Un año de inhabilitación para la consejera Serret por desobediencia el 1-O

Fue el Supremo el que la declaró en rebeldía en julio de 2018, cuando no compareció ante la Sala Segunda. Tras fugarse a Bélgica junto a, entre otros, Carles Puigdemont, volvió a España en marzo de 2021 para comparecer ante el instructor del caso del 'procés', Pablo Llarena, que la dejó en libertad con cargos.

La exconsejera estaba acusada por delitos de malversación y desobediencia por su papel en la votación del 1-O, pero no tenía activa ninguna euroorden. Tras la sentencia del 'procés' y considerar el tribunal que no cabía la malversación para los consejeros cuyos departamentos no hubieran soportado gastos directos relacionados con el referéndum, ese delito en su caso cayó, enfrentándose sólo a una inhabilitación -ya que la desobediencia no conlleva penas de cárcel-, tal y como informó Nati Villanueva. Un año más tarde, el Supremo abrió juicio oral a Serret y envió la causa al TSJC.

En su fallo, fechado este 25 de abril, los magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJC recuerdan que la política de ERC formaba parte del Govern -entonces en la cartera de Agricultura- cuando el Parlament aprobó la resolución «que dio inicio a un proceso de independencia y de creación de una república catalana». También, cuando la Cámara tramitó los Presupuestos de la Generalitat que incluyeron sendas enmiendas para dotar la votación de fondos.

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El Tribunal Constitucional (TC) declaró igualmente la nulidad de la resolución 1/XI, de noviembre de 2015. Una providencia, apuntan ahora los jueces, que fue «notificada personalmente» a Serret. También el auto del TC con el requerimiento del «deber de abstenerse» de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento» a la resolución suspendida.

«Siguiendo con el plan de desconexión con la legislación estatal y de declaración de independencia unilateral», el Parlament aprobó otra resolución, en la que proclamó el derecho de autodeterminación de Cataluña. La Abogacía del Estado, al igual que hizo con las anteriores, la impugnó, y el Constitucional la suspendió. También se le notificó a Serret.

En junio de 2017, ésta, junto al entonces presidente autonómico, Carles Puigdemont, y el resto del Govern, participó en el acto para anunciar la pregunta del referéndum. Dos meses después, la consejera «desatendió de forma consciente el requerimiento del TC» y firmó el decreto de convocatoria de la votación. También le fueron notificadas las suspensiones del mismo Tribunal respecto a las leyes de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.

Por tanto, la sentencia concluye que Serret «era perfecta conocedora de la ilegalidad de todas las decisiones que le fueron objeto de notificación y requerimiento por parte del TC, ignorando de forma consciente y deliberada lo ordenado. Decidiendo, por ello, no llevar a cabo actuación alguna para dejar sin efecto las normas impugnadas, como tampoco no realizar ningún tipo de propuesta de nulidad de las mismas».

En cuanto a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito estatal, autonómico, local o supranacional, así como para el ejercicio de funciones de gobierno en el ámbito estatal, autonómico o local, los magistrados indican que «del ejercicio de ese mismo tipo de responsabilidad pública electiva y gubernativa se sirvió la acusada para la comisión del delito».

Además, la sentencia apunta: «Si se le permitiera acceder a otro cargo de semejantes características y desde el que pudiera desplegar una análoga actividad, se estaría corriendo el riesgo de posibilitar que se reiterara en esa conducta delictiva, que trata de prevenir la pena de inhabilitación impuesta».

Durante el juicio, que se celebró a finales de marzo, la fiscal le reprochó su «electoralismo», después de que la consejera se marcase un 'speach' ante la sala: «Me reafirmo en que el 1-O no fue un delito. Es importante que una sociedad democrática pueda decidir su futuro político. El referéndum fue una expresión del principio de soberanía democrática a través de un voto pacífico», señaló.

Su defensa, que ejerce el letrado Íñigo Iruin, solicitó su libre absolución, mientras que la Fiscalía pidió para Serret un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa, pena que finalmente le ha impuesto el TSJC.

Al poco de conocer la sentencia, se han producido las primeras reacciones. La CUP ha mostrado su solidaridad con Serret y ha indicado, desde la cuenta de Twitter de la formación, que «la represión no cesa, el Estado continúa buscando venganza contra el independentismo». Una valoración que contrasta con la que ha manifestado Ignacio Garriga (Vox): «Una nueva condena y un delincuente menos en política. El separatismo es una lacra para Cataluña y para todos los catalanes que aspiramos a construir un futuro mejor».

Por su parte, Oriol Junqueras, presidente de ERC, ha señalado que, desde su punto de vista, la sentencia es un «ataque» contra el derecho de voto, manifestación y reunión de los catalanes. «Hacer un referéndum no es un delito. Defender la independencia de Cataluña no es un delito y, por tanto, cualquier condena es profundamente injusta porque es una condena contra todos los derechos de los ciudadanos de Cataluña», ha declarado a los periodistas.

También ha hablado al respecto Carlos Carrizosa, líder de CS en Cataluña. «Nadie está por encima de la ley, se llame Serret, Borràs o Puigdemont. Una consejera condenada por delito de desobediencia no está legitimada para exigir a los demás que obedezcan las leyes. Serret debe dimitir o ser cesada por el President», ha dejado escrito en su cuenta de Twitter.

De momento, Aragonès no tiene previsto remodelar el Govern ni cesar a Serret, quien tiene aún la opción de presentar un recurso ante el Supremo ya que la sentencia del TSJC no es firme. Según el artículo 21 de la ley de la Presidencia de la Generalitat y del Govern, el cese sería inmediato si fuera sentencia firme.