La Fiscalía del Supremo se alineará con Llarena en una vista clave para la entrega de Puigdemont

En lo que fuentes del Supremo interpretaron como una «extralimitación» –ajena al marco de un mecanismo de cooperación basada en la reciprocidad y reconocimiento mutuo de las resoluciones–, las autoridades belgas argumentaron su negativa en que el Tribunal Supremo español no era competente para investigar y juzgar al político independentista.

Esta vez Llarena no estará solo en el empeño de traer a España a quienes llevan fuera del alcance de la justicia desde octubre de 2017. La Fiscalía del Tribunal Supremo, representada por los fiscales del 'procés' Fidel Cadena y Consuelo Madrigal, estarán presentes en una vista en la que se alinerarán con los intereses del magistrado del Tribunal Supremo, que no son otros que los del Estado de Derecho. A la vista también acudirá la Abogacía del Estado, de la que se espera mayor tino que cuando en el marco del procedimiento de la inmunidad parlamentaria de Puigdemont, informó erróneamente al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de que la contra el expresidente catalán Carles Puigdemont estaba suspendida cuando en realidad no lo estaba. Esta circunstancia obligaría a Llarena a aclarar posteriormente que las órdenes de detención nunca dejaron de estar activas y que si la Abogacía del Estado trasladó esa idea debió ser por un «desajuste de información».

Junto a la Fiscalía y los servicios jurídicos del Estado asistirán a esta vista Vox –acusación popular en el 'procés'–, Rumanía y Polonia –que han decidido participar en el procedimiento en defensa de la tesis española– y los abogados de los líderes independentistas huidos, representada, según informaron fuentes de la defensa a ABC , por Gonzalo Boye, Isabel Elbal y Simon Bekaert (Puigdemont, Ponsatí, Puig y Comín), Benet Salellas (Anna Gabriel) y Andreu Van der Eynde (Marta Rovira). Unas semanas después de esta vista se harán públicas las conclusiones del Abogado General, y un mes después se notificará la sentencia.

La cuestión prejudicial planteada por Llarena al TJUE se basa en las dudas del magistrado sobre que la decisión de Bélgica de no entregar a Lluis Puig (solo reclamado por malversación) sea compatible con el Derecho de la Unión. Una de las principales dudas que genera al instructor es la relativa a si el órgano de ejecución belga tiene la facultad, conforme al Derecho de la Unión, de controlar la competencia del órgano de emisión, en este caso el Tribunal Supremo. La decisión Marco 2002 que regula las euroórdenes no reconoce esta facultad de control, un silencio que deriva del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales entre los países miembros. «No hay una norma del Derecho de la Unión que reconozca una facultad a favor de la autoridad de ejecución de una orden de detención y entrega que le permita valorar y fiscalizar si el órgano de emisión es competente para hacerlo», señala Llarena en su auto. «Mal se confía en el sistema penal y procesal de otro Estado si lo primero que se pretende por el Estado de ejecución es poner en duda su competencia para emitir un instrumento de cooperación basado, precisamente en la confianza y cooperación recíproca».

Llarena parte de que el órgano de ejecución no puede aplicar ni interpretar el Derecho interno español y que además no lo ha hecho adecuadamente.

El magistrado denuncia ante el TJUE el «profundo desconocimiento» de la estructura jurisdiccional española que muestran las autoridades belgas, que llegan a confundir tribunales superiores de justicia con el Tribunal Supremo. A ello se suma que en ningún momento Bélgica reclamó información complementaria sobre el soporte normativo del que deriva la competencia del TS.

Esta cuestión prejudicial es uno de los dos asuntos pendientes por los que la Corte de Apelación de Sassari (Cerdeña) no ejecutó la orden de detención y entrega de Puigdemont tras su detención en el aeropuerto de Alghero cuando asistía a una feria internacional. El tribunal italiano decidía suspender la ejecución de la euroorden que reclamaba al 'expresident' y dejarlo en libertad sin establecer ningún tipo de medida cautelar a la espera de lo que decidiera Europa. El segundo de los asuntos era el relativo a la inmunidad del 'expresident', pendiente todavía de una decisión de fondo por parte del Tribunal General de la UE.