El PP levanta el veto a Unidas Podemos en el CGPJ «si cumple los requisitos»

El presidente del Partido Popular no pudo llevar el pacto de la reforma judicial cerrado a la reunión que mantuvo ayer por la tarde en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero sí que tuvo ocasión de informarle de que, previsiblemente, habrá un acuerdo que implique regeneración y un paso adelante para reforzar la independencia judicial, según reclama el PP.

Como en toda negociación, ambas partes tendrán que ceder para lograr un punto de encuentro, y de momento los populares han aceptado levantar el veto a la entrada de representantes propuestos por Unidas Podemos en el órgano de gobierno de los jueces, según confirman fuentes de Génova.

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«Mejor vocales de Podemos que no de ERC», advirtieron en el equipo de Feijóo, donde admiten además que no habrá impedimentos a representantes de esa formación política, siempre, eso sí, que cumplan los requisitos de idoneidad que está reclamando el principal partido de la oposición. Por eso el nombre de Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, dirigente de Podemos, sorprendió ayer en el PSOE.

El PP remite al documento de la propuesta que envió a La Moncloa en julio y después en septiembre, como base para retomar las conversaciones sobre la reforma judicial, incluida la renovación del CGPJ y del Constitucional. En ese documento, los populares fijan los requisitos que consideran básicos para designar después los nombres que deben ser vocales. «Se preferirán los perfiles de mayor prestigio y los menos vinculados a partidos políticos», subraya el PP en su escrito.

«Los vocales que resulten elegidos deberán responder al espíritu de regeneración democrática y reforma que inspira el presente compromiso», añade el PP en su propuesta. Y por si no quedara claro, insiste en que simultáneamente al proceso de renovación del CGPJ, se presentará una proposición de ley que, entre otros puntos, regulará las 'puertas giratorias' y establecerá que «no podrán ser nombrados vocales del CGPJ quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores». Como el de Rosell.

Desde Génova subrayaron ayer que esa proposición de ley es una condición inexcusable para poder alcanzar un acuerdo con el Gobierno, con el objetivo final de que «los jueces elijan a los jueces». Y fuentes populares señalan que precisamente ese es uno de los principales escollos que están encontrando en las conversaciones entre Esteban González Pons, como encargado de negociar por parte del PP, y Félix Bolaños, por parte de Moncloa.

Fuentes de Unidas Podemos consultadas por ABC no terminan de confiar del todo en que los populares hayan levantado ese veto porque sospechan que cualquier candidato que propongan no contará con su beneplácito por mucha voluntad que le pongan. No obstante, sí admiten que la negociación se ha desatascado y que además están siendo plenamente informados del contenido de los encuentros entre Moncloa y el PP.

Unidas Podemos se está cuidando de dar nombres, el hermetismo es máximo para no reventar una negociación que consideran clave en la recta final de la legislatura. La coordinación entre Podemos, Izquierda Unida y los comunes está perfectamente engrasada, la última reunión para hablar sobre la renovación del CGPJ fue el lunes.

El líder del PCE, Enrique Santiago, es el negociador de Unidas Podemos con el Gobierno, con Bolaños para ser exactos, ya que a petición de los populares los socios morados no están en la pantalla principal de comunicación. Bolaños se encarga de trasladar el contenido de la negociación a Santiago y cuando este canal falla interviene la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Ayer el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, señaló en Onda Cero que aspiran a que Victoria Rosell, que también es magistrada además de tener un cargo en el Ministerio de Igualdad, pueda ser vocal en el Consejo General del Poder Judicial.

Rosell tuvo que renunciar a su acta de diputada en el Congreso después de ser investigada por el exjuez Salvador Alba, que el martes entró en prisión. Asens aseguró ayer que Alba llegó a «destrozar la vida» de Rosell, aunque finalmente ha sido condenado por prevaricación y cohecho. Su nombre siempre fue la opción de Unidas Podemos para el CGPJ, sin embargo, ayer, después de las declaraciones de Asens, se evitó confirmar que en esta ocasión también iba a ser ella la propuesta.

De hecho, hay voces en Unidas Podemos que no solo reconocen que Rosell no pasa los filtros del PP por ser un perfil muy político sino que además mencionarla en estos momentos supone que quede vetada ya de ahora en adelante. «Se merecería estar ahí (CGPJ) y es una de nuestras aspiraciones», es lo que llegó a decir Asens. Ante el nombre de Victoria Rosell, fuentes populares se limitaron a remitir a los requisitos incluidos en su propuesta para el acuerdo. Y con ellos en la mano resulta bastante complicado ajustarla ahí.

No obstante, fuentes de la negociación señalaron que por ahora no se ha puesto ningún nombre sobre la mesa. Ese momento aún no ha llegado, pues falta cerrar los flecos del documento con los requisitos y la aceptación de la reforma legal para lograr la despolitización de la Justicia. Las mismas fuentes apuntaron también que la condición de estar desvinculado de la política en los cinco años anteriores a ser nombrado vocal en el CGPJ no tiene por qué aplicarse ahora mismo, sino que es un requisito que puede dejarse para el futuro.

Mientras las negociaciones avanzan, con las dificultades que implican que tanto el PP como el Gobierno se mantengan firmes en sus posiciones de salida, ambas partes afrontan también la tarea de presentar un acuerdo 'explicable' para los suyos.

Al final, si son capaces de llegar a un consenso, tanto uno como otro intentarán demostrar que son los ganadores de una negociación que debía haberse producido hace cuatro años. O dicho de otra manera, la 'batalla del relato' formará parte de la propia negociación, para evitar que ni el Gobierno ni el PP parezcan 'perdedores' en el pulso que han echado durante años.

Tanto González Pons como Bolaños están en contacto directo con sus respectivos jefes políticos, y se da por hecho que cuando el acuerdo esté enfilado tanto Sánchez como Feijóo den el visto bueno definitivo, e incluso desatasquen los puntos más conflictivos.

La voluntad de ambos de cerrar este capítulo de bloqueo institucional se puso de manifiesto en el debate de la Cámara Alta, lo que no implica en absoluto, como se vio, un acercamiento en otras materias.