La jueza mantiene su negativa a trasladar la unidad de cirugía cardíaca del hospital de Basurto

En el auto, la magistrada Rosa Esperanza Sánchez Ruiz-Tello rebate una a una todas las alegaciones presentadas por el Ejecutivo vasco. De hecho, ya desde el inicio avanza su intención de «mantener» la medida cautelar.

En su escrito, la Consejería de Salud explicaba que la intención del plan de fusión de las dos unidades no buscaba sino una mejora del servicio, ya que «cuanto mayor sea el volumen de pacientes mejores serán los resultados de salud». Para ello, ponía como ejemplo los buenos resultados que habían obtenido los sistemas sanitarios de Reino Unido y Canadá o el Medicare de estados Unidos tras procesos de centralización de sus cirugías cardíacas. Recordaban que la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular aconseja que cada centro realice más de 600 operaciones de corazón al año, una cifra que no se alcanza en ninguno de los dos hospitales vizcaínos.

Salud argumentaba, además, que no se trataba de un proceso reversible y que podría darse marcha atrás si los jueces finalmente daban la razón a los médicos. También destacaba la importante inversión económica ya realizada y la existencia de un acuerdo previo en el Consejo de Administración de Osakidetza (el sistema vasco de salud).

Sin embargo, la jueza no cree que el proceso sea tan fácilmente reversible como apunta el Departamento de Salud y precisamente esa irreversibilidad es uno de sus argumentos fundamentales para mantener la suspensión cautelar. «Cuando haya sentencia firme y si esta declara contrario a Derecho el cierre, no se podrá reconstruir o volver a poner en funcionamiento el mismo servicio con los mismos sanitarios».

Tampoco atiende los criterios científicos esgrimidos por el Gobierno Vasco. No está de acuerdo con la lectura de la «Administración demandada hace de las conclusiones del estudio de la Sociedad Española de Cardiología». Insiste en que ese mismo informe indica que aumenta la posibilidad de que se produzcan fallecimientos de pacientes que llegan con urgencias cardiovasculares que son atendidos en servicios sin unidad de cirugía cardiaca por el riesgo que supone su traslado a otro centro hospitalario. «Se trata de una clase de pacientes reducida pero real», insiste.

Por último, también hace alusión al interés general. En su opinión, el traslado de la unidad también podría perjudicar la «condición de docente» del centro, por tratarse de un hospital universitario. Recuerda que el traslado en realidad implica el «cierre» del servicio de cirugía cardíaca del hospital bilbaíno y que es con los medios actuales como se conserva el «interés general». «La adopción de la medida cautelar no perjudica a los intereses generales, sino que los satisface», concluye. El auto se puede recurrir ante el mismo juzgado en un plazo de quince días.

El Gobierno vasco, de hecho, ya ha anunciado su intención de recurrir la decisión judicial. En una comparecencia improvisada en el Parlamento de Vitoria, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui ha insistido en que su departamento no va a «renunciar» a plantear medidas organizativas que permitan una «mejora» de los servicios públicos.

Sagardui ha defendido la decisión de recurrir el auto conocido este jueves «para que se conozcan por parte de la jueza, nuevamente, los argumentos y las decisiones que la hacen necesaria». De nuevo ha recordado que las decisiones organizativas del sistema vasco de salud son competencia exclusiva de su departamento y ha insistido en que la reestructuración del servicio de cirugía cardiaca atiene a «criterios científicos».