de la Generalitat) ha ido aumentando en los últimos años y esta es una buena noticia». En este sentido, actualmente, el ejecutivo autonómico cuenta con 21 delegaciones en el extranjero, más que antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en 2017. La consejera ha defendido que la modificación que propone el Govern «responde a una necesidad para fortalecer la acción exterior» para «continuar reforzando la reputación de Cataluña».

La iniciativa del Govern de Pere Aragonès, que aprobó en octubre el anteproyecto de ley de modificación de la Ley 16/2014, del 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, supone añadir una disposición adicional más a la norma: «Creación del cuerpo de acción exterior y Unión Europea de la Generalitat de Cataluña». Con este nuevo artículo se crea el 'cuerpo diplomático', se especifican sus «funciones propias» y se concreta el marco general para acceder a este nuevo cuerpo de acción exterior.

Entre las funciones del nuevo funcionariado, según recoge el punto 2 b) de la disposición adicional propuesta, está la de «facilitar el establecimiento y el mantenimiento de las relaciones con gobiernos y sus representantes en el exterior, instituciones de la Unión Europa, organismos internacionales y redes de cooperación territorial y sectorial, y participar en la elaboración, la adopción y la implementación de acuerdos de colaboración».

Los portavoces de PP, CS y Vox en el debate parlamentario han advertido de que esta reforma es inconstitucional, no se ajusta a las competencias de la Generalitat y que el 'cuerpo diplomático' que se creará trabajará a favor del independentismo, en la línea de la política de acción exterior iniciada por Artur Mas hacia 2013 y seguida por Carles Puigdemont y Quim Torra. De hecho, el Tribunal de Cuentas tiene cuantificados un total de 421 millones de euros destinados, entre 2011 y 2017, a la acción exterior a favor del nacionalismo.

Daniel Serrano (PP) ha señalado que la iniciativa «es un nuevo paso en el juego de deslealtad con el Estado en el que la Generalitat lleva más de una década» y ha definido el cuerpo de funcionarios como «una especie de cuerpo diplomático 'fake'» para que el nacionalismo pueda «jugar a las relaciones internacionales, que son competencia exclusiva de los Estados». El popular ha recordado que las 'embajadas' catalanas tienen un gasto de «más de 100 millones de euros» al que ahora se sumará «el coste directo e indirecto« de este 'cuerpo diplomático'. Y ha avanzando que el PP estudia llevar la reforma, una vez aprobada, ante el Tribunal Constitucional.

Matías Alonso (CS) ha dicho que, en su opinión, «la finalidad solapada (con esta reforma) es crear un cuerpo diplomático para suplantar la política exterior que es competencia de España» y ha señalado que «el cuerpo que pretenden crear no solo es innecesario sino que es ilegal», porque, entre otras cuestiones, «es una ley de Estado, para ir contra el Estado». El portavoz de CS ha dejado claro que su formación está a favor de que la Generalitat tenga «acción exterior», pero no «política exterior».

Por su parte, Alberto Terradas (Vox) ha manifestado que la modificación legislativa supone «un nuevo ataque del separatismo a la igualdad y la soberanía de los españoles» y ha añadido que «el cuerpo diplomático (de la Generalitat) no tendrá legitimidad». Terradas ha criticado que el nuevo funcionariado servirá, desde su punto de vista, para que el independentismo «enchufe a sus amiguetes» y siga «viviendo del cuento», pues este cuerpo de funcionarios «se extralimita» y «no tendrá función útil».

También ha criticado el anteproyecto el diputado no adscrito, Antonio Gallego, que ha recordado que el Constitucional ha dejado claro en sus sentencias que la competencia de la política exterior es del Estado, a través del Gobierno, y no de las comunidades autónomas. Gallego ha añadido que el 'cuerpo diplomático' y los independentistas son unos «impostores» porque, como recoge el Diccionario de la Real Academia Española, son «personas que se hacen pasar por quien no es».

La iniciativa seguirá su trámite parlamentario gracias a los votos del tripartito independentista, a los que se han sumado los del PSC y los comunes. En total: 109 votos contra las enmiendas de retorno, frente a los 20 que pedían poner fin al proyecto de reforma. La voz de los socialistas ha correspondido a David Pérez, que ha defendido que «Cataluña ha de recuperar la influencia que tenía en Europa hace años», siempre dentro de «los límites del Estatuto». Y aunque ha mostrado su escepticismo a que este 'cuerpo diplomático' tenga sentido y no sea un gasto «innecesario», adelantando que planteará enmiendas en la comisión, lo ha defendido.

Josep Rius (Junts), que con Pérez y los portavoces de la CUP, los comunes y ERC (Jordi Albert), ha cargado contra Vox, CS y PP, se ha mostrado claramente a favor de la creación de este cuerpo de funcionarios porque «desde Junts defendemos que se haga acción exterior con un sentido de Estado» y ha pedido al Govern que los que finalmente integren el 'cuerpo diplomático' sean los «mejores perfiles» y «mejor preparados» para la acción exterior de la Generalitat.

Aunque con matices, Carles Riera (CUP) y Susana Segovia (comunes) también se han mostrado a favor de la reforma. Ha sido Riera el único que ha definido el cuerpo de funcionarios como «un cuerpo diplomático y especializado», que «debería ser lo más normal de un país que quiera tener su política exterior propia». Y Segovia ha añadido que no solo es una iniciativa «necesaria» sino que ha pedido que se añadan al funcionariado también al personal de las delegaciones o 'embajadas' catalanas.