La presión interna obliga a Moncloa a endurecer el tono con Puigdemont

Pero ese tabú lo rompió un miembro del Ejecutivo en funciones y veterano dirigente socialista. Y no uno cualquiera, menos tratándose de Cataluña. Sino el mismísimo Miquel Iceta, ahora ministro de Cultura y Deportes, pero sobre todo exlíder del PSC y como tal persona con indudable 'auctoritas' en todo lo concerniente a las relaciones con los nacionalistas, también para el propio Sánchez.

Baste recordar que Iceta fue el primero en hablar de los indultos a los condenados por el procés, una medida de gracia que luego se hizo realidad en 2021. Iceta no tuvo reparos en mencionar la palabra amnistía, pero no para abrir la puerta a ese olvido legal de los delitos cometidos en 2017 por Puigdemont y otros dirigentes separatistas por la organización del 1-O, sino para entornarla.

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«La amnistía tiende a ser un intento de volver a empezar. No tiene sentido volver a empezar para repetir haciendo lo mismo», sentenció, en unas declaraciones ante los medios donde dio cumplida réplica al mensaje publicado el domingo en redes por Puigdemont, en el que dejaba claro que Junts per Catalunya no es quien necesita votos para una investidura y, poniendo un símil financiero, le recordó a los socialistas que con el banco se puede negociar tanto un periodo de carencia como el porcentaje exacto de los tipos de interés, pero no el derecho de la entidad a cobrarlos.

«Vamos, si es que quieres que te den el crédito, está claro», concluía de manera indubitada su aviso a navegantes. Iceta, en tono severo, le lanzó una andanada al expresidente catalán, con quien tanto debatió en el Parlament en los días más calientes de 2017: «Él también necesita un poco de ayuda».

Las palabras del titular de Cultura en funciones, quien como se ha dicho suele abrir caminos en el socialismo, se produjeron en Barcelona el mismo día que visitó la Ciudad Condal el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, hombre fuerte del Gobierno, quien en tono algo más tibio afirmó que «las claves de cualquier acuerdo» pasan por «superar la tensión insoportable del año 2017». El viraje discursivo del Gobierno no es baladí, ni casual, y responde a la creciente presión tanto de la vieja guardia, singularmente del expresidente Felipe González, como de distintos dirigentes territoriales.

Unos y otros coinciden, según los testimonios que ha recogido ABC, en que en todo caso la amnistía –cuyo encaje constitucional ponen en solfa una mayoría de juristas y magistrados eméritos del Tribunal Constitucional (TC), como daba cuenta el lunes este periódico– no podría entregarse, y ni siquiera ofrecerse, a cambio de nada. Y sí, al menos, como contrapartida a un compromiso de retractarse. González, que este miércoles volverá a hablar en público presentando junto a Alfonso Guerra el último libro del exvicepresidente, en un acto en el Ateneo de Madrid sobre el que ya hay gran expectación, lo dejó claro en una entrevista en Onda Cero el pasado día 5, cuando pidió que por lo menos se «forzase» alguna declaración de los independentistas para no volver a las andadas.

Es lo mismo que le reclaman a Ferraz y Moncloa importantes barones territoriales, que se ven ante el abismo de tener que tragar un sapo de muy difícil digestión para sus respectivos electorados. Pero incluso es lo que asumen ya en los cuarteles generales del PSOE y del Gobierno.

Desde hace días, como se dio cuenta en estas páginas, se advertía de la dificultad de satisfacer las demandas de Puigdemont, y más allá de eso sus plazos, pues el político fugado de España pidió hace dos semanas desde Bruselas una ley de amnistía que estuviera lista para el eventual debate de investidura de Sánchez, que los socialistas han barajado entre octubre y noviembre, cuando se cumpliría la fecha límite, rebasada la cuál se produciría la disolución automática de las Cortes Generales para repetir elecciones el 14 de enero de 2024.

No obstante, es un equipo de 20 juristas «expertos» de Sumar los que están redactando el borrador de esa ley de amnistía que después negociarán con el PSOE. Este grupo del que no se sabe más que el número de sus integrantes está coordinado por el hombre de Yolanda Díaz para bregar con el independentismo catalán, el dirigente de los comunes Jaume Asens, quien inició las primeras conversaciones con Puigdemont. El texto no llegará antes de la investidura de Sánchez.

En un ejercicio de equilibrismo para no enfadar a Junts, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se manifestó el lunes en contra de la vía unilateral, pero evitó aclarar si el rechazo a la misma debe estar recogido de forma explícita en la ley que están elaborando, y si debe ser ratificado por los independentistas. Hasta en cuatro ocasiones se le preguntó por este asunto concreto a Urtasun y no lo pudo aclarar. Otras voces en Sumar ven más factible una declaración política externa a la ley. No quieren revolver a los independentistas planteando esto como una línea roja, aunque aseguran que están trabajando en evitar un 'procés' 2.0. El portavoz de Sumar explicó que las palabras de la vicepresidenta diciendo que no hay lugar a la unilateralidad en 'La Vanguardia' son una «reflexión política» y que a fin de cuentas, y esto es la idea fuerza que trasladan desde Sumar, en el momento en el que Junts acepta sentarse a negociar eso ya de por sí es abandonar la unilateralidad.

«Cuando uno anda por el carril del diálogo y el acuerdo, pues no anda por el carril de la unilateralidad, yo creo que eso está claro», explicó Urtasun. Además, el portavoz de Sumar quiere que este diálogo se abra a la sociedad civil, sindicatos y empresarios, para que también participen en la elaboración de la ley de amnistía. Aunque el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya se posicionó ayer en contra.

En Sumar hay quien considera que la advertencia de Puigdemont iba más dirigida a Sánchez. De hecho, preguntado por una valoración del tuit, Urtasun dijo que «el tono del diálogo con Junts es constructivo y que las negociaciones se están dando de forma muy dinámica». Todo mensajes conciliadores hacia el socio.

El optimismo inicial del verano en las filas socialistas, cuando se consideraba que la precaria situación de Junts, después de haber perdido un buen número de apoyos el 23J, le forzaría a respaldar la investidura ha dejado paso a un tono más escéptico sobre la misma, si bien en público Sánchez sigue insuflando moral a sus tropas, como hizo este domingo en un mitin en La Coruña antes de partir a Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU. Allí dio por descontada su investidura sin mencionar la amnistía, justo antes del mensaje de marras de Puigdemont.

Por si el ambiente no estuviera lo suficientemente enrarecido, ayer el líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias –al que en junio el PSC le arrebató el bastón de mando con el apoyo del PP– acusó al PSOE de estar detrás del 23-F. Bolaños le espetó que sus palabras, que reviven una vieja teoría, «no tienen ninguna base histórica, ni fáctica», pero mostró su «respeto» por el dirigente de Junts, y algo más contundente fue Iceta, que no dudó en calificar como «una verdadera infamia» esta acusación.