Guerra interna por presidir el Tribunal de Cuentas

Fuentes internas del organismo que controla las cuentas públicas trasladan a ABC que habrá batalla porque no parece que Chicano vaya a renunciar a la reelección pero otros consejeros le disputarán la presidencia, apuntando a Dolores Genaro y a Joan Mauri, ambos también de la mayoría progresista.

El presidente del Tribunal de Cuentas es nombrado cada tres años por el Rey a propuesta del Pleno del órgano, compuesto por seis consejeros nombrados por el Congreso y otros seis por el Senado. En octubre de 2021, cuando PSOE y Partido Popular llegaron a un acuerdo para renovar a los consejeros del órgano, no hubo discrepancias en el Pleno acerca de que Chicano, consejera del Tribunal de Cuentas desde 2012 y muy próxima al PSOE, tenía que presidirlo. Sin embargo, las fuentes consultadas trasladan que no existe dicha unanimidad de cara a la reelección y que distintos movimientos apuntan a una carrera a tres por la presidencia a pesar de que el sistema de designación de los miembros del órgano fiscalizador no prevé la presentación de candidaturas. En este sentido, la búsqueda interna de apoyos de cara al Pleno de noviembre será clave en los dos meses próximos.

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Nati Villanueva

Precisamente el Tribunal de Cuentas, cuya actividad no genera muchos titulares, ha estado en el foco de los medios de comunicación los últimos meses. La consejera Elena Hernáez, ocupada del procedimiento para recuperar el gasto público del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y de la promoción del procés en el exterior, planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas de la aplicación de la ley de Amnistía, que obliga a perdonar la responsabilidad contable del proceso independentista catalán.

La consejera del Departamento Segundo de Enjuiciamiento ve una posible colisión de la norma española con el derecho comunitario y considera que la desviación de fondos para fines independentistas va contra los intereses de la Unión Europea. En la causa seguida contra los expresidentes catalanes Carles Puigdemont, Artur Mas y el ex vicepresidente Oriol Junqueras, entre otros líderes independentistas, el fiscal del Tribunal de Cuentas pidió que paguen 3,1 millones de euros. La consulta ante la Justicia europea todavía está pendiente de respuesta.

Por otro lado, la Comisión de Investigación del Senado en la que se abordan los contratos públicos de emergencia concedidos durante el Covid a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, investigado tanto en la Audiencia Nacional como por la Fiscalía Europea por presunta corrupción, solicitó en junio información sobre los informes del Tribunal de Cuentas relativos a los contratos durante la pandemia y las decisiones de los Plenos al respecto a la presidenta del Tribunal de Cuentas. En julio, el órgano fiscalizador contestó a la cámara Alta, cumpliendo con los plazos previstos, aunque únicamente dando cuenta de que trabaja en la recopilación de la documentación, sin aportar los documentos requeridos, entre ellos las actas de deliberación y votación del Pleno sobre distintos informes de fiscalización.

La respuesta a dicho requerimiento y la comparecencia en el Congreso, a principios de septiembre, en la habitual comisión mixta para las Relaciones con las Cortes son los primeros asuntos que tendrá que abordar la presidenta del órgano fiscalizador este otoño, que le permitirán una exposición representativa mayor pero también más posibilidades de estar en el foco de las críticas del Partido Popular.

Según fuentes del órgano fiscalizador, durante su presidencia Chicano ha hecho una intensa labor de relaciones públicas pero no ha impulsado cambios en el órgano para su mayor productividad, el principal problema del Tribunal de Cuentas a pesar de su amplio personal. Próxima a los gobiernos socialistas desde los años 80, cuando colaboró con los ministros Virgilio Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba, conoce profundamente el órgano fiscalizador, donde desempeña su labor desde 1997, ocupando distintos cargos de responsabilidad y, desde 2012, formando parte del Pleno como consejera.

Enriqueta Chicano

• Actual presidenta Elegida presidenta del órgano fiscalizador en la última renovación de octubre de 2021, cuando PSOE y PP llegaron a un acuerdo.
• Veterana en el órgano Consejera del Tribunal de Cuentas desde 2012, es la veterana del fiscalizador de las cuentas públicas desde 1997, por lo que es quien mejor conoce su funcionamiento interno. Hasta 2021 presidió la Comisión de Igualdad del Tribunal.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha desempeñado la mayor parte de su trayectoria en el sector público, procedente del Cuerpo de la Intervención de la Seguridad Social. Hasta 2021 presidió la Comisión de Igualdad del Tribunal de Cuentas.

Desde la última renovación del Tribunal de Cuentas de 2021, la también consejera del órgano desde 2012, Dolores Genaro Moya, se ha perfilado como la sucesora natural de Chicano, según las fuentes internas consultadas. Situada en la órbita del socialismo andaluz, la economista y profesora de la Universidad de Granada es la presidenta de la Sección de Fiscalización. A ella se le encargó el plan estratégico de modernización tecnológica del Tribunal de Cuentas.

Dolores Genaro

• Consejera desde 2012 Igual que Chicano, fue reelegida como consejera tras nueve años de mandato en la última renovación de 2021.
• Presidenta de Fiscalización La economista y profesora de la Universidad de Granada se perfila como la sucesora natural de Chicano. Fue la responsable del plan estratégico de modernización tecnológica del órgano fiscalizador.

El último nombre en sonar para la presidencia del órgano fiscalizador, aunque con posibilidades de recibir apoyos del Pleno por su carácter «conciliador», lo que le ha llevado a ganarse el respeto de otros consejeros, según las fuentes consultadas, es el del doctor en Derecho Joan Mauri Majós.

Joan Mauri

• Elegido en 2021 Es uno de los consejeros elegidos en el último mandato del órgano.
• «Conciliador y respetado» El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona contaría con apoyos del Pleno por su carácter «conciliador», según fuentes internas. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en el ámbito investigador, aunque también Secretario General del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña.