El Parlamento Europeo revisa si Puigdemont puede ser eurodiputado

La carta fue recibida el pasado lunes por la Junta Electoral Central y de la respuesta que remita esta institución depende el mantenimiento o no de la condición de eurodiputado para Carles Puigdemont y los otros tres independentistas catalanes que hasta ahora son reconocidos como parlamentarios europeos, con lo que ello conlleva de financiación, oportunidades para la causa independentista y visibilidad pública.

El árbitro electoral en nuestro país se reunirá el jueves de la semana que viene para analizar su respuesta a Metsola. Aunque algunos europarlamentarios ponían en duda ayer que esta institución española vaya a remitir contestación, fuentes de la Junta aseguraban que habrá respuesta, aunque la complejidad del asunto impide aventurar cuál será. «No va a dejarse sin contestar la petición, eso no va a suceder», aseguraban.

El problema radica en que el Parlamento Europeo no exigió a Puigdemont, Comín, Ponsatí y Solé que aportaran su credencial para convertirse en eurodiputados, ni pidió al árbitro electoral español que le informara de qué candidatos se habían convertido en cargos proclamados electos tras los comicios europeos de 2019. «Estrasburgo actuó de espaldas a la legislación española, interpretando que la proclamación del resultado electoral equivalía a la expedición de credencial, cuando nuestra legislación requiere que se jure la Constitución», cargan.

Se da la circunstancia de que el último acuerdo adoptado por la Junta Electoral fue expedir la credencial acreditativa de la condición de europarlamentaria de Eva María Poptcheva (Ciudadanos) y dar traslado de ello al Parlamento Europeo. Justo el trámite que el árbitro electoral nunca realizó para Puigdemont y los otros tres independentistas fugados porque no acudieron a jurar la Constitución para evitar ser detenidos.

La Junta adoptó su acuerdo sobre Poptcheva el pasado 15 de septiembre, después de que el eurodiputado naranja Luis Garicano abandonara su escaño en Estrasburgo y tras comprobar que su sustituta según la lista electoral había acatado la Carta Magna. «Una vez cumplimentado el requisito establecido en el artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de prestación de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, expedir credencial», subraya el citado acuerdo. Y fue este aval el que el Parlamento Europeo no exigió que Puigdemont presentara en 2019 para convertirse en europarlamentario.

La cuestión se ha planteado ahora a partir de que los servicios administrativos europeos han constatado que en ninguno de los cuatro casos consta que se cumplieran las condiciones que exige la ley española para que un candidato electo pueda recoger su credencial –el juramento de la Constitución–. Salvo los cuatro mencionados, todos los demás eurodiputados españoles han llevado a cabo este trámite, incluso aquellos que han accedido al cargo porque con posterioridad ha corrido la lista por la renuncia de otros que estaban en una posición más adelantada, como en el caso de Poptcheva.

Puigdemont fue reconocido como miembro de la Eurocámara por una interpretación personal que hizo el anterior presidente de la misma, David Sassoli, de una sentencia prejudicial dictada por el Tribunal Europeo de Luxemburgo a solicitud del presidente de ERC, Oriol Junqueras, que consideraba que las prerrogativas de miembro del Parlamento Europeo, como la inmunidad, se debían aplicar a partir de la simple proclamación de los resultados. La sentencia dio la razón a Junqueras, pero fue emitida cuando este ya había sido inhabilitado para ocupar cargos públicos.

Una vez que el Parlamento Europeo reciba la respuesta de la Junta Electoral, los servicios jurídicos de la institución deberán analizar la situación de acuerdo a las nuevas circunstancias. En todo caso, no existen precedentes de un laberinto judicial como el que rodea a los cuatro huidos de la Justicia. Precisamente el día 25 de noviembre está previsto que se celebre la vista sobre el recurso que Puigdemont presentó contra el Parlamento Europeo por retirarle la inmunidad (también a Ponsatí y a Comín) en marzo de 2021.

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De ahí que la clave esté en realidad en la resolución de la cuestión prejudicial que planteó Llarena ante Luxemburgo y cuyo desenlace se espera que llegue en las próximas semanas. El magistrado del Tribunal Supremo instó al TJUE a que aclarara hasta qué punto un país (en referencia a Bélgica) puede negarse a una entrega cuestionando la legislación interna del Estado que cursa la euroorden, lo que ha hecho con Lluis Puig. Si el TJUE acoge el criterio del Abogado General (favorable a España) allanaría el camino para la entrega del ex presidente de la Generalitat y de sus dos exconsejeros y a día de hoy también eurodiputados.