La Policía cita como testigos protegidos a los trabajadores de la ONG investigada de Canarias

Estas citaciones se producen, según fuentes cercanas a la investigación, a raíz de la publicación la semana pasada por parte de este periódico del relato de un extrabajador de la ONG. Las acusaciones vertidas contra la dirección de la empresa, tanto por la forma de seleccionar a los presuntos educadores sociales como por las directrices respecto a como actuar con los menores, son las cuestiones que los investigaciones pretenden dirimir con esta ronda de testificales.

La Policía Canaria irrumpió a finales del pasado mes de mayo en uno de los centros gestionados por la entidad, tras la denuncia de varios trabajadores y un vídeo grabado dentro de las instalaciones, donde se escuchan los insultos y vejaciones hacia algunos de los pequeños allí alojados.

Aunque el magistrado que instruye la causa, en ese momento no ordenó ninguna detención, la Policía Canaria, que accedió al centro de menores migrantes conocido como Fortaleza I, situado Santa Brígida (Gran Canaria), con una orden de registro en busca de pruebas relacionadas con una investigación abierta por el Juzgado de la Violencia Sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, procedió a la detención de nueve empleadosy responsables del centro para menores.

Tras esa actuación policial en la instalación más grande de la isla de Gran Canaria, el juez que investiga las presuntas agresiones que se han cometido contra los menores a lo largo de los últimos años, ordenó el cierre y precinto del centro ante «múltiples evidencias» de delitos de lesiones, amenazas y contra la integridad moral.

El pasado 25 de julio, tras esas primeras detenciones de trabajadores de Quórum Social 77 y tras tomarles declaración en sede judicial, ya con pruebas evidentes de las ordenes que presuntamente recibían por parte de la dirección de la ONG, el magistrado instructor ordenó la detención de su presidenta, Delia García, y del director de centros, Enrique Quintana Ramos.

Además, durante esa jornada, se registraron también las oficinas de la asociación, que tenía a su cargo al 35% de los menores tutelados por la comunidad autónoma de Canarias. La administración tanto de Ángel Víctor Torres (PSOE) como de Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha adjudicado decenas de contratos por el procedimiento de emergencia a esta ONG para la atención de los niños que han llegado a través de la ruta marítima al archipiélago.

La toma de declaración a estos testigos, que reciben el estatus de protegidos por la información relevante que están aportando a la causa, se alargará toda esta semana.

ABC reveló, hace unos días, el duro testimonio de un empleado de Quórum Social 77 entre los meses de octubre de 2023 y mayo de 2024. En el documento sonoro que aportó este periódico, el educador social, que ahora trabaja en otro equipamiento de la isla de Tenerife, dependiente de otra empresa, relataba con todo tipo de detalles lo que presenció durante todos esos meses en uno de los macro centros propiedad de la ONG investigada.

Entre otras revelaciones, el testimonio con el que habló este periódico, aseguraba que se empleaba «la fuerza bruta» contra los niños que estaban bajo su tutela. Confesó la existencia de una habitación que se utilizaba únicamente para reprimir a los menores, a la que no tenían acceso todos los trabajadores, y manifestó que los motines que organizaban los niños en la gran mayoría de ocasiones eran a «modo de defensa».

Además, en su conversación con este diario, también reconocía haber tenido «miedo» de algunos de los que eran sus compañeros de trabajo. Decía de ellos que eran «matones, porteros de discoteca». En su opinión, a la hora de contratarles, la dirección de Quórum Social 77 buscaba «personas dispuestas a emplear la fuerza bruta» contra los pequeños. Al final de su etapa laboral, dijo, llegó «a ver sangre» en una de las peleas que hubo entre esos empleados, a los que uno de los directores de la ONG reclutaba mediante whatsapp cuando «necesitaban ayuda en algún conflicto».