El juez ordenó cerrar y precintar la instalación, y los agentes han arrestado a nueve empleados y responsables.
En estos momentos se siguen recogiendo pruebas e información sobre los presuntos delitos que se produjeron en el centro, gestionado por la entidad privada Quórum 77 que ofrecía el servicio al Gobierno de Canarias, encargados de su tutela.
La oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias informó de que el juez de Violencia sobre la Infancia envió a la Policía al centro después de tener «numerosas evidencias y testimonios recibidos sobre la presunta comisión en su interior de delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, delitos contra la integridad moral y amenazas, todos presuntamente consumados en el ámbito de su actividad«.
Se ha decretado secreto de sumario sobre las actuaciones.
El juez ha dado instrucciones a la consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias para que «procure las medidas precisas para asegurar el bienestar y protección de las personas que allí residían».
Si hay irregularidades, se interviene
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha señalado que se trata de una intervención judicial y de la Policía Autonómica, por lo que ha pedido «respeto a las actuaciones policiales y a lasa decisiones judiciales« al respecto.
Aún así, a nivel general, se ha reafirmado en que «si hay irregularidades en cualquier centro, se haga una intervención».
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