El Tribunal de Cuentas eleva a más de 100.000 millones la factura para el erario público de la gestión del Covid

La preceptiva declaración de la autoridad contable sobre la Cuenta General del Estado de 2021, aprobada ayer, concluye que las medidas extraordinarias dispuestas durante el ejercicio para hacer frente al Covid tuvieron un coste superior a los 40.000 millones de euros, que se suman a los 68.090 millones de euros de las medidas dispuestas en 2020 hasta superar en conjunto los 100.000 millones de gasto público.

A la espera de que el Tribunal de Cuentas publique el informe completo, el análisis de 2020 revela que la mayor parte de ese gasto fue a compensar las insuficiencias de ingresos generadas en el sistema de protección social, tanto en la Seguridad Social como en los Servicios de Empleo (cerca de 39.000 millones), otros 16.000 millones se transfirieron a las CC.AA., en tanto que 10.000 millones se inyectaron en el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. «Todos ellos se financiaron con deuda pública», recalca el Tribunal de Cuentas en su informe.

El esfuerzo presupuestario realizado hizo que en solo un año la deuda pública sobre el PIB se disparara del 98,2% hasta el 120,4% y que el déficit público escalara desde el 3% al 10,1%, niveles de partida que tres años después ni siquiera se está cerca de recuperar.

¿Fue necesario todo ese gasto público? Hay quién lo cuestiona. Fedea estimó en su momento que la caída de recursos de las comunidades autónomas el primer año de la pandemia estuvo ligeramente por encima de los 11.000 millones de euros lo que no impidió que el Gobierno les inoculase más de 16.000 millones de recursos del Estado, una cantidad más que suficiente para cubrir esa brecha con creces.

El Tribunal de Cuentas calcula, asimismo, que el Estado abonó 2.300 millones de euros de más en prestaciones públicas, dentro del escudo social configurado para sostener las rentas de los trabajadores inmersos en ERTE, los autónomos y los desempleados, que ahora tendrá que reclamar. También estimó que los fondos transferidos a Seguridad Social, SEPE, Fogasa y Muface excedieron en cerca de 10.000 millones de euros las necesidades reales puestas de manifiesto por estos organismos.

Una parte importante de este gasto está vinculada al desarrollo del 'escudo social' y a las subvenciones y bonificaciones activadas para preservar las rentas de los trabajadores a los que la pandemia y las restricciones asociados dejaron sin actividad.

Las estimaciones del Tribunal de Cuentas apuntan a que el coste de este dispositivo sumó más de 42.000 millones entre 2020 (28.748 millones) y 2021 (13.845 millones). La parte del león fueron los 13.644 millones de las prestaciones a trabajadores en ERTE, seguida por los 5.567 millones de las exoneraciones a empresas y los cerca de 5.000 en exoneraciones a trabajadores autónomos.