La presidenta del Tribunal de Cuentas mintió en las Cortes sobre los informes del Covid

Consejeros del órgano fiscalizador propuestos por distintos partidos y presentes en las deliberaciones del órgano colegiado -formado por los doce consejeros más el fiscal jefe- que tuvieron lugar a lo largo de 2022 alertaron a ABC de que las palabras de la presidenta Chicano en sede parlamentaria no se corresponden con la verdad. Las mismas fuentes trasladaron su sorpresa, que mantienen desde que oyeron a Chicano en sus comparecencias, pues afirman no entender cuál es el objetivo de decir que los informes salieron adelante por unanimidad cuando no fue así y ella lo sabe, ya que preside el Pleno.

Chicano acudió a la Cámara Baja el pasado 22 de abril, en el marco de la comisión de investigación sobre contratación pública en la pandemia, que arrancó en respuesta a la puesta en marcha en el Senado a instancias del Partido Popular tras la apertura de la investigación judicial del denominado caso Koldo en la Audiencia Nacional.

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Durante la comparecencia del Congreso, Chicano explicó que cada uno de los departamentos, hasta siete, con funciones fiscalizadoras en el Tribunal de Cuentas realizó su propio informe sobre la contratación pública en época del Covid y todos fueron aprobados por el Pleno del órgano que controla las cuentas públicas de manera unánime. «De los respectivos informes de fiscalización ha sido ponente el consejero o consejera titular del departamento en relación con las competencias que tiene asignadas», expuso.

«El Pleno ha ido aprobando a partir de ese momento los informes de manera paulatina. El primero de ellos en octubre de 2021, el último en diciembre de 2023, la mayor parte en el transcurso de 2022. Todos y cada uno de estos informes ha concitado el apoyo unánime del Pleno sin registrarse ningún voto particular. Informes que, como obliga la ley, se han publicado con las alegaciones de los fiscalizados y están todos a disposición de la ciudadanía y en nuestra web institucional», dijo. «Son siete informes con mucha información. Tengan en cuenta que la contratación de emergencia del sector público estatal, autonómico y local competencia del Tribunal de Cuentas realizada hasta 2020 se materializó en 13.211 contratos de emergencia por un importe de 2.129 millones de euros. Las opiniones formadas por el tribunal se han alcanzado después de analizar 1.328 contratos que suponen el 83% del importe total de las adjudicaciones realizadas en contratos de emergencia realizados en 2020», afirmó Chicano ante los diputados.

En el Senado, la comparecencia tuvo lugar sólo una semana después, el 29 de abril, y allí Chicano fue más contundente todavía: «El 99% de los casos que pasan a Pleno se aprueban por unanimidad. En cualquier caso, en esta legislatura que hemos empezado, en este tiempo de trabajo que hemos empezado en 2021, no ha habido ningún voto en contra, en ningún caso, en ninguno de los informes». Sin embargo, fuentes del Tribunal de Cuentas trasladan a ABC que el informe del Departamento Tercero de Fiscalización, el de la protección y la promoción social que aborda los contratos de la Seguridad Social, salió adelante en el Pleno de mayo de 2022 con un voto en contra. También que el del Departamento Cuarto, que aborda el sector público fundacional y los entes estatales, se abordó en el Pleno del 27 de enero de 2022 y tuvo luz verde con hasta nueve abstenciones.

Las fuentes internas del órgano que trasladan su malestar a ABC afirman que, después de la comparecencia en el Congreso, se afeó internamente a la presidenta que estaba faltando a la verdad al afirmar que los informes se aprobaron con unanimidad en las reuniones a puerta cerrada del Pleno, sabiendo de primera mano que no. Aun así, incidió en el Senado.

La explicación oficial que da Chicano sobre estos hechos, a través del gabinete de comunicación del órgano fiscalizador, es que «a lo largo de sus intervenciones, en el contexto y sentido genérico de las comparecencias, al hablar de unanimidad o forma unánime se refería en todo momento a que ninguno de los informes sobre contratación de emergencia registró votos particulares». «Los votos particulares son la forma de expresión de la discrepancia sobre las cuestiones de fondo en un informe. Si hay voto particular, se adjunta en el informe y se publicita en la web», añade. Respecto a las deliberaciones del Pleno, afirma que no hay «nada que decir porque son secretas». «Cuando un informe se aprueba por el Pleno es el informe del Tribunal de Cuentas y refleja la opinión del tribunal. En el supuesto de que haya voto particular, se comunica», insiste.