La justicia vasca paraliza el plan para fusionar las unidades cardíacas de referencia en Vizcaya

La jueza Rosa Esperanza Sánchez Ruíz-Tello explica en su auto que ha decidido atender la petición de los cardiólogos para evitar el «perjuicio irreparable» que supondría que la justicia finalmente fallara a favor de los médicos. Pronostica que se prevé un contencioso largo «dada la envergadura de la controversia» y, cree que un «cierre irreversible» podría no tener vuelta atrás posible.

La magistrada también destaca que, si finalmente el traslado es rechazado por los tribunales, las consecuencias podrían ser igualmente «irreparables» para los pacientes. De esta manera, da por buenos los argumentos que han defendido hasta ahora los sanitarios.

Además de las razones judiciales, la jueza también explica que «el servicio de cirugía del hospital de Basurto, antes que desde su eficiencia, debe considerarse desde su necesidad, y, en este caso, por las tres razones apuntadas, debe concluirse que a efectos cautelares es necesario». Así, destaca que hay «una clase de pacientes, reducida, pero real» que cuenta con mayor tasa de mortalidad cuando ingresa con una afección coronaria en un hospital sin servicio de cirugía cardíaca. En concreto, asegura que tener que trasladar a otro hospital a los enfermos que lleguen «con un infarto agudo o una urgencia cardiovascular con disección en la aorta» lo que generará una «duplicidad de exploraciones y pruebas diagnósticas» mientras que el «tiempo y los riesgos del traslado» harán que su vida corra un mayor peligro.

«Los intereses públicos demanda en este caso que no se pierdan vidas», añade. Es por ello que concluye que «los medios existen de modo actual» y que por ello, «el interés general» conduce en este caso a «mantenerlos» y «no cerrarlos ni trasladarlos y refundirlos». Además, afea al Departamento de Salud que no exista «un acuerdo» y que tampoco se haya presentado «un razonamiento o una modificación». «No se conocen los motivos por los que la Administración adopta la decisión, y no puede ponderarse por los afectados ni por los ciudadanos el balance del coste/beneficio».

Una vez conocido el contenido del auto, desde el Departamento dirigido por Gotzone Sagardui han emitido un duro comunicado con el contenido del mismo en el que no esconden su «sorpresa» por la decisión judicial. En la nota aseguran no entender por qué la jueza entra a «valorar cuestiones d fondo sobre la necesidad o no de trasladar ese servicio». Añaden, que, en realidad, se trata de asuntos de gestión asistencial, «una cuestión que corresponde precisamente al Departamento» de Sanidad.

Insisten además, en que el traslado del servicio no implica ni su desaparición ni el cierre de la cirugía cardiaca en la sanidad pública vasca. «Osakidetza seguirá contando con un servicio reorganizado con el fin de mejorar su calidad y los resultados», añaden. Por último, precisa que la decisión de poner en marcha el proceso de unificación se ha realizado «siguiendo un procedimiento legalmente establecido y los trámites correspondientes para la ordenación de los recursos humanos, con la participación de la mesa sectorial».

Critican además que la decisión de paralizar un proceso que lleva meses gestándose se haya tomado sin escuchar a sus «representantes legales», algo que la jueza justifica en su escrito aludiendo a la «urgencia que implicaba la medida, que debía ejecutarse la próxima semana. Sobre la decisión judicial no cabe recurso pero la Sanidad vasca ya ha anunciado que presentará sus alegaciones en el juzgado. Tiene tres días de plazo para hacerlo.