El exjefe de UDEF en prisión por colaborar con los narcos y su familia «dispararon» sus ingresos en 2021

La tesis de los investigadores tiene su origen en la reconstrucción que han hecho de las compras que el agente realizó mientras llevaba una doble vida, facilitando la entrada de toneladas de cocaína de Sudamérica a España por vía marítima a cambio de dinero. También tras hacer un análisis preliminar de su patrimonio y cuentas bancarias, de titularidad conjunta con su mujer, Noelia Ruiz Padrino, igualmente miembro del Cuerpo y en prisión provisional por orden del juez desde hace cuatro meses.

Fue en 2021 cuando los ingresos del inspector jefe y su familia «se dispararon», según las pesquisas, coincidiendo con la intervención por parte de la Brigada Central de Estupefacientes de un contenedor con 1.605 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras y la fuga de uno de sus responsables que, se cree, recibió «necesariamente información de la investigación policial en curso». La causa se acabó archivando. Y el historial de consultas que hizo Sánchez Gil en las bases de datos policiales en aquellas fechas revela que previamente había hecho búsquedas del mismo cargamento.

Además fue en 2021, destacan los investigadores, cuando él y su familia compraron como segunda residencia un chalé en Denia. Y en ese mismo periodo se ha detectado también un «notable flujo« de ingresos de efectivo en cinco cuentas bancarias de Sánchez Gil. En concreto, 63 ingresos en efectivo por importe total de 53.896 euros. Asimismo, en la misma época cobró supuestos premios de lotería por valor de otros 56.895 euros.

Pero si algo llama la atención es que a pesar de los gastos del matrimonio -la compra del Range Rover, la plaza del garaje, la segunda residencia y su posterior reforma- las cuentas bancarias del matrimonio formado por Sánchez Gil y Ruiz Padrino permanecieron estables. Y eso se debe, según la investigación, a las «fuentes de ingresos extraordinarios» que ambos recibieron de empresas vinculadas a la trama de narcotráfico bajo el foco de la Audiencia Nacional, vinculadas a la importación de contenedores cargados de cocaína, y que les permitió experimentar un incremento patrimonial «significativo» de la unidad familiar sin apreciarse una «disminución relevante» en los saldos de las cuentas corrientes.

Según el análisis preliminar de los investigadores, estos ingresos extraordinarios llegaron a sumar 279.630 euros, un dinero que para los encargados del caso «es evidente» que tiene una procedencia ajena a la actividad que ambos desempeñaban como agentes, él como inspector jefe de la UDEF de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, y ella destinada en el Grupo de Delitos contra las Personas de la Comisaría de Alcalá de Henares, también en la Comunidad de Madrid. Más de 100.000 euros recibió el matrimonio, por ejemplo, de empresas vinculadas a narcotraficantes, que después maquillaban como rendimientos mensuales de las licencias VTC que habían comprado en la sombra.

Y también constan pagos por parte de la sociedad Desarrollos Empresariales Kofu, a la que Sánchez Gil, como superior del Grupo 20, supuestamente estaba investigando. O de otras sociedades con un denominador común: todas estaban administradas por miembros de la presunta organización criminal bajo el foco del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, en el marco de la operación Augur.

Cuando la Fiscalía Antidroga presentó su querella en la Audiencia Nacional, su cuñada Yolanda Ruiz Padrino, hermana de su mujer, ya había creado un holding de empresas, Pumba Gestión, para el que desembolsó un capital de más de medio millón de euros, algo destacado dado que, hasta entonces, ella venía cobrando 1.200 euros al mes de una de las sociedades implicadas sin que conste que realizara ningún trabajo a cambio. El objeto social del holding es la «tenencia de valores y participaciones en sociedades, nacionales o extranjeras, y el control y dirección de sus participantes en estas empresas». Y consta que se habría utilizado para introducir en el circuito legal dinero procedente del narcotráfico.

Con el mismo objetivo, ocultar y convertir en ganancias aparentemente lícitas fondos procedentes del tráfico de drogas y del cohecho, el inspector jefe acudió también a dos empleados de Kunga, un exchange ubicado en Barcelona, a quienes habría entregado en efectivo al menos seis millones de euros para convertirlos en criptomonedas. Ambos empleados permanecen igualmente en prisión provisional aunque desde diciembre, pues fueron detenidos en la segunda fase de la operación. Las conversaciones intervenidas apuntalan su participación en el presunto blanqueo de capitales.

Con estos indicios encima de la mesa Sánchez Gil, en su día también miembro de la Brigada Central de Estupefacientes, permanece en la cárcel desde noviembre. Entre los indicios que existen contra él está el supuesto uso «anómalo» que habría hecho de los sistemas de coordinación e inteligencia, o las consultas que realizó en los ficheros policiales de acceso restringido sobre los vehículos oficiales que hacían seguimientos a su socio y antiguo informador policial, Ignacio Torán, tal y como informó este diario.

Mientras los investigadores continúan centrados en el complejo sistema que la trama creó para lavar el dinero de la presunta organización dedicada al tráfico de cocaína a gran escala. El rastro de las sociedades, que habrían presentado ingresos reales superiores a los declarados sin apenas empleados, ha llevado hasta centros financieros 'off shore' en Suiza y Luxemburgo, o cuentas en Dubái.