El PSC propone que la Generalitat mantenga su acción exterior pero en coordinación con el Gobierno

Desde que Pere Aragonès se hizo con la Presidencia de la Generalitat, en mayo de 2021, Salvador Illa decidió crear, en junio de ese mismo año, un gobierno en la sombra (al estilo de los 'shadow cabinets' británicos y que Pasqual Maragall estableció en 2000 para fiscalizar la acción de gobierno de Jordi Pujol) con la idea de hacer un seguimiento de las decisiones del Govern (por entonces bipartito: ERC-Junts) y potenciar a los diputados del PSC en el Parlamento autonómico.

La salida de Junts del Govern (en octubre del año pasado) y la conversión de los socialistas en socios de ERC, imprescindibles, por ejemplo, para la aprobación de los presupuestos de 2023 (en trámite parlamentario) ha dejado al gobierno alternativo con el pie cambiado. Sin embargo, los de Illa siguen creando documentos (como alternativa al Govern de Aragonès) que marcarán las líneas estratégicas de los socialistas para lo que resta de legislatura y con la vista puesta en las elecciones de 2025, si no se adelantan.

Así, el viernes, el PSC dio a conocer un documento, atribuido a Laura Ballarín, bajo la supervisión de Ferran Pedret, titulado 'Una nueva acción exterior para Cataluña', en el que se esboza (introducción, marco normativo, gestión del actual gobierno regional y medidas propuestas) la política que los socialistas llevarían a cabo en la acción exterior catalana y la cooperación al desarrollo, en caso de tener el control de la Generalitat.

Tras recordar la normativa vigente, tanto la nacional como la autonómica, que se basa en dos principios: las comunidades autónomas son Estado y tiene que haber «mutua lealtad institucional», el PSC apuesta por sacar rendimiento a la acción exterior coordinada entre el Gobierno y la Generalitat. Esta mutua colaboración, recuerdan los socialistas en base a la legislación, obliga a los gobiernos autonómicos a informar al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de sus propuestas de acción exterior, los viajes de los presidentes y la apertura de delegaciones; así como al Gobierno trasladar información y apoyo a las comunidades autónomas.

Analizando la política exterior de los últimos años y con la normativa actual, los socialistas consideran que la estrategia independentista «ha sido un fracaso» y recuerdan que tras la intentona rupturista de 2017 ningún país reconoció la secesión de Cataluña, a pesar de la declaración unilateral de independencia (aunque, en realidad, hubo dos), y que «las grandes autoridades mundiales y europeas reiteraron su apoyo a la integridad territorial de España». Para el PSC, la acción exterior de la Generalitat ha sido «instrumentalizada» ya que se privilegiaron cuestiones cargadas de «simbolismo» y con el objetivo de crear «progresivamente» estructuras de Estado.

Esta estrategia está cuantificada. En el documento se recoge el informe del Tribunal de Cuentas de la acción exterior entre 2011 y 2017 que cifra en 416,8 millones de euros «el coste total de la acción exterior de la Generalitat». De estos millones, 27 se destinaron a las llamadas 'embajadas' y 15,8 al polémico Diplocat, que a su vez destinó el 74,3% de este dinero a «promocionar, publicitar, justificar, promover o impulsar el proceso soberanista». Por todo esto, los socialistas quieren pasar página y plantean una política exterior de Cataluña que no presente a la comunidad como «homogénea y uniforme».

Con esta idea, el documento de los de Illa fija como propuestas, entre otras, «la recuperación de la voz de Cataluña en el exterior, invirtiendo esfuerzos a recuperar los contactos y la imagen del Govern entre las instituciones europeas y los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea» y, para ello, consideran «necesario reformular las funciones de la Delegación del Govern ante la Unión Europea y mejorar su eficacia», convirtiendo esta 'embajada' en Bruselas como un centro de «socialización, conexión y captación administrativa en materia de asuntos europeos» y que deje de ser «un espacio de representación diplomática».

También se propone «revisar y reordenar» todas las oficinas esparcidas por el mundo que están en diversos departamentos: delegaciones, Agencia Catalana de Turismo, Instituto Ramon Llull, ACCIÓ e Instituto Catalán de las Empresas Culturales. «Previo a la apertura de una nueva delegación en el exterior, hay que llevar a cabo una evaluación en profundidad del funcionamiento de las delegaciones y oficinas sectoriales», se describe en el documento. Y se añade: «La nueva estructura institucional exterior (...) se ha de adecuar a los medios de la Generalitat (...) potenciando las sinergias con el Estado, las comunidades autónomas, los entes locales, los actores privados y la sociedad civil».

En esta línea, se apuesta por mantener el polémico Diplocat, ente mixto controlado por el Govern, que fue cerrado en cumplimiento de las medidas del artículo 155 de la Constitución (aprobadas, con el PP, por el PSOE y el PSC en el Senado) y reabierto por el Govern de Quim Torra tras recuperar las competencias. Eso sí, el PSC lo pretende «reformar en profundidad» con el objetivo de que «sea garante de expresión de la pluralidad y diversidad de la sociedad catalana».

El documento también establece líneas generales de actuación, por ejemplo, en las relaciones de Cataluña con los países del Mediterráneo, América Latina, Asia, África, el cumplimiento de la Agenda 2030, la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo, la promoción cultural y la económica, la consolidación de políticas de paz, reforzar el rol del Parlamento catalán en el control de la actuación del Govern en política exterior y la cooperación al desarrollo con el objetivo de llegar al 0,7% del presupuesto en los próximos años (en 2022, la Generalitat destinó el 0,2% y en 2021, el 0,18%).