La presidenta del Tribunal de Cuentas se niega a entregar al Senado actas de sus votaciones

El 3 de junio, el Senado solicitó diversa documentación a la presidenta del Tribunal de Cuentas como máxima responsable del mismo en el marco de la comisión de investigación sobre los contratos públicos durante la pandemia en los que intervino el investigado en la Audiencia Nacional por presunta corrupción Koldo García, exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos.

El 4 de julio, Chicano se dirigió al Senado para pedir más tiempo «dada la extensión, complejidad y características de la solicitud remitida». Casi tres meses después, la presidenta del órgano que fiscaliza las cuentas públicas no ha contestado al requerimiento de la comisión de investigación, pero ha remitido a los consejeros del Tribunal de Cuentas un borrador de contestación para la Cámara Alta, al que ha tenido acceso ABC, en el que se niega a aportar las actas completas de las deliberaciones y votaciones de sus plenos a la comisión de investigación del Senado alegando que dicha información «tiene el carácter de secreto según el artículo 5 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu), sin que esta previsión legal deba ceder frente a una solicitud de una comisión parlamentaria, atendida la ponderación de intereses en juego».

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Sin embargo, otros consejeros del órgano discrepan de esa decisión y consideran que la transparencia y la cooperación entre órganos constitucionales debería primar a la hora de contestar. Chicano les dio hasta ayer como margen para enviar sus comentarios y objeciones al borrador, aunque la decisión última sobre qué información interna se debe aportar es sólo suya.

Entre la diversa documentación reclamada, en primer lugar la Cámara Alta pide a Chicano la «copia del acta de deliberación y votación por el Pleno» del informe de fiscalización de los contratos de emergencia de 2020 «para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 por los ministerios del área de Administración Económica del Estado y sus organismos autónomos». Dicho informe salió adelante con el voto en contra del consejero Javier Morillas, aunque no formuló voto particular y, por lo tanto, su posición no quedó registrada por escrito. Precisamente la presidenta del Tribunal de Cuentas sostiene que esa vía, la de registrar un voto particular, es «la única forma de expresión de la discrepancia sobre las cuestiones de fondo en un informe».

Enriqueta Chicano acudió al Congreso el pasado 22 de abril, en el marco de la comisión de investigación sobre contratación pública en la pandemia que arrancó en respuesta a la puesta en marcha en el Senado a instancias del Partido Popular tras la apertura del caso Koldo en la Audiencia Nacional.

En la Cámara Baja, Chicano sostuvo que cada uno de los departamentos de Fiscalización del Tribunal de Cuentas realizó su propio informe sobre la contratación pública en época del Covid y todos fueron aprobados por el Pleno de manera unánime: «El Pleno ha ido aprobando a partir de ese momento los informes de manera paulatina. El primero de ellos en octubre de 2021, el último en diciembre de 2023, la mayor parte en el transcurso de 2022. Todos y cada uno de estos informes ha concitado el apoyo unánime del Pleno sin registrarse ningún voto particular. Informes que, como obliga la ley, se han publicado con las alegaciones de los fiscalizados y están todos a disposición de la ciudadanía y en nuestra web institucional», dijo.

Una semana después acudió al Senado y reiteró con mayor contundencia: «El 99% de los casos que pasan a Pleno se aprueban por unanimidad. En cualquier caso, en esta legislatura que hemos empezado, en este tiempo de trabajo que hemos empezado en 2021, no ha habido ningún voto en contra, en ningún caso, en ninguno de los informes». Según trasladaron fuentes internas del órgano a este diario, hubo consejeros que le pidieron explicaciones sobre dicha afirmación, pues ella presidió el pleno en el que al menos un consejero se opuso al informe citado. En otro caso, en el pleno del 27 de enero de 2022, el informe sobre el sector público fundacional y los entes estatales también salió adelante con hasta nueve abstenciones.

En la contestación para el Senado que la presidenta del Tribunal de Cuentas ha preparado y enviado a los consejeros dedica un apartado a la «independencia» que ha de regir el ejercicio de las funciones del órgano fiscalizador y «sus relaciones con los demás poderes del Estado» como argumento para no entregar la información interna requerida. «Esta previsión de reserva y secreto de las deliberaciones del Pleno tiene por objeto proteger la libertad de sus miembros en el ejercicio de sus funciones, dentro del marco de independencia que gobierna toda la actividad del Tribunal de Cuentas. Es por ello que, como ha quedado acreditado, el contenido de las deliberaciones de este órgano colegiado ha de quedar circunscrito al ámbito interno de la institución, especialmente en el presente caso, habida cuenta de que su contenido trasciende los límites de control que el ordenamiento jurídico reconoce a las comisiones de investigación, que no es otro que el control político de la actividad del Gobierno».

Este jueves se celebrará el pleno mensual del órgano fiscalizador y los consejeros no saben si la presidenta abordará con ellos la contestación al Senado puesto que no está entre los puntos del orden del día a pesar de que ayer venció el plazo para que le enviaran sus objeciones.