La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 3 años de cárcel al comisario jubilado José Manuel Villarejo por un delito de cohecho en el encargo de espiar al árbitro de un laudo por encargo de dos ... directivos de una empresa a los que absuelve por falta de pruebas.
Es la misma sección que absolvió a Villarejo de cohecho en el primer gran juicio de la causa porque entendió que sus actividades como investigador privado no impactaban en sus labores como funcionario público. La presidenta del tribunal que firmó aquella sentencia, Ángela Murillo, aporta en esta un voto particular: solo ve una estafa, no un cohecho.
Destaca además que la sentencia se notifica en ciernes de que la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional resuelva los recursos presentados contra aquella primera gran sentencia que sacaba el cohecho de la ecuación. Los magistrados podrían inclinarse por mantener los términos iniciales o, por el contrario, recuperar este delito que implica que Villarejo se prevalía de su condición policial para cobrar por encargos privados.
Y eso es lo que aprecian dos de los tres magistrados que juzgaron a principios de año la pieza separada número 12 de las 48 que se han llegado a incoar en esta macrocausa, el proyecto 'July', que sentó en el banquillo al comisario y al policía en segunda actividad Antonio Giménez Raso, por realizar una investigación ilegal sobre el árbitro de un laudo que mantenía el grupo Planeta por encargo de su responsable de seguridad, Antonio López; y su director de Servicios Jurídicos de la compañía, Luis Elías.
La sentencia absuelve a los dos directivos porque no se ha acreditado que fueran conocedores de que Villarejo fuese policía en activo. Sobre él recae una pena de tres años y un día de cárcel, igual que para Giménez Raso, por cohecho. Y todos quedan eximidos del ilícito de falsedad en documento mercantil del que también se les acusaba por el concepto de las facturas que justificaron el pago del encargo. Fueron 40.000 euros más IVA, aunque el comisario había empezado pidiendo un millón de euros.
Según concluyen los magistrados, a cambio de ese dinero, Villarejo y Giménez Raso, sirviéndose de la empresa del primero, consultaron indebidamente y sin autorización alguna, por decisión expresa y bajo la supervisión del comisario, las bases de datos policiales en relación a los principales implicados en aquel laudo arbitral contrario a los intereses de Planeta.
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