Policías en Porsche 'gracias' a la trama del jefe de la UDEF

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso ABC, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, acuerda entregar casi 50 coches al Cuerpo para que puedan utilizarlos de manera «provisional» y hasta que se dicte sentencia firme.

Entre los vehículos se encuentra también el Range Rover que le fue intervenido al inspector jefe y que, se sospecha, financió con dinero de la droga. La lista la completan, entre otros, diez Mercedes -la mayoría Vito, de tipo furgón- cuatro Audi, tres Porsche y otros tantos BMW.

De Jorge justifica la decisión en que los coches «se están depreciando día a día, generando gastos y perjuicios, estando en las dependencias de la unidad policial investigadora» y considera que son «idóneos» para que los agentes puedan utilizarlos en «sus funciones ordinarias de prevención y represión del tráfico de drogas organizado y el blanqueo de capitales asociado a aquel».

En el mismo auto, el juez también se dirige a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para que ponga en marcha los mecanismos para sacar a subasta 45 vehículos y licencias de VTC que, igualmente, requisó la Policía por orden de la Audiencia Nacional, cuando se explotó la primera fase de la operación Augur el pasado noviembre.

En la causa, donde se ha levantado parcialmente el secreto, se investigan presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas.

En ella, el agente Sánchez Gil figura como uno de los «principales investigados», quien, «a cambio de precio» estuvo «revelando a los integrantes de la trama -liderada por su socio e interlocutor principal Ignacio Torán- «informaciones de carácter confidencial obtenidas merced a su puesto de trabajo» como inspector jefe de la Brigada Provincial de Madrid.

De este modo -según recoge la resolución- garantizó la «impunidad de sus acciones, consistentes en la importación en España, a través de contenedores transportados por vía marítima procedentes de Sudamérica, de grandes cantidades de cocaína ocultas en su interior y el subsiguiente blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos con su distribución».

El pasado martes la causa sumó dos detenidos más, después de que la pareja responsable de la importadora de fruta y droga -en busca y captura desde octubre- se entregara en una comisaría. El juez acordó para él prisión domiciliaria teniendo en cuenta la enfermedad que padece. Mientras que a ella la dejó en libertad aunque con medidas cautelares: no puede salir del territorio nacional y debe comparecer diariamente en el juzgado.