Proyecto Ring: la cliente de Villarejo que se fue a Dubai con una herencia ajena de 24 millones
Recurrió al comisario para no tener que devolver el legado y ahora está imputada por partida doble
Madrid
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Iniciar sesiónLa Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Villarejo que prorrogue otros seis meses la investigación de la pieza separada número 30 de la macrocausa, el conocido como proyecto Ring. O, lo que es lo mismo, la historia de Eva, una empresaria conocida de ... largo por los trabajadores de las empresas del comisario –le administraban un par de sociedades– y que acabó recurriendo a sus servicios cuando la herencia de 23,9 millones de euros que había recibido de su abuelo fue declarada nula por un juzgado de La Rioja. En primera instancia, como después en apelación y hasta en el Tribunal Supremo, se llegó a la conclusión de que el finado había falsificado su residencia en Navarra para poder aprovechar que la normativa foral permite desheredar a los hijos. Hizo lo propio: dejó fuera a sus dos sucesoras directas y al resto de sus nietos y se lo dio todo a Eva.
En la empresas del comisario no iban a dejar pasar el filón. La documentación de la causa a la que tuvo acceso ABC revela que plantearon dos opciones a su clienta. En una, ellos cobraban al inicio 350.000 euros más IVA y una prima de éxito del 33,3% sobre el «monto total en riesgo y/o en todo caso, a la cantidad final controlada», es decir, los 24 millones en los que las escrituras de la herencia tasaban el legado. La segunda opción, más modesta en la prima y ambiciosa en la entrada: 875.000 euros para empezar a hablar y la cuarta parte del monto si había resultados. Debió elegir el plan A porque lo que consta es una provisión de fondos de más de 423.000 euros en la misma cuenta donde acababa el dinero de otros clientes del entramado y éxito no hubo: ella conserva la herencia pero la Justicia se la reclama. Se facturó con Stuart & Mkenzie, la firma de abogados de Cenyt, grupo empresarial de Villarejo. Era 2014 y el comisario seguía en activo.
Datos y trapos del juez
El plan era tumbar la sentencia que obligaba a la empresaria a poner el legado a disposición de la comunidad de herederos por ser nulo el último testamento. Se trataba de denunciar por estafa procesal y falso testimonio a todos los familiares y amigos que declararon en aquella causa inclinando la balanza en contra de Eva, pero buscando de paso también trapos sucios que tuviese el juez, por si se podían utilizar. El instructor Manuel García Castellón le ha ofrecido, de hecho, personarse como perjudicado: la gente de Villarejo manejaba su DNI, dirección y teléfono. En total, 18 personas sobre las que acometer «una investigación en profundidad».
La pieza número 30
El proyecto
La cliente recurrió a Stuart & Mkenzie para intentar revertir una sentencia que anulaba la herencia de 23,9 millones que había recibido de su abuelo. Fue anulada al acreditarse un empadronamiento fraudulento en Navarra para poder desheredar a las hijas.
Los delitos
La pieza se sigue por cohecho y revelación de secretos. Están imputados, además de la cliente y Villarejo, el abogado de sus empresas y cinco policías nacionales por el acceso a bases restringidas para obtener datos necesarios en la investigación por encargo.
El dinero
La empresa del conglomerado hizo dos propuestas. En una, cobraban el 33% de los 24 millones como prima de éxito con un adelanto de 350.000 más IVA. En la otra, la entrada era de 875.000 y la prima de éxito implicaba el 25% del monto. Constan pagados 423.800 euros.
Las claves
Esta pieza cobra relevancia por las dificultades de la defensa para enmarcarla en los trabajos de Villarejo para el CNI, al ser un encargo particular. La cliente está perseguida además por un juzgado de La Rioja, imputada por blanqueo, frustración de la ejecución y apropiación de la herencia.
Por el camino, once consultas en bases de datos policiales que ha acreditado ya la Unidad de Asuntos Internos en la Comisaría General de Información. Hay cinco miembros de la Policía Nacional –inspectores y subinspectores– imputados en esta pieza y entre ellos, dos que ya fueron exonerados en otra parte de la causa porque no se acreditó que supieran para qué querían sus jefes los datos de terceros que les estaban reclamando ni que cobrasen en modo alguno por la gestión. Uno de esos jefes sería en este caso el comisario Enrique García Castaño, implicado en prácticamente toda la causa y que se encuentra, de momento, al margen por razones de salud. Un forense habrá de examinarle de nuevo en unos meses y dirimir si puede responder por sus actos o es inimputable.
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Abundan asimismo evidencias de acceso al censo de varios años y rastro de la intentona de desacreditar a la hija del fallecido que en todo este proceso, ha llevado la voz cantante. Ella quizá no sabía que su sobrina había recurrido a los servicios de Villarejo, pero sí era consciente de toda la estrategia y la puso en conocimiento de un juzgado de Haro, en La Rioja, que ahora tiene investigada a Eva y a su abogado por frustración de la ejecución, apropiación indebida y blanqueo. Un informe de la Policía Judicial que obra en esa causa dice que habría transferido 17,5 millones a Emiratos y la Isla de Man (paraísos fiscales ambos).
Sin noticias de Emiratos
Ese procedimiento tiene tanto que ver con el que investiga la Audiencia Nacional que Anticorrupción ha pedido al juez que solicite copia de todas las actuaciones. En ninguna de las dos causas se ha escuchado todavía la voz de Eva, que por una cosa o por otra, no ha llegado a declarar. Allí consiguió que se aceptase una intervención por videoconferencia que todavía no se ha producido porque depende de la colaboración de Dubai. En la Audiencia Nacional su defensa instó lo mismo alegando que en cinco años no había podido viajar a España por razones de salud, pero los fiscales ordenaron una averiguación que descubrió numerosas entradas en territorio nacional en el mismo plazo. Su citación está pedida pero depende, igualmente, de una comisión rogatoria a Dubai. De ahí también que la Fiscalía haya pedido más plazo para investigar, quieren tomar también declaración a los principales perjudicados, que han aportado documentación y empujan la causa, pero aún no han comparecido ante el juez.
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